Hay momentos en los que una sociedad deja de escandalizarse ante lo que, precisamente, debería considerar intolerable. Es un mecanismo de defensa. Cuando los escándalos se multiplican, cuando cada semana aparece uno nuevo, cuando las revelaciones se convierten en rutina, el ciudadano deja de indignarse y acaba resignándose. Esta es una de las peores victorias de la corrupción: convertirse en paisaje.
Hace meses —quizás ya años— que prácticamente no existe ningún ciclo informativo sin una nueva derivada judicial relacionada con el Gobierno o con el PSOE. El caso Leire Díez, las investigaciones sobre la SEPI, el procesamiento de un expresidente del Gobierno español, las diligencias sobre adjudicaciones de obra pública, financiación del partido o presuntos tráficos de influencias… La lista es tan extensa que muchos ciudadanos han dejado incluso de intentar retenerla.
En estos momentos hay una docena de grandes causas abiertas. Entre las más relevantes están los casos Leire Díez, Hidrocarburos, Forestalia, Mediador —el conocido Tito Berni—, las investigaciones sobre Begoña Gómez y el hermano del presidente del Gobierno, las adjudicaciones de obra pública vinculadas a Santos Cerdán, el caso de las mascarillas con Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, así como las diligencias que afectan al fiscal general del Estado.
En conjunto, cerca de una veintena de personas que han ocupado cargos de elevada responsabilidad institucional aparecen investigadas o implicadas en estas causas.
Entre ellas hay un expresidente del Gobierno, un exministro, el fiscal general del Estado, dos exsecretarios de Organización del PSOE, un expresidente de la SEPI, un exvicepresidente socialista de la Junta de Andalucía, un exalto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, un exdiputado en el Congreso, un exdirector general del Gobierno de Canarias, un exsecretario general del PSOE de Extremadura, un expresidente de una diputación, una asesora de La Moncloa vinculada al caso Begoña Gómez, un exdirector general de Carreteras o la expresidenta de ADIF. Y es perfectamente posible que esta relación aún no se haya cerrado.
Ante esta acumulación de casos, cabe preguntarse.
¿Cómo es posible que una misma organización política concentre un volumen tan extraordinario de investigaciones sin que, según se nos dice, nadie en lo más alto supiera absolutamente nada?
¿Es creíble que el presidente del Gobierno, máximo responsable político del partido, desconociera sistemáticamente lo que sucedía a su alrededor? Y si realmente lo desconocía, ¿qué dice eso de la cultura interna de la organización que dirige? Porque ambas hipótesis son inquietantes: o bien existía conocimiento, o bien existía una incapacidad de control incompatible con una buena gobernanza.
Pero la corrupción no solo degrada a las instituciones. También transforma el espacio público.
Ha terminado ocupando un puesto mediático comparable al del fútbol. Las tertulias políticas han sustituido a la prensa del corazón. Los programas que mayor audiencia obtienen son aquellos que prometen una nueva exclusiva judicial. Cada grabación, cada informe policial y cada declaración ante el juez alimentan una industria de la indignación permanente.
Esta situación es profundamente insana. Una democracia no puede vivir instalada indefinidamente en ese clima. La corrupción asfixia al debate público porque lo acaba absorbiendo todo.
Los problemas reales —la vivienda, la natalidad, la productividad, la inmigración, la calidad institucional o la educación— desaparecen bajo un alud incesante de escándalos.
Y, sin embargo, cuando habría que abrir las ventanas para que entrase aire limpio, Sánchez opta por tapiarlas.
Aquí aparece el segundo gran fenómeno de nuestro tiempo: la propaganda política disfrazada de publicidad institucional.
El caso de TVE resulta especialmente significativo. Se pueden tener opiniones distintas sobre cualquier investigación judicial. Se pueden discutir interpretaciones o matices. Lo que no es admisible es construir una realidad paralela en la que los hechos queden subordinados al relato político. Cuando una televisión pública deja de servir al pluralismo para convertirse en un instrumento de legitimación del poder, entra en una deriva que recuerda demasiado al universo orwelliano, donde el relato oficial acaba pesando más que la realidad misma.
En Catalunya este modelo encuentra dos exponentes especialmente activos: Salvador Illa y Jaume Collboni.
Más allá de las subvenciones habituales en los medios de comunicación, la cantidad de publicidad institucional que reciben algunos diarios es difícilmente justificable. Hay jornadas en las que aparecen dos páginas completas de anuncios pagados con dinero público. Y lo sorprendente no es solo la cantidad, sino también el contenido.
Una campaña nos recuerda que no lanzemos petardos por la verbena. Otra recomienda beber agua y bajar las persianas cuando hace calor.
Informar a los ciudadanos es una obligación; convertir las obviedades en campañas millonarias es otra cosa. ¿Es realmente esa la función de un gobierno? ¿Considera a los ciudadanos tan carentes de criterio que hay que gastar millones recordándoles que beban agua? Sobre todo cuando estos recursos salen del bolsillo de los contribuyentes. Porque el conjunto de la publicidad institucional y de las subvenciones a los medios representa un gasto de muchos millones de euros.
La pregunta es tan simple como necesaria: ¿cuánto ha gastado este año la Generalitat en publicidad institucional, inserciones en prensa, radio, televisión y campañas de comunicación? ¿Y qué porcentaje de estos recursos se ha concentrado en medios políticamente afines? La transparencia también consiste en responder a estas preguntas.
El Ayuntamiento de Barcelona tampoco queda al margen.
Si existe una prioridad comunicativa que parece entusiasmar especialmente a Jaume Collboni es la promoción institucional de las políticas vinculadas al movimiento LGTBI. El debido respeto a toda persona es un principio irrenunciable en cualquier sociedad civilizada. Pero una cosa es garantizar derechos y otra, muy distinta, convertir una determinada agenda ideológica en el eje preferente de la comunicación institucional.
Resultaba difícil encontrar un ejemplo más expresivo que las cuatro páginas consecutivas de publicidad dedicadas al Día del Orgullo bajo lemas como «Hagamos la Barcelona de tu vida» o «Vive tu orgullo».
Ya no se trata simplemente de informar de una celebración. Se trata de promover una determinada concepción cultural y política utilizando recursos que pertenecen a todos los ciudadanos, compartan o no esa visión. ¿Se pretende que esta agenda cultural se convierta en una identidad compartida por toda la ciudad?
Y ahora se anuncia el objetivo de que Barcelona acoja el WorldPride 2030. Todo apunta a que esto comportará aún más recursos públicos, más promoción institucional y más gasto.
La cuestión de fondo no es la homosexualidad. Es la medida.
La administración pública debe representar a todo el mundo. Cuando se convierte en instrumento de promoción preferente de una determinada causa, inevitablemente deja de representar a una parte de los ciudadanos. Y esa percepción alimenta precisamente lo que después tanto se lamenta: más polarización, más rechazo social y más desconfianza.
La corrupción degrada la política. La propaganda degrada a las instituciones. Cuando ambas coinciden, el resultado es una sociedad fatigada, saturada y cada vez más escéptica.
Quizá el problema más profundo no sea ninguno de los escándalos concretos. Es la pérdida del sentido de la medida.
Porque gobernar no consiste en ocupar permanentemente el espacio mediático ni en construir un relato favorable con dinero público. Gobernar es administrar con prudencia, rendir cuentas, establecer prioridades y actuar con esa sobriedad que inspira confianza.
Cuando el poder pierde el sentido de la medida, casi todo acaba siendo excesivo: la corrupción, la propaganda, el gasto e incluso la autocomplacencia.
Y entonces la pregunta ya no es hasta dónde pueden llegar los gobernantes.
La pregunta es hasta cuándo los ciudadanos estarán dispuestos a aceptarlo.
La peor victoria de la corrupción no es robar dinero. Es conseguir que la sociedad se acostumbre. Mientras, la propaganda institucional sigue creciendo con dinero público. #corrupción #GobiernoSánchez Compartir en X
