Con un crecimiento que genera alarma, los conflictos y violencia entre grandes grupos de jóvenes y la policía se multiplican en distintos barrios de Cataluña, al igual que las agresiones contra los Mossos d’Esquadra.
En 2024 se registraron 2.550 ataques, lo que equivale a una media de siete agresiones por día. En 2025, los únicos datos disponibles hasta ahora son los de enero, con 223 agresiones, lo que confirma una tendencia preocupante.
Se trata de conflictos extendidos no solo en barrios tradicionalmente conflictivos como La Mina, sino también en zonas de poblaciones muy diversas: Salt, La Mariola (Lleida), La Font de la Pólvora (Girona), Cerdanyola (Mataró), el casco antiguo de Tarragona o Lérida, entre otros. Incluso en lugares donde no se han producido enfrentamientos masivos, como San Cosme en El Prat o buena parte del barrio del Raval de Barcelona, la presión de las bandas de droga delimita territorios enteros.
Existen dos vectores principales que explican estos conflictos.
El primero es la dimensión extraordinaria de la inmigración en Cataluña y la falta de políticas eficaces para integrarla. Negar esta realidad, como hacen los partidos que gobiernan actualmente (ERC, PSC y Comuns), solo contribuye a agravar la situación.
Cataluña ya supera el 25% de población nacida en el extranjero, y si se suman los nacidos aquí de padres inmigrantes, la cifra crece aún más. En Barcelona, el 31% de los residentes son extranjeros; en Girona, el 53% de los nacidos tienen al menos un progenitor inmigrante.
Este peso demográfico tiene una correlación clara con los datos de criminalidad. Según cifras de la Generalitat para 2024 en Barcelona:
El 78,6% del total de detenciones corresponde a personas extranjeras.
En delitos contra la libertad sexual, el 73% eran de origen extranjero.
En tráfico de drogas, el 74%.
En multirreincidencia, el 83,5%.
Y en hurtos, el 91%.
En las cárceles catalanas, los internos de origen extranjero superan con creces el 25% que les correspondería por proporción poblacional, llegando incluso a doblarlo.
Buena parte de la violencia juvenil en los barrios está vinculada a jóvenes inmigrantes o hijos de inmigrantes nacidos en España. Y el fenómeno se agrava con el segundo vector: el crecimiento del mercado de la droga.
El mercado de la droga
Cataluña se ha convertido en un importante productor de cannabis, tanto para consumo interno como para exportación europea. Esta actividad ha dado lugar a una red cada vez más violenta de grupos delictivos, que ya compiten entre sí, se roban mutuamente y se enfrentan con armas de fuego. Ya no se trata solo de navajas: cada vez es más frecuente la aparición de pistolas y revólveres en manos de jóvenes, como lo demuestran múltiples intervenciones policiales.
Además, las mafias del narcotráfico internacional comienzan a asentarse en Cataluña, atentos a un mercado local sin control. Si no se ataja de raíz, el destino puede ser el modelo sueco, donde un país ejemplar de Estado del bienestar ha acabado convertido en un mal sueño: bandas armadas de jóvenes vinculados al narcotráfico desafían a la policía y rechazan toda autoridad legítima, en algunos casos forzando la intervención del Ejército sueco.
Resulta incomprensible que ni los grandes medios de comunicación ni los partidos políticos —ni siquiera los de la oposición— asuman con plenitud la gravedad del escenario. En lugar de respuestas estructurales, se recurre a la “receta Illa”: salir a escena a presentar un “plan” o un “programa” dotado de cientos de millones… pero ejecutable a lo largo de varias legislaturas.
Cuando se divide el presupuesto anunciado por los años de duración y por los objetivos propuestos, queda reducido a poco más que un gesto simbólico. Es puro marketing político.
Lo mismo ocurre en el Ayuntamiento de Barcelona, que ha anunciado una inversión de 30 millones de euros para combatir la pobreza en Ciutat Vella hasta 2028. Sin embargo, al leer la letra pequeña se comprueba que solo 10 millones estarán dirigidos a las personas —unos 3 millones por año—, mientras que el resto se destinará a obras y actuaciones urbanísticas en el distrito.
Cataluña avanza peligrosamente hacia un escenario social ingobernable, mientras la clase política insiste en ignorar o camuflar el problema.
Con un crecimiento que genera alarma, los conflictos y violencia entre grandes grupos de jóvenes y la policía se multiplican en distintos barrios de Cataluña, al igual que las agresiones contra los Mossos d’Esquadra Compartir en X
