Nadie habría dicho hace unos meses que la prohibición de vender vehículos nuevos de combustión a partir del 2035, querida por la Comisión Europea y refrendada por el Parlamento Europeo el pasado mes de junio, se convertiría en un quebradero de cabeza tan importante para sus impulsores.
Como Converses ya avanzó la semana pasada, finalmente Alemania ha impuesto un veto virtual al proyecto de la Unión Europea para proteger su industria del automóvil y las multimillonarias inversiones de los últimos años para conseguir motores de combustión interna menos contaminantes.
Pero no se trata sólo de la oposición alemana, sino que en torno al gigante económico europeo se ha acabado generando una coalición anti-prohibición que también incluye a Italia y varios países de Europa del este, entre ellos Polonia, Hungría y Rumanía.
Reunidos en Estrasburgo el lunes 13 de marzo, los ministros de transportes y de industria de esta improbable alianza reafirmaron su intención de detener la nueva normativa europea, que todavía necesita el acuerdo de los 27 estados miembros de la UE para aprobarse.
El ministro de transportes alemán Volker Wissing (miembro del partido liberal y por tanto del ala pro-empresarial del gobierno tripartito del canciller Olaf Scholz), declaró que “no hay ninguna propuesta [de la Comisión Europea] que se corresponda a lo que esperamos, y por tanto no hemos alcanzado todavía nuestro objetivo”.
El objetivo en cuestión es modificar el borrador para que la UE siga permitiendo las ventas de vehículos nuevos a partir de 2035 siempre y cuando éstos funcionen con combustibles sintéticos no contaminantes.
Pero las cosas no terminan aquí. Ante este bloque anti-prohibición, se ha conformado otro peso político no muy inferior. En efecto, Francia y España , así como de otros países más pequeños del norte de Europa han señalado que mantienen la voluntad de aplicar la nueva normativa tal y como estaba originalmente concebida.
El caso francés puede llegar a entenderse ya que París está apostando muy fuerte desde hace unos meses por la energía nuclear y subvenciona muy generosamente a los grupos Renault y Stellantis (nueva matriz de Peugeot y Citroën) para que produzcan vehículos eléctricos en Francia.
Sánchez vuelve a jugar contra los intereses de España
La posición de España en cambio cuesta mucho más entender desde el punto de vista de los intereses económicos del país. A diferencia de Francia, no dispone ni de capacidad ni ambiciones nucleares, ni tampoco de la base industrial y financiera necesarias para construir masivamente vehículos eléctricos y baterías.
De hecho, las fábricas de automóviles españolas no tienen asignadas ningún proyecto eléctrico verdaderamente de envergadura (solo para construir coches eléctricos pequeños, los que menos valor añadido aportan), puesto que los inversores son todos extranjeros y prefieren sus propios países u otros que ofrecen mejores garantías.
Una vez más, parece que el gobierno de Pedro Sánchez, guiado por las ansias de quedar bien con las instituciones internacionales y presentarse como la punta de lanza de todas las causas progresistas, ha vuelto a dispararse un tiro al pie.
No es la primera vez que los intereses personales del actual presidente del gobierno cuestan muy caro a España: el caso del acercamiento totalmente gratuito a Marruecos y que despertó la ira de Argelia es un verdadero escándalo de estado que está afectando muy negativamente a los intereses españoles.
Otro caso más reciente es el alucinante proyecto de realizar un hidroducto submarino para conectar Barcelona con Marsella, que como Converses ha señalado demuestra que Sánchez está dispuesto a vender el país a cambio de algo de atención internacional.
Cargando ...
