Pedro Sánchez ha decidido convertirse en el gran protagonista de la campaña andaluza. Lo hace para apuntalar a María Jesús Montero, vicepresidenta, ministra de Hacienda y, como ella misma se definió, “la mujer con más poder de España”.
El presidente comparece, repite cifras, exhibe gráficos y proclama éxitos económicos con una seguridad casi litúrgica. Todo parece avanzar. Todo parece funcionar. Todo parece demostrar que España atraviesa una etapa de prosperidad inédita.
Pero el problema de las medias verdades es que suelen ser las mentiras más eficaces. No inventan por completo la realidad: la deforman. Seleccionan un fragmento cierto y ocultan el resto del cuadro. Y esa es, precisamente, la técnica política que Sánchez ha perfeccionado hasta convertirla en un método de gobierno.
El primero de sus grandes argumentos es el crecimiento del PIB.
España, insiste, crece mucho más que la media de la eurozona. Y es cierto. Pero esa verdad queda mutilada cuando se oculta el dato decisivo: la renta per cápita española continúa alejándose de la media europea. Cada español recibe una porción relativamente menor de esa riqueza que se proclama desde La Moncloa.
El caso más simbólico es Polonia. Todo apunta a que este mismo año el PIB per cápita polaco, medido en paridad de poder adquisitivo, superará al español. Conviene recordar de dónde partía Polonia cuando ingresó en la Unión Europea. Mientras ellos ascendían escalones, nosotros los descendíamos lentamente.
El crecimiento español se apoya, en buena medida, en un fuerte aumento de población derivado de la inmigración masiva. El pastel es mayor, sí, pero se reparte entre muchos más comensales. El resultado es una sociedad en la que la riqueza agregada aumenta mientras el bienestar individual apenas progresa.
El segundo gran relato oficial es el de las pensiones.
Sánchez se presenta como el protector de los jubilados porque revaloriza las prestaciones conforme al IPC. También aquí existe una parte cierta. Pero lo que jamás explica es el gigantesco deterioro estructural de la Seguridad Social.
El sistema arrastra déficits crecientes que solo se sostienen mediante transferencias del Estado y nuevo endeudamiento. La reciente tensión con Alemania y con la Comisión Europea por el uso de fondos Next Generation para cubrir agujeros del sistema de pensiones es un síntoma alarmante. España está financiando gasto estructural con recursos extraordinarios.
Existe, además, una realidad incómoda que el Gobierno evita cuidadosamente mencionar: en España, de forma generalizada, se cobra en pensiones más de lo que se ha cotizado a lo largo de la vida laboral. El desequilibrio aumenta especialmente en los tramos más bajos. A ello se suma una población inmigrante cada vez más envejecida y una nueva regularización masiva que, dentro de unos años, también generará derechos pasivos. El problema no desaparece: simplemente se desplaza hacia adelante con una carga todavía mayor.
El tercer elemento del discurso oficial es el salario mínimo.
Aquí Sánchez puede atribuirse un éxito político real. La subida del SMI ha tenido efectos positivos evidentes para muchos trabajadores. Pero incluso las políticas acertadas pueden ocultar síntomas preocupantes.
Lo verdaderamente significativo no es solo que el salario mínimo haya subido, sino que el salario más frecuente en España se haya aproximado peligrosamente a él. La distancia entre ambos apenas supera el 14 %. Eso significa que millones de trabajadores viven en una franja salarial extremadamente estrecha y vulnerable. La compresión salarial refleja el empobrecimiento progresivo de las clases medias y trabajadoras.
Mientras tanto, la vivienda se ha convertido en un lujo inaccesible para buena parte de los jóvenes y las familias. La alimentación, la energía y los costes básicos han aumentado con intensidad. El resultado es una percepción social cada vez más extendida: mucha gente vive peor que hace diez años, aunque las estadísticas macroeconómicas brillen en las comparecencias oficiales.
La cuarta gran bandera del Gobierno son los récords de afiliación a la Seguridad Social.
De nuevo, el dato existe. Pero necesita contexto. Una parte importante del crecimiento corresponde a los trabajadores fijos discontinuos, que continúan computando como afiliados aunque pasen largos periodos sin actividad efectiva y con prestaciones asumidas parcialmente por el Estado.
El artificio estadístico permite presentar un mercado laboral más sólido de lo que realmente es. Y, además, introduce otra anomalía preocupante: cada vez más personas reciben del Estado más recursos de los que aportan. El equilibrio fiscal y social empieza a tensarse peligrosamente. Una sociedad no puede sostener indefinidamente un modelo en el que una mitad soporta de forma creciente el peso financiero de la otra.
La quinta media verdad afecta al déficit público.
Sánchez presume de haberlo reducido. Y, técnicamente, tiene razón cuando se mide como porcentaje del PIB. Pero el volumen absoluto de deuda sigue creciendo en euros corrientes. España debe más dinero que antes. Mucho más.
El crecimiento del PIB ha sido alimentado también por la inflación. Cuando los precios suben, el tamaño nominal de la economía aumenta automáticamente. Eso ayuda a maquillar ratios, pero no reduce realmente la mochila de deuda que cargarán las próximas generaciones.
España no es un país arruinado. Pero tampoco es el oasis que describe la propaganda gubernamental.
El verdadero problema no es la existencia de dificultades, sino la negativa sistemática a afrontarlas en toda su profundidad. El sanchismo ha convertido la política económica en una gigantesca operación de comunicación en la que solo se exhiben los indicadores favorables mientras se ocultan cuidadosamente las fracturas estructurales.
Porque gobernar no consiste únicamente en administrar el presente. Consiste, sobre todo, en no hipotecar el futuro mientras se proclama que todo va bien.
