Una de las funciones esenciales de cualquier administración pública es reducir el sufrimiento evitable de las personas. No todas las causas del dolor social son atribuibles al poder público, pero sí lo es —plenamente— no actuar cuando se puede, o aún peor, actuar de una manera que lo agrava. En Barcelona, hoy, esa frontera hace tiempo que se ha traspasado.
La inhumanidad no siempre toma formas espectaculares. A menudo es administrativa, burocrática, aparentemente técnica. Pero no por eso es menos cruel.
El reiterado caos de Cercanías es un ejemplo paradigmático. Unas vías en la entrada de Barcelona, instaladas hace solo cinco años como parte de un proceso de modernización imprescindible, deben ser sustituidas por defectos de instalación y un desgaste prematuro inexplicable. El resultado es conocido: durante días, las personas que viajan desde el Maresme no llegan a Barcelona, deben bajar en Badalona y completar el trayecto en metro.
Media hora más de ida, media hora más de vuelta. Una hora diaria de vida perdida, multiplicada por miles de personas. A esto hay que añadirle los costes económicos, el estrés, la desorganización familiar y laboral. Y, como siempre, nadie asume su responsabilidad. No existe depuración de responsabilidades porque el sistema ha normalizado la irresponsabilidad.
Éste es el contexto general en el que se inscribe una segunda realidad aún más grave: la gestión municipal del sufrimiento extremo.
Es especialmente decepcionante que esta deshumanización provenga de un Ayuntamiento que, por definición, debería ser la administración más cercana al ciudadano. El gobierno municipal encabezado por Jaume Collboni falla justamente allí donde nunca debería fallar.
Dos colectivos sufren de forma directa esta incapacidad: las personas sin hogar y los pequeños comercios afectados por grandes obras públicas.
Morir en la calle, en silencio
Empecemos por los primeros. El número de personas que duermen en la calle en Barcelona se ha incrementado de forma alarmante. Los datos hablan de un aumento del 43% respecto a 2023, aunque ni siquiera estas cifras son del todo fiables. Hace pocas semanas, una comisión de expertos reconocía que no se conoce con exactitud cuánta gente vive en la calle. La precariedad comienza también por la falta de datos.
Pero hay un dato que no admite discusión: las muertes. Según entidades que trabajan directamente con personas sin hogar, cinco han muerto en Barcelona en las últimas cinco semanas. Una por semana. Cinco vidas extinguidas en medio del frío, la intemperie y la indiferencia.
Lo más impresionante no es solo la tragedia, sino su normalización. La reacción mediática es mínima. La exigencia ciudadana, débil. Y la respuesta institucional, insuficiente. El Ayuntamiento afirma que destina muchos recursos a esta problemática. Pero la realidad es que parte muy importante de estos recursos se consume en estructura administrativa, no en soluciones efectivas.
Se ha creado una suerte de gestión burocrática de la pobreza extrema, un sistema que administra el problema sin reducirlo. Una pobreza convertida en expediente, procedimiento, profesión. Mientras, el número de personas afectadas no disminuye y, en situaciones extremas como las actuales bajas temperaturas, las muertes se acumulan.
Hay que decirlo claro: esto no se resuelve con parches, ni con dispositivos de emergencia improvisados. Es necesaria otra política, a escala de ciudad y a escala de país. Y ahí la responsabilidad no es solo municipal.
La actuación cruel en Badalona, desalojando a personas que vivían en condiciones ilegales, pero sin alternativa real, no fue acompañada de una respuesta compensatoria suficiente por parte de la Generalitat. Ha habido gestos, sí, pero no una movilización con muchos recursos y capacidades.
Y ahí conviene recordar una verdad elemental: la condición de persona no depende de ningún título jurídico. Ni de la legalidad administrativa, ni de la ciudadanía, ni de ningún papel. Es inherente al hecho de existir. Y esa evidencia moral parece haber desaparecido del radar institucional.
Cerrar la tienda: cuando la obra pública destruye el tejido comercial
La segunda tragedia es menos visible, pero también devastadora: la de los comercios condenados a cerrar a causa de grandes obras urbanas mal gestionadas.
Es el caso del tramo final de la calle Urgell y, especialmente, de la calle Muntaner, afectados por las obras de la línea de metro L8. Obras largas, invasivas, que eliminan la visibilidad y accesibilidad de los negocios. Su principal activo -la ubicación- queda anulado. Y cuando esto ocurre, la sentencia es casi automática: cierre.
Aquí no estamos ante una fatalidad inevitable, sino un supuesto claro de responsabilidad pública. Jurídicamente, se produce una situación de lucro cesante: ganancias que el comerciante deja de obtener como consecuencia directa de una actuación que no depende de él. También hay daño emergente: pérdidas directas, costes fijos que siguen mientras los ingresos desaparecen.
Sea cual sea la figura jurídica aplicable, algo es evidente: el Ayuntamiento es el causante del perjuicio y, por tanto, tiene la obligación de compensarlo. No es una concesión graciosa, es un deber jurídico, moral y político.
No hacerlo significa aceptar que la obra pública puede destruir impunemente el tejido comercial de proximidad. Y esto es letal para la ciudad.
Una ciudad sin personas en el centro
El problema de fondo es más profundo. No es solo una cuestión de mala gestión. Es una carencia de mirada humana. Barcelona puede gastar millones en eventos, fiestas y proyectos de imagen mientras ignora necesidades básicas: personas que mueren en la calle y tiendas que cierran porque han sido invisibles.
Esto no es tener la ciudad en la cabeza. Es no tenerla en el corazón. Y esto es aún más grave.
El problema de las personas sin hogar es el grado más extremo de un problema estructural mucho mayor: la crisis de la vivienda. Sabemos que no se va a resolver rápidamente. Pero precisamente por eso, mientras no llega una solución estructural, es necesario actuar sobre los casos más graves, los más inaplazables.
No hablamos de millones de personas. Hablamos de unos pocos miles. Darles una salida digna es perfectamente posible. Lo que falta no son recursos. Lo que falta es voluntad política orientada a las personas.
Se ha creado una suerte de gestión burocrática de la pobreza extrema, un sistema que administra el problema sin reducirlo. Una pobreza convertida en expediente, procedimiento, profesión. Compartir en X
