En estos últimos días Barcelona recibe una doble condena que hace que llueva sobre mojado. El Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por el incumplimiento sistemático de Barcelona y Madrid de la directiva europea sobre la calidad del aire al menos durante 8 años, del 2011 al 2018. Y especialmente en lo que se refiere a los límites del dióxido de nitrógeno (NO 2). También el Vallès, aunque en menor intensidad que en Barcelona, donde el área más afectada es precisamente la del Eixample.
El Tribunal considera que ha habido una sistemática y continuada vulneración de los niveles que afecta a la salud de los ciudadanos, 3,1 millones de personas en Madrid, 2,8 millones en Barcelona y 1,4 millones en el Vallès. Las alegaciones hechas para evitar la sentencia adversa sobre una mejora de la tendencia no han sido consideradas suficientes y lo que se ha presentado como medidas correctoras son consideradas poco concretas, porque se refieren a cosas muy genéricas, como reforzar el transporte público o la promoción de vehículos limpios, etc. Pero no señala objetivos ni plazos concretos.
El varapalo en el caso de Barcelona es doble. Por una parte, a la Generalitat porque es el área de España que tiene mayor población en situación de mala calidad atmosférica. Son 4,2 millones de habitantes, muchos por la dimensión poblacional del país. ERC, el actual gobernante y con ellos JxCat, podemos decir que son ecologistas, pero a la hora de encontrar soluciones se encuentran dormidos en la paja.
También es un golpe para Barcelona, su Ayuntamiento, que ha levantado bandera de la mejora de la calidad ambiental. Rápidamente y siguiendo su manual ha salido al paso de la condena diciendo que la culpa es del Estado y de la Generalitat y que ellos ya lo hacen bien. Sin embargo, evidentemente no es cierto.
Colau lleva gobernando desde junio del 2015, hace 7 años y medio, y solo puede poner sobre la mesa la fracasada ZBE que, prácticamente, nada ha resuelto desde el punto de vista ambiental al haber complicado la circulación por dentro de Barcelona, aumentando la emisión de gases de los vehículos y haber destripado varias calles, entre ellas la más importante, Consell de Cent.
Las cifras cantan y por mucho que hablen de tendencia decreciente, resultan francamente malas, más si se considera que el actual parque automovilístico de la ciudad es inferior al que existía en 2010 y años anteriores.
Querer decir que el problema se soluciona con las supermanzanas es un doble engaño. Primero porque si funcionaran, sus efectos se reducirían dentro de una o más décadas y segundo, porque la realidad es que lo que producirán en los próximos años, como ya se ve en las calles Valencia o Viladomat, es una congestión de la circulación al ser depositarios estas calles del tráfico de otros viales que han sido cortados.
Barcelona necesita una alternativa a la contaminación. Hay medidas claras y concretas a emprender que son bien conocidas y que en Converses nos hemos referido en más de una ocasión, pero que no están en la agenda de la alcaldesa, obsesionada con su cruzada por liquidar los coches.
La otra gran condena sigue siendo la de la seguridad. Es un fracaso rotundo. Ahora, además de las zonas clásicas como Ciutat Vella, la inseguridad se ha extendido hacia la zona de Tres Torres, Sarrià y Sant Gervasi por el alud de robos en los mismos domicilios, uno de los delitos que ocasiona mayor alarma entre los ciudadanos. Los ladrones suben por las fachadas y entran en los pisos sin que hasta ahora haya habido medidas para evitarlo. Hay una cuestión que afecta a los Mossos d’Esquadra, pero quien tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de la ciudad es el Ayuntamiento. Tiene una Guardia Urbana absolutamente desaparecida.
No deja de ser una paradoja de que dos de los tipos de delitos que tienen más consecuencias negativas en su entorno sigan creciendo. Se trata del tráfico de drogas, que ha crecido en relación con los años precedentes, y sobre todo los delitos sexuales. Una vez más la dramática paradoja de que la ciudad que tiene un gobierno que se jacta de feminista es la que presenta unos peores índices de criminalidad sexual. En 2022 se han producido por el mismo período de los años precedentes un 27,7% más de delitos sexuales que en 2019 y un 20,2% más que en 2021.
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