Cada Comité Federal del PSOE se asemeja más al anterior. El máximo órgano del partido entre congresos, que debería servir para analizar la situación política, revisar errores y definir estrategias, ha acabado convertido en una ceremonia de exaltación del líder.
Pedro Sánchez comparece para reconstruir la realidad según el relato oficial, anunciar una nueva victoria electoral y recibir, a continuación, una sucesión casi ininterrumpida de intervenciones laudatorias. La excepción sigue siendo Emiliano García-Page, acompañado esta vez por alguna voz aislada, como la de la alcaldesa de Palencia, insuficiente, sin embargo, para alterar el guion.
Lo sorprendente es que esta escenificación se produzca cuando el partido llega al Comité Federal en una situación objetivamente peor que la de hace un año. En el último ciclo electoral, el PSOE ha acumulado derrotas relevantes en Extremadura, Aragón y Andalucía, así como un resultado decepcionante en Castilla y León. Sin embargo, el discurso oficial sigue instalado en la convicción de que la próxima victoria es inevitable y que cualquier dificultad responde más a una conspiración de los adversarios que a errores propios.
Esta incapacidad para ejercer la autocrítica es probablemente el síntoma más preocupante.
Un partido que deja de analizar sus fracasos y convierte el aplauso en el único lenguaje interno renuncia también a su capacidad de regeneración. El futuro del PSOE aparece hoy completamente identificado con Pedro Sánchez. No existe debate sobre el relevo, ni sobre una rectificación política, ni sobre una alternativa. Esa identificación absoluta es, precisamente, lo que puede acabar convirtiéndose en su suicidio político.
La corrupción tiene un papel determinante, pero no exclusivo. La dirección socialista presenta los casos que afectan a personas vinculadas al partido o a su entorno como si fueran episodios periféricos, ajenos al proyecto político. Las investigaciones abiertas sobre diversos organismos públicos —entre ellos SEPI, Correos, Mercasa u otras entidades— son tratadas más como el resultado de una supuesta persecución política o judicial que como una oportunidad para revisar a fondo los mecanismos de control y de responsabilidad.
En este contexto también se han producido episodios que han alimentado la controversia pública, como las informaciones sobre los contactos de Leire Díez con mandos de la Guardia Civil y las posteriores explicaciones de la directora general del cuerpo, Mercedes González, cuestionadas a raíz de desmentidos posteriores. Pero lo más significativo no es un episodio concreto, sino la impresión de que nadie asume responsabilidades políticas. Nadie dimite. Nadie es cesado. Todo queda absorbido por el relato.
Esa misma lógica se repite en otros frentes. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero opta por no entrar en el fondo de determinadas informaciones y centra su defensa en la forma en que se habrían obtenido determinadas pruebas, contribuye también a desplazar el debate de los hechos hacia la batalla procesal. Es una estrategia legítima en el ámbito jurídico, pero políticamente insuficiente cuando lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos.
Ahora bien, reducir la crisis del Gobierno a la corrupción sería un error. El problema es mucho más profundo.
El primer gran fracaso es institucional.
España lleva demasiado tiempo viviendo sin presupuestos nuevos, con una actividad legislativa extraordinariamente limitada y con un uso sistemático del decreto ley para suplir la falta de mayorías estables. El Congreso de los Diputados ha ido perdiendo prestigio como espacio de deliberación y control del Gobierno. La tensión permanente ha sustituido al debate, y la presidencia de la Cámara no siempre ha contribuido a preservar la neutralidad institucional que correspondería a su función.
El segundo fracaso es el de la gobernación.
Tras casi ocho años de Pedro Sánchez en la Moncloa, una parte importante de la población percibe que vive peor. El aumento del PIB no se ha traducido en una mejoría equivalente del poder adquisitivo. La inflación, el coste de la vivienda y la presión fiscal han erosionado especialmente a las clases medias y a los trabajadores asalariados. El salario mínimo ha aumentado, pero una parte sustancial de esta ganancia ha quedado absorbida por el encarecimiento del coste de la vida.
La vivienda es probablemente el mejor ejemplo de ese fracaso. Después de casi ocho años de gobierno, España sigue sufriendo una de las crisis residenciales más graves de las últimas décadas. Para muchos jóvenes, emanciparse es hoy mucho más difícil que en 2018. Las consecuencias sociales de esta situación van a condicionar a toda una generación.
Los servicios públicos tampoco ofrecen un balance satisfactorio. Las dificultades para obtener una cita con la Administración, la lentitud burocrática, los persistentes problemas en sanidad y educación o la crisis ferroviaria —especialmente visible en Cercanías, pero extendida también a otros puntos de la red— forman parte de la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Tampoco los fondos Next Generation han conseguido la transformación estructural que se prometió.
Catalunya constituye un caso singular dentro de este panorama.
El Gobierno de Salvador Illa ha optado por una identificación política casi completa con Pedro Sánchez. Esta estrategia refuerza la percepción de que la Generalitat ha subordinado buena parte de su autonomía política a las necesidades del PSOE. Una cosa es la lealtad entre gobiernos; otra, renunciar a ejercer una voz propia cuando los intereses de Catalunya lo exigirían.
Por último, existe el balance social y demográfico.
España sigue registrando una natalidad muy baja, una pobreza infantil persistente, una política familiar insuficiente y dificultades crecientes para gestionar los flujos migratorios. Todo ello dibuja un país que afronta problemas estructurales sin un proyecto a largo plazo.
Por eso, el problema del Comité Federal no es solo que haya evitado hablar de la corrupción. El problema es que tampoco ha querido abordar el deterioro institucional, la pérdida de calidad del gobierno, la crisis de la vivienda, la degradación de los servicios públicos o las crecientes dificultades de las clases medias.
Cuando un partido deja de confrontar su proyecto con la realidad y prefiere celebrarse a sí mismo, el riesgo no es solo electoral. Es que acaba confundiendo la fidelidad al líder con la fidelidad al país. Y ese es un error que, tarde o temprano, las democracias suelen corregir en las urnas.
Cuando un partido deja de confrontar su proyecto con la realidad y prefiere celebrarse a sí mismo, el riesgo ya no es sólo electoral. #PSOE Compartir en X
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