Necesitamos una palabra serena, pero también una palabra íntegra sobre la inmigración. No una palabra excitada, no una palabra que distribuye culpas, no una palabra hecha de consignas, sino una palabra de gobierno. Porque cuando una sociedad deja de pensar con verdad un fenómeno que la transforma de forma tan profunda, lo que llega no es la convivencia, sino el desconcierto; no es la cohesión, sino la fragmentación; no es la justicia, sino la suma de agravios cruzados.
Los fundamentos y principios de los que partimos
Toda toma de posición sobre un asunto colectivo o político exige, para garantizar su razonabilidad en un marco de pluralismo democrático, definir sus fundamentos y principios; es decir, los criterios a partir de los cuales se actúa.
Los nuestros, de ámbito universal y al mismo tiempo encarnados en cada país concreto, los formulamos en estos términos: la inmigración masiva genera una tensión ética estructurada entre tres principios inseparables: el derecho de la persona a emigrar, el deber de acogida e integración, y la responsabilidad de los Estados de preservar el bien común.
En primer lugar, existe un derecho natural a emigrar, especialmente cuando la dignidad humana se ve amenazada por la pobreza, la guerra o la carencia de oportunidades. Pero este derecho se completa con otro aún más decisivo olvidado a menudo: el derecho a no tener que emigrar, que obliga a actuar sobre las causas estructurales (desarrollo, justicia económica, paz) para que la migración sea una opción libre y no una imposición de infaustas condiciones de vida. Esto exige facilitar el desarrollo integral de los países de origen. El objetivo es que la migración deje de ser una necesidad imperativa por hambre o guerra y pase a ser una opción libre.
En segundo lugar, ese derecho no se traduce en un derecho absoluto a inmigrar. Aquí aparece el principio clave de ordenación política: los estados tienen el derecho y el deber de regular los flujos migratorios de acuerdo a sus capacidades reales. Esta regulación es legítima si se fundamenta en el bien común previo, que incluye la seguridad, la cohesión social, el funcionamiento del mercado de trabajo, la sostenibilidad de las políticas sociales y la efectiva capacidad de integración cultural y cívica.
En tercer lugar, esta regulación no anula sino que orienta el principio de acogida, que exige una actitud activa de reconocimiento del otro como persona: acoger, proteger, promover e integrar. Esto implica garantizar los derechos humanos fundamentales de toda persona, independientemente de su estatus, pero dentro de un marco jurídico que posibilite una convivencia real y no meramente declarativa. El inmigrante, a su vez, debe respetar el patrimonio material y espiritual del país de acogida, obedecer a sus leyes y contribuir a sus cargas, lo que muestra una integración recíproca y no unilateral.
En definitiva: la inmigración es legítima y moralmente exigible en la medida en que se produce en condiciones y magnitud compatibles con el bien común, mientras que su horizonte último es eliminar las causas que la hacen necesaria.
Dicho de otra forma, teniendo en cuenta que cada inmigrante es el sujeto único e irrepetible de su propia historia. No es un número; es una persona.
La situación
España es ya uno de los países de Europa que acoge a más personas nacidas en el extranjero. Cerca de uno de cada cinco habitantes, menos que Alemania (21%) o Suecia (20,8%), pero más que Francia (14%) o Italia (11,8%). Ha sido el país de la UE con más llegadas en los años recientes, y donde ha crecido más, junto con Alemania, desde los inicios de siglo, con un aumento acelerado desde 2022. En 2002 eran el 6% de los residentes para alcanzar el 20% en 2020. En la cohorte de población cada 4 personas. Son el 24% del total de activos y han ocupado la mayoría de puestos de trabajo generados en el período 2021-2025, el 68%. España presenta saldos migratorios netos de +727.000 personas en el 2022, +642.000 en el 2023, +626.000 en el 2024 y una estimación cercana a +560.000 en el 2025. Estas cifras dibujan un cambio de composición demográfica extraordinariamente rápido, y es ese ritmo, tanto como el volumen, lo que altera la calidad del fenómeno.
El hecho de que esta población sea en su gran mayoría de origen hispanoamericano facilita las relaciones y su vinculación por el vínculo de la lengua y fundamentos culturales compartidos. No es un dato menor, por el contrario, el compartir la fe y la cultura cristiana por las mismas razones.
La inmigración no se distribuye de forma homogénea en el territorio de España. En Baleares: un 27% de la población ha nacido en el extranjero, Cataluña 26% (35% en Barcelona; 41% en la segunda ciudad de Cataluña, L’Hospitalet del Llobregat). Comunidad de Madrid: un 25%, Comunidad Valenciana: un 24% e Islas Canarias: un 23%.
En Cataluña, la población de entre 22 a 45 años, los nacidos en el extranjero son el 45% y representan el 83% de los puestos de trabajo creados entre 2021 y 2024. El caso catalán acumula más población de origen africano y sobre todo magrebí. Este hecho y la existencia de la lengua y cultura catalana sorprende a todos los recién llegados, unida a la magnitud e intensidad del flujo inmigratorio, ha generado un especial impacto, hecho que se hace evidente, por ejemplo, en las dificultades de gestionar la diversidad en la escuela y sus consecuencias sobre los resultados escolares.
No estamos hablando, pues, de un fenómeno marginal, sino de una transformación estructural, acelerada y de enorme alcance en los últimos años.
Cuando las condiciones cuantitativas cambian de forma tan brusca, aparecen inevitablemente los cambios cualitativos. Es aquí donde es necesario rechazar dos falsedades simétricas: la primera, según la cual toda crítica al modelo migratorio es xenofobia; la segunda, según la cual todo inmigrante es por definición una amenaza. Ambas son simplificaciones indignas de un país serio. El problema real no es la persona que llega, sino el modelo político, económico y cultural con el que se la recibe, se la acumula, se la distribuye mal o sencillamente se la abandona. Lo que tenemos hoy en Cataluña y en España no es una política de la inmigración, sino una suma de permisividades, improvisaciones y externalizaciones del control, combinada con una incapacidad notoria para pensar la integración cívica, la reciprocidad cultural y los límites materiales de la acogida.
En el ámbito económico, el primer gran error ha sido convertir la inmigración en una coartada para evitar los problemas de fondo de nuestro modelo productivo. La inmigración masiva puede acrecentar el PIB y aportar fuerza de trabajo a corto plazo, pero esto no implica mejora de la renta per cápita ni de la productividad. Al contrario: la disponibilidad de mano de obra abundante y barata tiende a consolidar sectores de baja productividad –hostelería, turismo, servicios personales, agricultura, construcción auxiliar– y a desincentivar la innovación y la mejora de la productividad total de los factores. Es decir: la tarta puede crecer, pero si crece sobre todo por adición de mano de obra de bajo valor añadido, las porciones individuales no mejoran mucho y el país retrocede en convergencia real. España ha descendido al puesto 18º de renta per cápita dentro de la UE-27 y que el valor del capital humano per cápita se situaba en 2021 en 320.975 euros, después de haber caído un 19,1% desde el año 2000.
El capital humano medio de la reciente inmigración se aproxima, a través de la brecha salarial, a un 67% del capital humano de los nativos. Y el debate sobre si la inmigración “paga las pensiones” queda fuertemente matizado cuando se observa el ciclo vital fiscal completo: varios estudios citados sitúan el umbral de equilibrio fiscal entre 24.000 y 26.000 euros brutos anuales, mientras que por encima de los 28.000 euros se entra en una contribución neta. Pero buena parte de la reciente inmigración se sitúa en sectores de salarios de entre 17.000 y 22.000 euros anuales. Un hogar con dos adultos en estos sectores suma unos 34.000 euros al año, lejos de los aproximadamente 52.000 euros que se necesitarían para equilibrar fiscalmente a una familia con hijos. Esto no invalida la aportación real de los inmigrantes a corto plazo; invalida, en cambio, la leyenda de que la inmigración masiva, tal y como hoy se produce, resuelve por sí sola el envejecimiento, las pensiones o el desequilibrio del Estado social. Por el contrario acentúa el desequilibrio, porque A/ como el resto de ciudadanos percibirán más pensión que la cotizada, del orden del doble o más en el horizonte 2014; un 63% más ahora. B/ su balanza generacional para la mayoría será negativa; al final de su vida habrán percibido más recursos de los que han pagado.
La diferencia entre un escenario de baja y de alta inmigración en el peso de las pensiones sobre el PIB sería sólo de uno a dos puntos en 2050, lo que debe ponderarse con el aumento paralelo de costes sociales, educativos, sanitarios y de vivienda asumidos por las administraciones públicas. El balance, por tanto, no puede ser reducido a una contabilidad superficial de cotizaciones presentes; exige mirar todo el recorrido vital, las cargas públicas asociadas y la calidad de los puestos de trabajo que se están creando.
La cuestión demográfica añade otra capa de gravedad. España registró en febrero de 2025 sólo 24.136 nacimientos, un 2,83% menos que un año antes; en el conjunto de enero y febrero de 2025, 51.306 nacimientos, el nivel más bajo para este período desde 2016. El descenso acumulado de los nacimientos de febrero desde 2015 alcanza el 23%. La fecundidad total se situaba en 2023 en 1,12 hijos por mujer. A pesar de este desastre, España sólo destina el 1,3% del PIB a prestaciones familiares, lejos del 2,2% de la media europea, y muy por debajo del 2,4% de Francia y Dinamarca. Por eso es intelectualmente tramposo presentar la inmigración como el remedio natural a la crisis demográfica mientras se desatienden las políticas familiares, la estabilidad laboral, la fiscalidad sobre las familias y las condiciones materiales para formar un hogar. Lo que no quiere resolverse a través de la natalidad propia no puede suplirse indefinidamente importando población ajena sin conflicto social y consecuencias económicas. Las políticas de la Generalitat de Cataluña no mejoran esta situación, sino que la empeoran por la mayor presión fiscal, el menor retorno en prestación de servicios básicos, y la falta de ayudas específicas para las familias con hijos dotados de una mínima significación.
La inmigración no sólo incide sobre el mercado de trabajo o sobre el Estado del bienestar; incide directamente sobre la lengua y la cultura y la forma de convivencia.
A esto se añade el fracaso de las instituciones que deberían haber actuado como mecanismos de transmisión e integración cultural.
Existe, además, una consecuencia material que ya pesa sobre la vida ordinaria de los ciudadanos: la vivienda . Entre 2022 y 2025 la inmigración habría generado más de un millón de nuevos hogares en España: aproximadamente 288.000 en 2022, 254.000 en 2023, 248.000 en 2024 y unas 224.000 en 2025. En cambio, la construcción de viviendas acabadas fue de unas 89.000 en 2022, 89.000 en 2023 y alrededor de 101.000 en 2024. El desequilibrio acumulado podría superar el medio millón de viviendas. Según este mismo diagnóstico, el impacto del choque de demanda derivado de la inmigración habría contribuido con entre 3 y 5 puntos porcentuales acumulados en el aumento de los precios de la vivienda entre 2022 y 2024, y con entre 1 y 2 puntos en el alquiler. Mientras, el alquiler medio en España ha pasado de 9,2 €/m² en 2017 a 12,1 €/m² a finales de 2023 y alrededor de 14 €/m² en febrero de 2025, casi un 50% más; en Barcelona, en 2023 superaba ya los 18 €/m². Aquí la relación causal no se puede seguir escondiendo bajo generalidades: si aumentas muy rápidamente la población y no tienes suficiente oferta residencial, condenas a los jóvenes, las familias y las rentas modestas a una competencia cada vez más dura por un bien escaso.
También deben afrontarse con franqueza los efectos sobre los servicios públicos y la cohesión en los barrios. Existe una presión añadida sobre escuelas en barrios de alta inmigración, sobre la atención primaria y sobre los sistemas de acogida. En el caso de Canarias, se expone la insuficiencia de las respuestas estatales ante la llegada de menores no acompañados: se planteó redistribuir 400 frente a los 6.000 acogidos por el archipiélago, y se recuerda igualmente que el 41% de los menores de 25 años sin techo habían estado antes tutelados por la Generalitat, según la advertencia citada de Arrels. Es decir, la debilidad institucional no perjudica sólo al autóctono vulnerable; también condena a muchos inmigrantes o hijos de inmigrantes a itinerarios de desarraigo, fracaso escolar, dependencia y exclusión. Ningún humanitarismo es digno de ese nombre si se limita a dejar entrar sin asegurar después las condiciones mínimas de integración y dignidad.
La respuesta que necesitamos
La respuesta que necesitamos no debe ser sentimental ni brutal, sino política en el sentido más elevado del término. Es preciso asumir, primero, que la inmigración sólo es justa cuando es gobernable; segundo , que sólo es socialmente fecunda cuando es integrable; tercero , que sólo es compatible con la continuidad cultural y lingüística cuando incorpora una exigencia clara de lealtad cívica y adaptación a la cultura del país; cuarto , que sólo es económicamente razonable cuando no sirve para cronificar un modelo de salarios bajos, baja productividad y dependencia residencial; y quinto, que no puede sustituir indefinidamente ni la natalidad propia ni la responsabilidad de unas políticas familiares y de vivienda que hace demasiado tiempo que fallan.
Es necesario, pues, recuperar una jerarquía de prioridades. El primer deber es asegurar las fronteras y el control real de los flujos, porque una comunidad política que no regula quién entra y en qué condiciones renuncia a una parte esencial de su soberanía. El segundo es sustituir la regularización oportunista y las vías fraudulentas por un régimen claro, exigente y estable. El tercero es vincular la acogida a la capacidad efectiva de vivienda, escuela, sanidad y mercado laboral formal. El cuarto es orientar la inmigración, en lo posible, hacia perfiles e itinerarios que refuercen el capital humano del país, en lugar de alimentar a sectores instalados en la baja calificación. El quinto es construir una auténtica política de integración, conocimiento de las leyes, reciprocidad entre derechos y deberes, y tolerancia cero frente a las formas de segregación cultural, religiosa o de sexo, incompatibles con el orden constitucional y con la cultura del país. El sexto es emprender, al mismo tiempo, una política robusta de natalidad, familia y vivienda, porque ningún pueblo puede delegar indefinidamente su continuidad en la llegada constante de otros pueblos. Y séptimo, impulsar con urgencia y en el marco de la UE una vigorosa política de desarrollo y paz de los países que viven en condiciones que fuerzan a su gente a emigrar masivamente.
En definitiva, la gran cuestión no es si necesitamos a inmigrantes en algún grado. La cuestión es si pueden seguir soportando este modelo concreto de inmigración masiva, acelerada, de baja integración y de escasa exigencia institucional sin pagar un precio cada vez mayor en cohesión, lengua, vivienda, productividad, equidad intergeneracional y continuidad nacional: no estamos ante un ajuste marginal, sino ante un cambio de régimen demográfico. Y cuando un país entra en un cambio de esa magnitud, callar por prudencia aparente es, en realidad, la forma más temeraria de irresponsabilidad.
La declaración de altura que conviene formular es, pues, ésta: España y en ella Cataluña debe gobernar la inmigración desde el bien común, desde la verdad de los números y desde el respeto simultáneo a la dignidad humana y a la continuidad histórica de la sociedad receptora. Sin odio a quienes llegan, pero sin mentiras a quienes ya están allí. Sin abstracciones sentimentales, pero sin deshumanización. Con justicia, con prudencia, con fortaleza y con una voluntad explícita de preservar lo que vertebra, que tiene en la solidaridad entre personas y territorios uno de sus lazos fundamentales junto a una cultura e historia comunes a las que no puede renunciar.
