Es el caso del crecimiento del consumo de alcohol entre la población adulta, y especialmente entre los jóvenes. Cada día, según la propia Generalitat, el Departamento de Salud atiende en urgencias a una media de 27 catalanes afectados por un excesivo consumo de alcohol. Esto significa 266.000 catalanes al año que han tenido que recibir tratamiento médico por un choque alcohólico. Es una cifra extraordinariamente alta y que da idea de la magnitud del problema.
Cada fin de semana 79 personas de menos de 30 años son atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) por intoxicaciones etílicas. El 8% de la población de entre 15 y 64 años se ha emborrachado el último mes. Según el secretario de salud pública de Cataluña Joan Guix, el alcohol es uno de los problemas más importantes en la salud pública.
Constatada la dimensión del hecho, vamos a las cosquillas de las políticas públicas, porque ¿de qué otra manera se pueden calificar medidas como que los locales de ocio nocturno dispongan de alcoholímetros? Incluso puede parecer un chiste, puede dar pie a un nuevo modelo de competición entre los jóvenes para ver quién logra un mayor nivel de alcohol en sangre y consigue decir «esternocleidomastoideo«.
Otra medida «revolucionaria» es la de otorgar sellos de calidad a entidades que garanticen espacios de fiesta más saludables. Son ideas pintorescas que tienen el común denominador de no abordar a fondo el problema. De anunciar y denunciarlo a la opinión pública, de llevar a cabo campañas educativas y de prevención. Es sorprendente que, de la fabulosa cantidad que se gasta la Generalitat en publicidad y comunicación, la lucha contra el alcoholismo de la población catalana ocupe un lugar pírrico.
