Hay una pregunta que se cierne sobre toda esta historia de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero, valoradas oficialmente en más de 1,3 millones de euros, y que probablemente es la más sencilla de todas: ¿cómo puede acabar una fortuna de estas dimensiones dentro de la caja fuerte particular de un presidente del Gobierno?
La cuestión es especialmente relevante después de que ayer, ante el juez, Zapatero optase por el silencio. Pero el silencio judicial no impide que se dibuje con fuerza la que parece destinada a ser la principal línea de defensa: las joyas habrían sido un regalo del rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, en el 2007.
Es una explicación con ventajas evidentes.
Lo primero es que el monarca saudí murió en 2015 y, por tanto, no podrá confirmar ni matizar nada.
El segundo es que permite situar los hechos en un momento lo suficientemente lejano para que eventuales responsabilidades jurídicas hayan prescrito.
El tercero es que ofrece una apariencia de normalidad diplomática que, observada de lejos, podría parecer aceptable.
El problema es que cuando se observa de cerca, la cuestión deja de ser estrictamente jurídica para convertirse en un asunto moral y político de primer orden.
Es necesario empezar por una precisión importante. El valor atribuido a las joyas probablemente sea inferior a su valor real. La lectura detallada de las tasaciones conocidas muestra que, en numerosas piezas, se ha valorado esencialmente la piedra principal y el montaje de oro, pero no siempre las piedras complementarias, brillantes y otros elementos que forman parte del conjunto. Cuando esta valoración sea completa, la cifra aumentará.
Pero existe una segunda razón aún más significativa. La tasación se ha realizado a valor de reposición. Es decir, no refleja el precio que habría pagado un comprador en una joyería por adquirir piezas equivalentes. Si estas joyas pudieran comercializarse en el mercado legal, su valor efectivo podría superar sobradamente los dos millones de euros.
No estamos hablando, por tanto, de un reloj de compromiso, de una placa conmemorativa o de una pieza protocolaria. Estamos hablando de una verdadera fortuna.
La defensa previsiblemente argumentará que en el 2007 las normas relativas a los regalos institucionales eran distintas de las actuales. También insistirá en que cualquier eventual delito de contrabando estaría prescrito y que no existe continuidad delictiva porque se trataría de un único episodio. Igualmente, las posibles consecuencias fiscales toparían con el mismo muro temporal de la prescripción.
Corresponderá a los tribunales determinarlo.
Pero incluso aceptando, sólo a efectos dialécticos, que todas estas objeciones jurídicas fueran correctas, seguiría existiendo un enorme problema político.
Porque lo que resulta difícil de aceptar es que un presidente del Gobierno reciba un regalo millonario de otro jefe de Estado, lo conserve como propiedad privada, no lo incorpore al patrimonio público y, al abandonar el cargo, se lo lleve a casa como quien traslada una colección personal de recuerdos de viaje.
Esta conducta no necesita calificaciones penales para resultar escandalosa. El simple sentido común ya es suficiente.
Durante siglos, desde que el gobierno dejó de ser un patrimonio personal del soberano, mucho antes de que existieran leyes detalladas sobre incompatibilidades, transparencia o conflictos de interés, existía una norma más sencilla y probablemente más eficaz: el gobernante no podía enriquecerse gracias al cargo que ocupaba.
No era una cuestión de derecha o izquierda. Ni de monarquía o república. Ni de progresismo o conservadurismo. Era una regla elemental de prudencia política.
Precisamente por eso sorprende especialmente la reacción de Pedro Sánchez. Consciente de que la figura de Zapatero sigue ocupando una posición de referencia moral dentro del PSOE, el presidente del Gobierno ha intentado minimizar el impacto del asunto.
Y lo ha hecho con argumentos inquietantes.
El primero consiste en afirmar que «todos hemos recibido regalos». Naturalmente. Todos hemos recibido regalos. Pero no todos hemos recibido collares, diamantes, rubíes y prendas de oro valoradas en más de un millón de euros procedentes de un jefe de Estado extranjero.
La diferencia es tan evidente que casi resulta ofensivo tener que contarla.
El otro argumento es aún más revelador. Sánchez ha declarado que «la España de 2007 no es la España de 2026». Cierto. Objetivamente, es cierto. Pero la cuestión no es esa.
Porque las normas administrativas pueden cambiar. Las leyes pueden evolucionar. Los procedimientos pueden perfeccionarse. Lo que no cambia es el principio moral que impide a un gobernante lucrarse personalmente gracias a su cargo.
Este principio era válido en 2007. Lo era en 1907. Y lo era mucho antes.
Quizás aquí se produce una confusión característica de nuestro tiempo: la de creer que toda norma moral es simplemente una construcción temporal, una moda cultural o una convención susceptible de ser redefinida según las circunstancias.
Pero la integridad pública no funciona así.
Cuando un presidente acepta un regalo millonario y lo conserva para sí, el problema no es que la sociedad de veinte años después haya cambiado de criterio. El problema es que el criterio correcto ya existía entonces.
Por eso la cuestión de las joyas trasciende su valor económico. No se trata sólo de oro, diamantes o piedras preciosas. Se trata de saber si el ejercicio del poder es una responsabilidad al servicio del bien común o una oportunidad para acumular beneficios privados.
Y es precisamente ahí donde la defensa de Zapatero presenta su principal debilidad.
Porque incluso si lograra evitar cualquier condena penal, quedaría intacta la pregunta que ha dado origen a todo ese episodio.
¿Cómo puede acabar una fortuna de más de dos millones de euros en la caja fuerte particular de un presidente del Gobierno sin que nadie considere que hay algo profundamente equivocado?
Y más aún: si la defensa acaba basándose en justificar la propiedad privada de estas joyas, ¿no estará reconociendo implícitamente un evidente afán de lucro personal? Y si ese afán de lucro queda acreditado por la propia naturaleza de la defensa, ¿no refuerza precisamente la credibilidad de la trama descrita en el sumario?
Ésta es, probablemente, la pregunta más interesante de todas.
La cuestión no es si la España de 2007 era distinta a la de 2026. La cuestión es si la ética pública también ha cambiado. #Zapatero #PSOE Compartir en X
