La investigación sitúa al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero como figura central de una trama que, según el juez instructor, habría operado para influir en decisiones administrativas y canalizar dinero público a través de un entramado de sociedades vinculadas a asesorías ficticias y contratos simulados.
Según el auto, la red tenía un objetivo claro: conseguir el rescate de Plus Ultra aprovechando contactos dentro del Ministerio de Hacienda, la SEPI y otros organismos públicos. La resolución judicial sostiene que las comunicaciones interceptadas muestran una constante coordinación entre empresarios, asesores y personas del entorno político para acelerar la aprobación de la ayuda pública.
Uno de los elementos más delicados del caso es el supuesto uso de influencias políticas. El juez recoge numerosos mensajes y conversaciones en las que varios implicados hablan de intervenciones directas con ministros y altos cargos. En una conversación citada en el auto, uno de los investigados afirma textualmente: “Tocamos a Ábalos», en referencia al exministro José Luis Ábalos, mientras en otros mensajes se habla de conseguir reuniones con responsables de la SEPI o del Ministerio de Transportes.
El auto considera que estos contactos no serían meras gestiones institucionales, sino actuaciones orientadas a alterar el proceso administrativo en beneficio de Plus Ultra. El magistrado sostiene que existen «indicios consistentes» que apuntan a una «estructura organizada dedicada al ejercicio ilícito de influencias».
Facturas sospechosas y sociedades instrumentales
La resolución judicial describe también una presunta red de sociedades instrumentales creadas para dar apariencia legal a los movimientos económicos. Entre las empresas investigadas aparecen Análisis Relevante SL, Whathefav SL, Gate Center, Sofgestor SL e Inteligencia Prospectiva SL. Según el juez, estas mercantiles habrían emitido facturas por servicios inexistentes o sin actividad real para justificar transferencias de dinero relacionadas con el rescate.
La pieza clave de este engranaje sería Análisis Relevante SL, empresa controlada formalmente por Julio Martínez Martínez pero que, según la investigación, actuaría bajo las instrucciones de Zapatero. El auto sostiene que la sociedad recibía fondos de Plus Ultra y posteriormente redistribuía el dinero hacia otras empresas vinculadas.
Los investigadores destacan que muchas de las facturas analizadas presentan conceptos genéricos, importes fragmentados y servicios poco acreditados. Algunos documentos hacen referencia a “asesoramiento estratégico”, “apoyo institucional” o “asistencia técnica global”, sin pruebas claras del trabajo efectivamente realizado.
Otra de las sospechas graves es la posible manipulación de la situación financiera de Plus Ultra para justificar el acceso al dinero público. El auto afirma que la compañía mantenía importantes deudas con la Seguridad Social y una situación económica comprometida que, según varios informes, habría dificultado el cumplimiento de los requisitos exigidos para recibir la ayuda estatal.
Sin embargo, la investigación sostiene que se elaboraron informes y documentos para presentar una imagen financiera más favorable. En este punto, el juez considera relevante el papel de asesores y consultoras que habrían participado en la preparación de documentación destinada a reforzar la aparente viabilidad de la aerolínea.
El rastro del dinero y las conexiones internacionales
El auto también apunta a movimientos de dinero con conexiones internacionales. Parte de los flujos económicos habría pasado por sociedades vinculadas a Dubái y otras jurisdicciones extranjeras. La investigación destaca especialmente la creación de una sociedad llamada Landside Middle East FZC, con sede en Dubái, que, según los investigadores, podría haber sido concebida para encauzar futuros ingresos internacionales.
Los investigadores sospechan que esta estructura internacional podría haber tenido una doble función: facilitar operaciones comerciales en el exterior y, al mismo tiempo, dificultar el rastreo del dinero. Por este motivo, el auto incluye referencias específicas a posibles conductas de blanqueo de capitales.
Registros, dispositivos electrónicos y nuevas pruebas
La resolución judicial también dedica muchas páginas a justificar los registros policiales autorizados. El juez avala la entrada y registro en domicilios y oficinas vinculadas a los investigados, incluidos despachos profesionales y sedes societarias en Madrid. Entre los lugares registrados se encuentra la oficina utilizada por Zapatero en la calle Ferraz, así como domicilios y sedes mercantiles relacionadas con el entramado.
El objetivo de estas actuaciones era localizar ordenadores, teléfonos móviles, documentación contable, correos electrónicos y dispositivos de almacenamiento masivo. El juez considera que estos materiales pueden contener pruebas esenciales sobre el origen de los fondos, instrucciones internas y comunicaciones entre los implicados.
El auto destaca especialmente la importancia de los dispositivos electrónicos, puesto que buena parte de las sospechas se basan en conversaciones de WhatsApp, correos y audios intervenidos durante la investigación. En muchos de estos mensajes se habla de pagos, reuniones con responsables políticos y fórmulas para “mover” o “justificar” dinero.
¿Qué delitos investiga el juez?
La resolución no implica todavía condenas ni responsabilidades penales definitivas. El procedimiento se encuentra en fase de instrucción y todos los investigados mantienen la presunción de inocencia. Sin embargo, el tono del auto es especialmente contundente a la hora de describir los indicios detectados.
El juez considera que existen elementos suficientes para investigar posibles delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. También sostiene que los movimientos económicos detectados no responden a una actividad mercantil ordinaria, sino a una operativa «articulada para ocultar la verdadera naturaleza de los pagos».
El caso Plus Ultra vuelve así al centro del debate político y judicial. El rescate de la aerolínea había generado ya una fuerte polémica pública desde que el gobierno aprobó la ayuda en plena pandemia. Ahora, con esta nueva línea de investigación, el foco deja de ser únicamente la legalidad del rescate y pasa a concentrarse en la posible existencia de una trama organizada para obtener y redistribuir fondos públicos a través de influencias políticas y sociedades instrumentales.
¿De mediador internacional a presunto 'conseguidor'? El nombre de Zapatero aparece en el centro de la investigación. #Zapatero #PlusUltra Compartir en X
