Ante el estancamiento natural, la inmigración ha sido el factor que ha permitido que la población catalana siga creciendo (o al menos no disminuya) desde 2010. Cataluña ha recibido importantes flujos migratorios en las últimas décadas, con dos grandes oleadas: una antes de la crisis de 2008 y otra a partir de mediados de la década de 2010.
En la primera década del siglo XXI, llegaron más de un millón de inmigrantes a Cataluña, contribuyendo a aproximadamente el 92% del crecimiento poblacional de esos años. Tras un paréntesis durante la Gran Recesión (cuando incluso hubo emigración limpia algunos años, como en el 2013, con un saldo migratorio de –53.000 personas), la inmigración internacional volvió con fuerza.
Desde 2015, la comunidad gana población gracias a saldos migratorios positivos: por ejemplo, en 2018 el saldo migratorio fue de +79.204 personas y en 2019 alcanzó +105.866, impulsando el crecimiento total a pesar del saldo natural negativo. Incluso después de la interrupción de la pandemia (que frenó las llegadas en el 2020-2021), en el 2022 Cataluña recibió un récord de +152.681 migrantes netos (entradas menos salidas), explicando prácticamente todo el crecimiento poblacional de ese año.
Gracias a la inmigración, Cataluña superó los 8 millones de habitantes en el 2023, marcando un nuevo máximo histórico, lo que no habría ocurrido solo con la dinámica natural.
La magnitud de la inmigración se refleja en la composición de la actual sociedad catalana. Hoy, más del 16% de la población de Cataluña tiene nacionalidad extranjera, y si contamos también los ya nacionalizados, un 23% de los residentes nacieron fuera de España. Estas cifras contrastan fuertemente con las de una generación atrás (a inicios de los 90, los nacidos en el extranjero eran menos del 2% de la población).
También 1 de cada 3 nacimientos en Cataluña es actualmente de madre extranjera, lo que indica que la población inmigrante joven contribuye notablemente a los nacimientos que sí se producen. En municipios como Salt o algunos de la costa, la mayoría de nuevos bebés son de padres foráneos. Sin el aporte de la inmigración joven, el declive de los nacimientos sería aún más acusado y el envejecimiento más pronunciado. En este sentido, la inmigración ha mitigado parcialmente el envejecimiento (solo el 5% de los extranjeros residentes tiene más de 65 años, frente al 19% en el conjunto de la población) y ha aportado mano de obra a la economía.
Sin embargo, estos beneficios demográficos vienen acompañados de desafíos en términos de inclusión social y servicios públicos.
La llegada masiva de población foránea plantea retos de integración cultural y lingüística: Cataluña «ya es diversa hoy» y debe afrontar la convivencia de personas de orígenes muy diferentes.
Por ejemplo, muchos recién llegados desconocen la lengua catalana, lo que exige un esfuerzo extra de las escuelas y de la Generalitat por facilitar su integración lingüística. En educación, la matrícula escolar debe adaptarse a barrios con un alto porcentaje de hijos de inmigrantes, asegurando recursos para alumnos que quizás no hablan la lengua local en casa. En sanidad, el aumento rápido de población presiona la capacidad de los ambulatorios y hospitales, que deben atender a más usuarios y a veces con necesidades específicas (como mediadores culturales, etc.).
Asimismo, el acceso a la vivienda se ha vuelto crítico: la demanda añadida de pisos de alquiler por parte de nuevos residentes ha tensado el mercado inmobiliario, sobre todo en el área de Barcelona. Jóvenes locales e inmigrantes compiten por alquileres limitados, lo que hace subir los precios y dificulta la emancipación. Sin suficientes políticas de vivienda asequible, la elevada inmigración puede agravar los problemas de alojamiento precario o de hacinamiento para familias trabajadoras.
En términos de empleo y productividad, integrar plenamente a los inmigrantes es clave: muchos llegan en edad laboral y pueden contribuir al crecimiento económico, pero a menudo se encuentran con trabajos de baja cualificación o informalidad.
La productividad futura de Cataluña dependerá en parte de cómo se capacite y se incorpore dignamente esta mano de obra inmigrante. Si quedan relegados a trabajos poco cualificados, la economía desperdiciará su potencial; pero si se invierte en su formación e inserción, pueden paliar el declive de la fuerza laboral nativa por envejecimiento.
El mal estado del sistema educativo de Cataluña, unido a la escasez de ayudas a las familias con hijos, tiene como consecuencia que el ascensor social no funciona, y esto, unido al problema estructural de la vivienda, hace difícil que los hijos de la inmigración nacidos en Cataluña puedan mejorar sustancialmente su capital humano y alcanzar mayores niveles de productividad y renta.
En resumen, la inmigración desde 2010 ha sido una burbuja de oxígeno demográfico para Cataluña –compensando el déficit de nacimientos y rejuveneciendo un poco la población–, pero conlleva importantes retos sociales, que no solo no están resueltos, sino que se acentúan críticamente, y que, si no se resuelven, pueden dar lugar a la guetización de determinados barrios y a la expansión del crimen organizado, como ya ha ocurrido en Francia, en los Países Bajos con la Mocro Mafia y en Suecia, a pesar de disponer de estados de bienestar mucho más robustos que el catalán.
El equilibrio entre aprovechar la aportación de población joven extranjera y garantizar su plena integración (en lengua, educación, ocupación y acceso a servicios) es uno de los desafíos de planificación más urgentes para las autoridades catalanas.
Cataluña, desastre demográfico. La Generalitat impasible el gesto (4)
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