Que el denominado estado de la nación se lleve a cabo por primera vez en siete años ya es en sí mismo un indicador de que la institucionalidad española no funciona bien. El momento del debate goza de la ventaja por parte de Sánchez de que el presidente del PP no podrá intervenir porque no es diputado, y lo hará la portavoz del grupo, Cuca Gamarra. Pero, al mismo tiempo, el escenario es claramente adverso a Sánchez y deberá demostrar una gran calidad en su intervención para superar las inercias contrarias.
Una de ellas, y no menor, es el escenario electoral que pintan las encuestas. El otro gran factor es el de la inflación desbocada combinada con el fracaso relativo, en el sentido de que no tiene un efecto para el ciudadano, o absoluto, caso de las subvenciones al combustible, de las medidas adoptadas por el gobierno que en algún caso, como el señalado de los 20 céntimos de subvención al gasoil y la gasolina, es una medida doblemente regresiva. Lo es porque beneficia más a quienes disponen de vehículos más potentes. Un Porsche obtendrá más recursos que un modesto coche de una cilindrada de 1.000 centímetros cúbicos. El otro factor de regresión es que no es posible incentivar este tipo de combustibles y al mismo tiempo preconizar la transición ecológica. Además, se trata de una medida singularmente costosa: 1.500 millones de euros al trimestre.
Un tercer elemento que se convirtió en una bola de nieve, es la vigencia de la pandemia, de tal modo que la Comisión Europea ya recomienda iniciar ahora la vacunación de los mayores de 40 años, lo que España pospone para otoño y lo limita a los mayores de 80 años, pero cabe recordar que España tiene una mortalidad terrible que ha tenido como consecuencia la disminución de la esperanza de vida por primera vez desde la Guerra Civil. Aunque es evidente que existen menos ingresos hospitalarios, y las UCI tienen una afluencia escasa, lo cierto es que el indicador de exceso de mortalidad en España señala cifras absolutamente preocupantes. Por un lado, directamente a causa de la covid, por otro, por la desatención que sufren otras patologías y no sirve de demasiado consuelo que estas personas sean mayoritariamente muy mayores, de 80 años en adelante, que representan el 70% de todas las muertes en los últimos meses. El exceso de mortalidad este año en enero fue de 4.370 personas, en febrero de sólo 1.257, pero en general éste es un mes que registra en los distintos años menor incidencia. En marzo el crecimiento fue negativo y en abril muy modesto, apenas algo más de un millar de muertos. Recordemos que en el período álgido de la crisis, entre marzo y abril, se produjo un exceso de mortalidad de más de 45.000 personas. Pero atención, porque en mayo, que es un mes tranquilo, se produjeron 3.233 muertes. La mayor cifra durante muchos años. Por tanto, el presidente debería hablar de la pandemia y deberían preguntarle por qué todavía no disponemos de una ley específica sobre este problema y por qué no se ha llevado a cabo la constitución de una verdadera agencia de prevención y lucha contra las enfermedades infecciosas.
La pandemia representó más de un 10% de caída del PIB y lo cierto es que no nos hemos recuperado en estos momentos. Fuimos los peores de Europa y disfrutamos también de ese título al ser los últimos en la recuperación. Las cifras sobre paro, el gran argumento del gobierno, son engañosas porque incluyen como afiliados a la Seguridad Social a trabajadores que todavía están incluidos en ERTO, los autónomos que perciben una prestación por el cese de actividades, los trabajadores fijos discontinuos y los temporales con empleo público. Todos están de alta en la Seguridad Social aunque no trabajen o lo hagan en un número de horas inferiores a la media. El valor real del empleo lo veríamos si nos dieran el cómputo de las horas trabajadas.
El gobierno difícilmente puede hablar de recuperación cuando en el primer trimestre de este año el PIB sólo ha crecido un 0,2% . Y tampoco puede calificar de catastrofista hablar del rico de una crisis muy profunda cuando el propio presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, utiliza esa misma expresión en una reciente entrevista.
El hecho de que se vea obligado a anunciar nuevas medidas económicas cuando las últimas ni siquiera han sido convalidadas por el Congreso, señala que las políticas del gobierno no funcionan. De hecho, existen cuatro medidas que tienen un amplio consenso que sí serían efectivas y tendrían efectos progresivos. Se trata de suprimir los 20 céntimos de subvenciones y al mismo tiempo establecer la gratuidad del transporte público para toda España. Esta medida permitiría un ahorro de 500 millones en relación a lo que ahora se gasta en subvenciones a la gasolina. La otra gran medida efectiva y reivindicada es la deflación de las tarifas del IRPF. La necesidad de un pacto de rentas es evidente, pero ese objetivo necesario significa mucho más que un acuerdo entre trabajadores y empresarios porque debe implicar a la administración pública y a los pensionistas, y hasta ahora Sánchez lo ha sorteado. Por último, la reducción del IVA a los productos sanitarios, una práctica ya posible de acuerdo con la directiva europea 2022/542, permitiría reducir el gasto en este capítulo del orden de 1.000 millones y esto facilitaría poder aplicar ese dinero a mejorar los servicios sanitarios. Son medidas concretas, potentes y académicamente solventes. Veremos lo que dice Sánchez en el debate.
Claro que tiene tantas cosas que contar, el asunto de Marruecos y Argelia, por qué hemos aumentado la compra de gas ruso, que ocupa ya la segunda posición en nuestros proveedores, o la conversión de la base de Rota en un centro ofensivo de primera magnitud, lo que alberga la principal fuerza del escudo antimisiles. Son medidas concretas, potentes y académicamente solventes. Veremos lo que dice Sánchez en el debate.
Ésta y otras cuestiones deben tener presencia en el marco del debate junto con preocupaciones más a ras del suelo, como puede ser la plaga de las okupaciones.
