Colau y su gobierno municipal parecía que habían encontrado el tono y la forma, precisamente en una situación tan difícil como la que vivimos. Colau interpretaba la gravedad de la situación y aportaba una respuesta de ciudad que ha concitado un acuerdo insólito, un acuerdo generalizado entre todos los partidos de la oposición. También, en su tono y posicionamiento, ha sabido conjugar la moderación con la exigencia crítica, cuando así lo requiere el hecho concreto. Por primera vez desde que llegó a la alcaldía aparecía como una líder que marcaba la diferencia con los demás. Pero esta sólida trayectoria ha sufrido en unas horas un doble y grave tropiezo que nos retorna al gobierno Colau de siempre.
Son dos excesos que cabalgan sobre los dos grandes inconvenientes de su gobierno: una ideología irreal y sectaria que aflora en demasiadas ocasiones, y un populismo de vuelo gallináceo.
Ideología sectaria e irreal es lo que nada menos que la teniente de alcalde de Urbanismo, y de hecho número dos de Colau, Janet Sanz, ha planteado: aprovechar la gran crisis que se nos viene encima para dar un cerrojazo al sector del automóvil.
Concretamente, Sanz ha dicho: “Es ahora o nunca. Muchas de estas empresas han quedado afectadas por el ERTO y con mucho excedente sin vender. Es necesario evitar que se vuelva a colocar en el mercado. Es necesario evitar que todo esto se vuelva a reactivar. Necesitamos un plan, seguramente estatal, para que esta industria y estos trabajadores encuentren otras salidas, para comenzar por ejemplo la movilidad sostenible”. Estas palabras fueron pronunciadas por Sanz en el seminario virtual organizado por la asociación Cicloesfera.
¿Se quiere mayor absurdo? Primero porque predica algo imposible. Segundo porque si sucediera, el golpe sobre los trabajadores sería brutal. Pide nada menos que la destrucción de un pilar fundamental de la economía de Cataluña, y tercero, porque la gente no dejaría de comprar coches a pesar de que a Sanz no le guste, y una de dos, o prohibía su circulación en Barcelona o los ciudadanos los comprarían de otras marcas. El planteamiento, que no la persona, naturalmente, es de una estupidez alucinante. No hay por donde cogerlo.
La reacción del sector ha sido demoledora. La patronal del automóvil, la Federació Catalana d’Automoció, ha pedido su dimisión. También la organización empresarial Foment del Treball ha criticado las declaraciones.
Y es que más allá de las palabras, ahora ya sabe la industria del automóvil a quienes se enfrentan en el Ayuntamiento, a unas personas, Colau, Sanz, los Comunes, que tienen como objetivo su desaparición, y que utilizarán todos los motivos para hacerle la vida difícil al automóvil, porque lo consideran intrínsecamente perverso e innecesario. Ahora parece que no pasará nada, pero no será real. El gobierno municipal aprovechará el parón para disuadir todavía más el uso del coche en la ciudad, con lo cual se añadirá una nueva barrera económica a las murallas que está levantando la crisis. ¿Es compatible un gobierno local de este tipo con la existencia de Nissan y Seat, y todo el entramado de industria subsidiaria?
Ni el sector, ni el gobierno de Cataluña ni el de España, en el que participan los Comunes, ni por descontado los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento, pueden dejar pasar todo esto como si no tuviera importancia. Por descontado las declaraciones comprometen y mucho a Collboni y al PSC, que debe exigir una rectificación pública en toda regla, porque de lo contrario será cómplice de un discurso que tiene como consecuencia facilitar los cierres patronales de esta industria, empezando por el eslabón más debilitado, Nissan. La irresponsabilidad de Sanz, y de Colau, si no la rectifica públicamente, es extraordinaria.
Y del sectarismo al populismo.
Una información en apariencia positiva oculta un acto populista de mucha envergadura. La noticia en una primera lectura es excelente: «esta semana se repartirán en Barcelona 20.000 lotes con productos de alimentación a personas mayores, enfermos crónicos y pacientes de la Covid-19 que viven confinados en la capital catalana». La iniciativa «Cistella contra la Covid», coordinada por el Departament de Salut, el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa Linesport, quiere evitar que las personas más vulnerables tengan que salir a hacer la compra, reduciendo así el posible riesgo de contagio. La iniciativa prioriza a aquellas personas que no disponen de una red familiar o vecinal que les pueda hacer la compra.
En la práctica esto se traduce en que los lotes llegan a muchas personas que no los necesitan, porque si bien viven solas, cuentan con medios económicos sobrados, y con hijos y familiares que los atienden, aunque ni vivan con ellos, ni en el barrio. La razón es muy simple: el Ayuntamiento no ha indagado, ni la renta, ni conoce la situación de cada persona a la que distribuye la ayuda. A una parte sí, pero no a toda. Resultado: estos paquetes llegarán a personas que no los necesitan mientras que a otras personas, a las que le serían de gran ayuda, y no necesariamente gente mayor, no recibirán nada.
Los recursos son escasos, y no pueden utilizarse para labrar operaciones de imagen. Familias con hijos, los más afectados, en la más absoluta de las miserias, como Cáritas conoce bien, inmigrantes que viven en condiciones terribles, la gente sin hogar, los homeless que han visto desaparecer la gente de la calle, hay tantas personas que se encuentran en la penuria que esta distribución de la “Cistella” se inscribe en el debe de la injusticia y el mal uso de los recursos.
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