El turismo es el componente más importante del PIB español, porque él solo representa el 14,6%. En Cataluña no es menos importante, porque a pesar de su carácter exportador y la importancia de la industria, aporta el 12% del PIB y el 14% del empleo. Lo que suceda este año en este sector de actividad, que además tiene un poderoso impacto sobre la actividad comercial y de transportes, será determinante para la economía. A pesar de estas evidencias, la gestión que está llevando a cabo el gobierno español es terriblemente contraproducente.
Comenzó declarando una cuarentena a finales de mayo cuando los otros países estaban a las puertas de levantar las suyas. El por qué ha llevado a cabo esta medida y no lo hizo mucho antes es una de las muchas cuestiones que no han sido aclaradas.
A continuación, los países turísticos del Mediterráneo, competidores nuestros, se han avanzado claramente, anunciando primero las fechas en que procederían a normalizar las llegadas de visitantes y luego procediendo a la apertura de sus fronteras. Croacia, Italia, Grecia, incluso con más limitaciones Francia, han optado por esta vía. Mientras, España se mueve en el más absoluto de los desconciertos. El presidente Sánchez anunció que a partir del 1 de julio finalizaría la cuarentena y se normalizaría la entrada de visitantes extranjeros. Es la condición elemental para que pueda iniciarse un cierto movimiento turístico. El retraso de esta fecha en relación con los demás competidores era grande y eso facilitaba desviar flujos de grandes operadores hacia otros países, que podían ofrecer mayores certezas. Porque precisamente esta cuestión, la de las certezas, es por donde llora la criatura.
Este jueves la ministra de Turismo convocó una sesión informativa para la prensa extranjera. En el transcurso de esta informó que se abrirían las fronteras al día siguiente del fin del último estado de alerta, el día 22 de junio. Este hecho, que fue muy bien acogido por el sector, significaba un esfuerzo para reintroducirse en el mercado turístico pero, insólitamente, pocas horas después el mismo ministerio publicó un comunicado en el que se desmentía y situaba la fecha otra vez en el 1 de julio. Una vez más, actuaciones incomprensibles. ¿Por qué tenía que convocar la ministra a los medios internacionales para anunciar una fecha si después se retractaba? Todo esto no está creando una buena imagen, y presenta a España como un país donde la situación de la pandemia no es nada clara y evidentemente este es un muy grave inconveniente para el turismo.
El problema se ve acentuado por el baile de cifras sobre el número de muertos, que hace días que arrastra el doctor Simón sin ser capaz de dar una información convincente.
El desbarajuste se puede resumir así: la cifra oficial está anclada en 27.133. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) señala para España una ligera diferencia, 27.940, a pesar de trabajar con cifras oficiales. La OMS daba como cifra 29.858, luego rectificó para adoptar la cifra española a consecuencia de la reclamación del Ministerio de Sanidad cuando se conoció la discrepancia. Hasta aquí sería una cuestión menor. Lo que es más grave es lo que sucede con otras cifras, que parten de bases científicas muy sólidas.
El sistema de monitorización de la mortalidad (MoMo) del Instituto Carlos III, concebido para apreciar las desviaciones en las defunciones a consecuencia de la aparición de fenómenos extraordinarios, señala 43.262 muertos. La organización de las agencias funerarias también sitúa la cifra por encima de los 40.000 muertos. En este caso la fuente son los certificados de defunción necesarios para enterrar a cualquier persona. Finalmente, el INE señala que en el periodo de pandemia han muerto 48.105 personas más que en las mismas fechas del año pasado.
Se puede constatar, por tanto, que existe una coincidencia clara en el orden de magnitud desde fuentes diferentes y solventes, que sitúa la cifra de muertos por encima de los 40.000 y que estarían entre los 43.000 y los 48.000. La diferencia con la cifra oficial es astronómica.
Simón e Illa intentan justificarse diciendo que siguen criterios internacionales de la OMS y sólo contabilizan los muertos a los que se les ha podido determinar la enfermedad por PCR, pero este no es realmente el criterio de la OMS, porque lo que dice el protocolo es que se «contabilizarán los muertos resultantes de una enfermedad clínicamente compatible con un caso de Covid-19 probable o confirmado». En ningún lugar dice que sólo se contabilizan los casos probados. Por lo tanto, hay un engaño deliberado en atribuir a la OMS la restricción del cálculo del número de víctimas. Pero es que incluso los datos que aportan las CCAA, y que no recoge el Ministerio de Sanidad, señalan más muertes a pesar de que apliquen el mismo criterio. Por otra parte, es público y notorio que la mayoría de las muertes en las residencias han sido para Covid-19. Su cifra aún está pendiente de ser oficialmente establecida, pero la cifra mínima que se considera de este tipo de víctimas se sitúa en torno a las 15.000. Una magnitud que, si la añadimos a las 27.000 oficiales, ya se situaría en el orden superior a los 40.000 muertos.
Todo esto crea un gran desconcierto internacional que ha acabado siendo recogido por un diario de referencia como el Financial Times, que a través de un gráfico y los comentarios ironiza sobre la cifra de muertos en España. Es una información que remata la mala perspectiva turística, porque ¿qué confianza se puede tener en un país que ni siquiera sabe cuánta gente ha muerto y está muriendo a causa de la pandemia?
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