Hay juicios que no solo sirven para esclarecer delitos. También retratan a un país. Y el de la familia Pujol, después de tantos años de instrucción, registros, titulares, filtraciones, declaraciones solemnes y una expectación casi obsesiva, deja una sensación extraña: mucho ruido y poca materia sólida.
Con las conclusiones del fiscal Fernando Bermejo, el proceso entra en su recta final. Ahora solo queda esperar a la sentencia. Pero esta espera no es menor, porque lo que acabe decidiendo el tribunal marcará mucho más que el destino penal de unos acusados. Pondrá a prueba hasta qué punto la justicia española es capaz de separar la condena jurídica de la condena política.
Y ahí aparece el gran problema del caso.
Porque, tras años de investigación, tras la intervención de policías, informes, sospechas y reconstrucciones, lo que ha quedado visible en el juicio es una ausencia sorprendente: no hay ningún documento determinante, ninguna prueba directa, ni siquiera un conjunto de indicios mínimamente consistentes que acrediten que Jordi Pujol padre, Jordi Pujol Ferrusola o el resto de la familia hubieran cobrado comisiones ilegales aprovechando el poder político de Convergència y de la Generalitat.
La acusación habla de organización criminal. Pero una organización criminal necesita mecanismos, órdenes, transferencias vinculadas a favores, intermediarios, testigos fiables, contraprestaciones demostrables. Y esto es precisamente lo que no aparece.
Lo que sí aparece es una acumulación de presunciones policiales. Hipótesis. Convicciones personales de los investigadores. Intuiciones convertidas en relato. Pero, cuando llega la hora decisiva, la de llevar ante el tribunal una prueba tangible, todo resulta sorprendentemente vaporoso.
Y esta debilidad aún pesa más porque sobre toda la investigación sigue planeando la sombra de la llamada “policía patriótica”. El fiscal Bermejo se ha apresurado a negarlo, pero la sospecha no desaparece simplemente porque alguien la desmienta. Demasiados episodios de los últimos años han dejado claro que una parte de los aparatos del Estado actuó políticamente contra el independentismo y contra todo lo que representaba el pujolismo, que no es lo mismo.
Esto no convierte automáticamente a los Pujol en inocentes. Pero obliga a extremar las garantías. Y, sobre todo, obliga a no confundir animadversión política con prueba penal.
Sin embargo, la propia dureza de la intervención del fiscal parecía confirmar esta frontera borrosa. Cuando Bermejo reprocha a Jordi Pujol que ocultaba dinero mientras Catalunya proclamaba «España nos roba», abandona el terreno estrictamente jurídico y entra en el de la recriminación política y moral. Quizá tenga eficacia retórica. Pero judicialmente es otra cosa.
Porque el núcleo real del caso es bastante más concreto.
El padre, Florenci Pujol, dejó dinero en Andorra pensando en el futuro de su hijo y su familia. Vista la historia española del siglo XX, incluidos el golpe de Estado de Tejero y otras tentativas autoritarias, la prudencia de muchos patrimonios catalanes de mantener recursos fuera de España no era excepcional. Jordi Pujol no declaró ese dinero. Aquí había un delito fiscal evidente. Pero es un delito ya prescrito, y él mismo se ha quedado fuera de la causa por razones de edad y salud.
Entonces, ¿qué queda?
Sobre todo, queda la figura de Jordi Pujol Ferrusola.
Y ahí es donde la causa parece entrar en un terreno mucho más ambiguo. El hijo mayor ha hecho negocios, ha buscado inversiones, ha gestionado oportunidades, ha actuado como ese tipo de hombre bien relacionado que conoce a mucha gente y se mueve por todas partes. Pero esto, en sí mismo, no constituye delito alguno.
La pregunta esencial sigue sin una respuesta clara: ¿qué hizo exactamente de ilegal Jordi Pujol Ferrusola y cómo se constata?
No especulaciones. No intuiciones policiales. No deducciones morales. Hechos.
Y precisamente aquí reaparece un detalle extraordinario: Victoria Álvarez, pieza clave en el origen mediático y policial del caso, no compareció en el juicio pese a ser citada por la defensa. La circunstancia es devastadora para la solidez acusatoria. Más aún si se recuerda que, a pesar de la trascendencia de sus afirmaciones iniciales, la acusación nunca mostró interés en hacerla declarar en sede judicial con todas las garantías y contradicciones propias de un proceso penal.
Es difícil no ver una enorme fragilidad.
También en el ámbito financiero, lo que había sido presentado durante años casi como un misterio insondable acabó encontrando una explicación relativamente coherente. El legado inicial, mantenido durante décadas, había generado rendimientos e inversiones que permitían justificar la evolución de los capitales depositados en Andorra. Que las inversiones fueran buenas no es prueba delictiva. Si ganar dinero fuera indicio de delito, media economía española debería sentarse en el banquillo.
En el fondo, el caso Pujol parece reflejar también la necesidad española de destruir simbólicamente lo que Jordi Pujol representó durante más de veinte años. No se juzga solo a una familia. Se juzga una época entera de Cataluña. Y esa dimensión política lo contamina todo.
Por eso, una eventual condena muy severa con una base probatoria tan discutible proyectaría inevitablemente la idea de una sentencia ejemplarizante, casi de escarmiento. Una justicia que quisiera compensar con castigo lo que no puede demostrar con contundencia.
Y esto sería muy grave. Sobre todo porque acabaría debilitando la credibilidad de la propia justicia.
Al final de todo, el balance es desconcertante. Hay un fiscal que acusa. Hay policías convencidos de lo que piensan. Existe una gran narrativa pública construida durante años. Pero sigue faltando lo esencial en cualquier estado de derecho: una prueba mínimamente concluyente.
Y sin prueba, por mucha irritación política que exista, una democracia madura no condena. O no debería condenar.
La dureza del fiscal parecía más una recriminación política que una demostración jurídica.” #FernandoBermejo #CasoPujol Compartir en X
