Económicamente, la reciente trayectoria catalana evidencia una preocupante deriva negativa. La distancia con la Comunidad de Madrid sigue aumentando en términos de PIB, mientras que hace mucho tiempo que en lo que se refiere a la renta per cápita lleva una delantera notable.
La productividad sigue siendo pésima por lo que en los últimos 30 años ni siquiera ha llegado al muy pobre crecimiento de la productividad española situada en un 6% (Portugal un 33% Francia un 24). Todo ello guarda relación directa con una administración deficiente de los recursos, una fiscalidad que no favorece ni a empresas ni a ciudadanos, y una ausencia total de un plan estratégico económico claro y efectivo por parte de la Generalitat y del Gobierno español.
La sociedad catalana, tradicionalmente motor de innovación y referente cultural, muestra claros signos de estancamiento y desgaste.
Como alertaba recientemente Josep Ramoneda (“Catalunya, entre la inercia y la parálisis”, Ara, febrero 2025), la desconexión entre ciudadanía e instituciones es palpable, generando un clima de apatía y desencanto generalizado.
El Parlamento, núcleo democrático de cualquier nación, se ha convertido en estéril, atrapado en un inmovilismo político que lo hace incapaz de ofrecer soluciones reales y eficientes a los problemas cotidianos de la población.
La Generalitat, como institución, muestra síntomas evidentes de una grave disfuncionalidad. Informes reiterados del Síndic de Greuges denuncian la falta de transparencia, la opacidad en la gestión pública y la incapacidad de asumir responsabilidades políticas ante escándalos reiterados, como son la ineficiente gestión sanitaria o las deficiencias persistentes en la política educativa, de dependencia y servicios sociales o de acogida e inclusión de la fuerte inmigración que afecta al país.
Este panorama reclama reparación integral.
Reparación en el sentido técnico, haciendo efectivo un sólido plan de recuperación económica que restaure la funcionalidad de las instituciones económicas catalanas.
Reparación jurídica y moral, exigiendo responsabilidades políticas e implementando una transparencia que restablezca la confianza ciudadana en las instituciones.
Reparación social y política, reconstruyendo los vínculos entre ciudadanía, instituciones y sociedad civil para superar el actual estancamiento.
También es una cuestión filosófica y ética. Reparar Cataluña implica reconocer honestamente los errores y deficiencias actuales, pero sobre todo implica actuar para corregirlos, compensando a la sociedad catalana por los perjuicios acumulados y devolviéndole la dignidad política, social y económica.
Urge una reacción clara y decidida de la sociedad civil, ahora casi desaparecida, que reclame e impulse estos cambios necesarios.
Cataluña necesita reparación no solo para recuperar lo perdido, sino también para asegurar que no vuelva a caer en los mismos errores. Repararlo hoy es garantizar mañana.
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