El Gran Apagón ha suscitado un intenso debate sobre la estabilidad de los sistemas eléctricos con un elevado porcentaje de renovables variables (solar y eólica) y baja inercia. Sin embargo, no se trata de una sorpresa absoluta: en los últimos cinco años existían numerosas advertencias, informes y voces técnicas que advertían de estos riesgos y de la necesidad de mitigarlos con una planificación adecuada
Ya en septiembre de 2020, Red Eléctrica publicó un estudio prospectivo de 70 páginas (“Necesidades para la operabilidad del sistema con alta penetración renovable ”) donde alertaba claramente: la creciente integración de renovables podía “afectar a la estabilidad de la frecuencia ” y se “identificaba un empeoramiento de las condiciones de inercia ” en el sistema. REE explicaba que en un sistema tradicional las grandes turbinas sincronizadas dan inercia que frena las variaciones de frecuencia, pero «si falta esta masa giratoria porque la generación proviene de solar/eólica vía inversores (sin inercia física), el sistema se vuelve muy frágil ante cualquier perturbación «.
Asimismo, este informe de 2020 señalaba como «imprescindible» desarrollar almacenamiento e interconexiones para garantizar la operatividad con muchas renovables. Incluso cuantificaba que España, al tener escasas interconexiones, sufriría un “mayor impacto en la estabilidad de la frecuencia ” al aumentar las renovables respecto a otros sistemas europeos más enlazados. Es decir, REE sabía que combinar alta solar/eólica + baja interconexión + menos nucleares = mayor riesgo de desestabilización si falla algo, justamente el escenario del 28A.
Esta advertencia se ha reiterado en años posteriores.
En 2022, el informe anual de riesgos de REE destacó el “riesgo de desconexiones de generación por elevada penetración de renovables sin las capacidades técnicas necesarias frente a perturbaciones ” (horizonte corto, medio y largo plazo) como uno de los riesgos operativos importantes.
Concretamente, en las cuentas anuales consolidadas de 2024 de REE se resume que el cierre de centrales convencionales (carbón, ciclo combinado, nuclear) “implica reducción de potencia firme, capacidades de balance, fortaleza e inercia del sistema ”, lo que “podría aumentar el riesgo de incidentes operativos que afecten al suministro ”. Este riesgo estaba identificado como material y a corto-medio plazo en las páginas 72 y 106 del informe. En esencia, se iba alertando: si retiramos generación síncrona firme por política (descarbonización, cierre nuclear) sin reemplazarla por otros medios de estabilidad (p. ej. baterías, condensadores síncronos, gestión de la demanda), el sistema operará más cerca de sus límites de seguridad.
Organismos externos también habían hecho sonar alarmas.
La ENTSO-E (red europea de operadores) en su evaluación de adecuación de 2022 asignó a España un riesgo estimado de 6,7 horas de desconexión de carga para 2025 –un indicador de posible LOLE (Loss of Load Expectation)–. Aunque este dato se relaciona con suficiencia de potencia, refleja que incluso en estudios internacionales se contemplaba cierta probabilidad de déficit de suministro en España en 2025 . Y aunque la situación del 28A no fue por carencia de generación sino por fallo técnico, expone que España no estaba exenta de riesgos de apagón en los escenarios previsibles.
Desde el ámbito académico y consultoras, múltiples análisis apuntaban a retos técnicos en la transición verde.
Por ejemplo, la consultora Aurora Energy Research señalaba que las pérdidas de energía renovable (curtailmente) se multiplicaron por más de 10 entre 2021 y 2022, evidenciando que la capacidad de la red no crecía al ritmo de las nuevas plantas verdes. Dicho de otro modo, ya antes había que desconectar renovables por saturación en muchas ocasiones, un síntoma de estrés en la infraestructura de transporte.
Ingenieros como Pedro Fresco advertían que la penetración masiva de solar y eólica “genera desafíos en la gestión del sistema ” y que se necesitan más recursos de apoyo síncrono, no sólo en picos de demanda sino incluso cuando “sobra electricidad” (justo lo vivido el 28A).
Expertos proponen elevar las exigencias técnicas a las renovables (por ejemplo, uso de inversores grid-forming que emulen inercia, o incorporar baterías para proveer respuesta ultrarrápida frente a caídas de frecuencia). También insisten en acelerar el despliegue de almacenamiento: España tiene un objetivo de 22,5 GW de baterías y bombeos para 2030 pero va “a paso de tortuga” en su cumplimiento.
Otro consenso es que aumentar interconexiones internacionales es clave para diluir perturbaciones: la UE exige un 15% de capacidad interconectada en 2030, algo que España difícilmente logrará si Francia no elimina sus barreras.
En suma, los desafíos técnicos de un mix 100% renovable eran conocidos: menos inercia, control más complejo de frecuencia y tensión, necesidad de mayor reserva flexible, y una red de transporte robusta y enlazada para evitar oscilaciones peligrosas. El Gran Apagón ha hecho tangible este riesgo latente, reforzando la urgencia de atender a las recomendaciones que ya figuraban en estudios y planes sectoriales recientes.
Responsabilidad institucional: Gobierno, reguladores y planificación del sistema
Dado el carácter sistémico del apagón, además de las cuestiones técnicas, surge la pregunta sobre las responsabilidades institucionales en materia de planificación, supervisión y gobernanza del sistema eléctrico.
En España, el Gobierno (Ministerio para la Transición Ecológica) y organismos reguladores (p. ej. CNMC) desempeñan un papel crucial al fijar las reglas del mercado eléctrico, autorizar infraestructuras, promover o retrasar inversiones, y nombrar a los directivos clave de operadores como REE. Varios factores estructurales que contribuyeron a la vulnerabilidad del sistema remiten a decisiones de política energética de los últimos años, por lo que es inevitable un análisis político de lo ocurrido.
En primer lugar, la estrategia de transición energética del Gobierno ha impulsado decididamente las energías renovables, pero la adaptación del sistema eléctrico no ha avanzado al mismo ritmo.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fijó metas ambiciosas (alcanzar 81% de generación renovable en 2030, desde un 57% en 2024). España instaló más de 30 GW de eólica+solar en cinco años alcanzando 85 GW verdes en 2024, convirtiéndose en líder europeo junto a Alemania. Sin embargo, otras patas del PNIEC van retrasadas: el despliegue de almacenamiento masivo y la gestión de la demanda apenas comienzan, y las interconexiones con Francia siguen estancadas.
El apagón demostró que “el futuro energético no se construye sólo con paneles y aerogeneradores, sino también con comprensión técnica profunda y planificación inteligente ”. En este sentido, faltó previsión estratégica para asegurar que al aumentar la cuota renovable se implementaran simultáneamente las medidas de apoyo necesarias (baterías, reservas estratégicas, mejora de red). Cinco años de advertencias sobre estos puntos parecen haber sido ignoradas o subestimadas, según varios analistas. La oposición política, tras el apagón, ha acusado al Gobierno de “déficit inversor y ausencia de planificación estratégica ” en el sistema eléctrico en los últimos años, lo que habría precipitado esta situación.
Asimismo, el Gobierno tiene responsabilidad directa en la gobernanza de REE.
Aunque Red Eléctrica es una sociedad anónima cotizada, el Estado (SEPI) mantiene al menos un 20% del capital y, por ley, ninguna entidad privada puede tener más del 5%. Más importante, la ministra para la Transición Ecológica debe aprobar el nombramiento de altos cargos del Operador del Sistema.
Por ejemplo, en junio de 2022 Teresa Ribera dio el visto bueno para designar a María Concepción Sánchez como directora general de Operación de REE –responsable justamente de “evitar apagones”–, quien fue ratificada días después por el consejo de administración. Igualmente, el Gobierno nombró a la actual presidenta de REE (Beatriz Corredor, exministra socialista). Esto significa que el Ejecutivo controla en gran medida la cúpula de REE, por lo que intentar desvincularse completamente de los fallos del sistema es cuestionable.
De hecho, tras el suceso Pedro Sánchez en un primer momento calificó a Red Eléctrica como un mero “operador privado ” para atribuirle la responsabilidad, pero los hechos muestran que REE opera bajo la órbita del Estado en cuanto a mandato y liderazgo. Por eso, si hubo deficiencias en la gestión de REE (como la preparación insuficiente frente a escenarios de riesgo), el Gobierno y el regulador también cargan parte de la responsabilidad por no haber exigido o verificado las medidas necesarias.
En el plano político inmediato, la reacción del Gobierno al apagón ha sido crear una comisión investigadora liderada por el Ministerio de Transición Ecológica e involucrar a expertos en ciberseguridad y sistemas eléctricos.
Sin embargo, se le ha criticado una cierta carencia de autocrítica. Durante la crisis, el presidente Sánchez enfatizó la posibilidad de un “ataque externo ” (ciberataque) –hipótesis que hoy en día no cuenta con evidencia–, mientras responsables del sector apuntaban más bien a errores técnicos internos. La exministra Ribera (ahora vicepresidenta de la Comisión Europea) declaró también pronto que no parecía un sabotaje, alineándose con REE. Pero el discurso oficial se centró en pedir calma y en destacar la excepcionalidad del suceso, restando peso a la idea de un fallo estructural.
Por ejemplo, la ministra Aagesen defendió que las renovables no eran las culpables y reconoció el buen hacer de REE en su reposición, pero no abordó públicamente si falló la planificación previa. Esta postura ha sido cuestionada por quien defiende “un mix energético más plural ” y revisar las hojas de ruta de cierre de centrales. Dado que España tenía previsto cerrar las centrales nucleares entre 2027 y 2035, es posible que el apagón reabra el debate sobre este calendario. Si la falta de inercia y soporte fue parte del problema, prolongar la vida de las nucleares o invertir en tecnologías de apoyo podría ganar apoyo. De hecho, la Secretaría de Estado de Energía ya ha insinuado que «no se cerrarán nucleares si no hay garantía de suministro «.
Otra arista institucional es el papel de la CNMC (regulador).
La CNMC en ocasiones ha evaluado la idea de separar al operador del sistema de REE , es decir, crear un ente independiente para la operación técnica, dejando a REE sólo la red de transporte. Este modelo (similar al de otros países) suele plantearse para aumentar la independencia y el enfoque técnico. Tras el apagón, resurgieron voces proponiendo sacar a Redeia la función de Operador del Sistema, como medida para reforzar la confianza en la gestión neutral de la seguridad eléctrica. No está claro si esta reforma prosperará, pero su mera mención muestra la dimensión política de las consecuencias: el Gobierno afrontó presión de la oposición y escrutinio público, debiendo demostrar que toma cartas en el asunto para que no se repita un desastre similar.
En síntesis, la responsabilidad institucional abarca:
(1) Políticas de planificación (el Gobierno debía equilibrar la apuesta renovable con inversiones en estabilidad, y ahora es evidente que ese equilibrio fue insuficiente);
(2) Supervisión y regulación (asegurar que REE y las empresas implementaran las recomendaciones técnicas, algo que no se hizo plenamente, dada la falta de almacenamiento e interconexión que se arrastra);
(3) Gobernanza y reacción (asumir la cuota de responsabilidad en los nombramientos y recursos asignados a REE, en lugar de culparla como agente aislado, y mejorar la coordinación institucional frente a emergencias). Si bien el apagón fue causado por circunstancias técnicas inmediatas, la vulnerabilidad del sistema era resultado de decisiones a alto nivel. Como han señalado analistas, “el gran apagón revela la debilidad del sistema eléctrico español ” y expone años de advertencias no suficientemente atendidas. Será labor del Gobierno y autoridades reconducir la planificación para fortalecer la red de cara al futuro.
La conclusión parece muy evidente.
Además de las responsabilidades técnicas que deben dilucidarse, cuando un suceso adquiere la dimensión del “gran apagón”, las responsabilidades políticas son las más importantes porque lo ocurrido se debe a una acumulación de causas, de decisiones políticas erróneas o a la ausencia de éstas, empezando por la última principal responsabilidad, la del presidente del gobierno, sin la cual las demás no se habrían producido.
Nombró a la ministra Teresa Ribera, que a su vez nombró a la actual presidenta de REE, Beatriz Corredor, con el acuerdo del gobierno, y a María Concepción Sánchez como directora general de Operación de REE, y a la sucesora de Ribera, Sara Aasgesen, que fue Secretaria del Estado para la Energía, y antes asesora del ministerio y figura clave en el diseño y la implementación de estrategias de descarbonización. Todos estos nombres deben pagar sus responsabilidades políticas, porque por acción u omisión han participado de las causas que han provocado el gran apagón.
Postdata. El papel de la presidenta de la Comisión Von der Leyen, después de escoger a Ribera como vicepresidenta, es de los que hacen época, y demuestra que la crisis que la UE arrastra se ha ganado a pulso por el fruto de – también – pésimas decisiones.
Malos tiempos para nosotros los ciudadanos de a pie, porque los que mandan no sólo lo hacen mal y no asumen sus responsabilidades, sino que al ser compartidas, se las cubren entre ellos.
Apagón eléctrico del 28 de abril de 2025: causas técnicas y responsabilidades (I)
REE sabía que combinar alta solar/eólica + baja interconexión + menos nucleares = mayor riesgo de desestabilización si falla algo, justamente el escenario del 28A Compartir en X
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