Cuando Salvador Illa llegó a la presidencia de la Generalitat, fijó una idea: «prosperidad compartida». Era un buen lema. Sugería estabilidad, gestión, eficacia y una mejora tangible de la vida cotidiana. Un gobierno menos épico y más útil. Menos relato y más resultados.
Estamos cerca del medio mandato. La pregunta pertinente es simple: ¿qué ha mejorado realmente para el ciudadano corriente?
La respuesta más visible es, paradójicamente, la más inquietante: ha mejorado sobre todo la presencia del Gobierno en los medios de comunicación a través de la publicidad institucional. Páginas y más páginas de anuncios, campañas y mensajes corporativos han aportado oxígeno a muchas empresas periodísticas. Es una prosperidad, sí, pero sobre todo para el sistema mediático que vive del presupuesto público.
Para el contribuyente, la percepción es otra.
Cataluña sigue soportando una de las presiones fiscales más elevadas del Estado, con una aportación especialmente intensa de las rentas medias urbanas. Se trabajan más meses que en otros territorios para satisfacer las exigencias del conjunto de las administraciones, pero este esfuerzo no se traduce en una administración más ágil ni en servicios claramente superiores.
Aquí radica la primera gran contradicción del mandato: se recauda mucho, pero el retorno en calidad institucional sigue siendo bajo.
La Sindicatura de Greuges lo ha dejado claro: la lentitud administrativa, la burocracia y la obsolescencia de los procedimientos se han convertido en una de las principales fuentes de queja ciudadana. Más de la mitad de las reclamaciones apuntan, directa o indirectamente, a esta cuestión.
Illa responde a ese deterioro con su estilo característico: impasibilidad gestual y silencio narrativo.
En el ámbito sanitario, la situación es aún más elocuente. Las listas de espera siguen batiendo récords. La visita al especialista supera ya los 118 días de media, por encima de los 104 del período anterior. Las pruebas diagnósticas —ecografías, resonancias, TAC— se alargan hasta los 82 días, y en especialidades como oftalmología o urología los plazos pueden acercarse al medio año.
El dato más expresivo es otro: 250.000 personas esperan una prueba diagnóstica, cuando el año anterior no llegaban a 200.000.
La sanidad pública no se ha desmoronado, pero cada vez está más tensionada y ni siquiera muestra un horizonte creíble de mejora. Y si la sanidad y la educación —hundida desde hace años— no funcionan bien, la pregunta es inevitable: ¿qué queda de los cimientos del estado del bienestar?
La respuesta amarga es conocida por cientos de miles de catalanes con un nombre muy concreto: el desastre de Cercanías.
El traspaso de competencias en este ámbito, vendido como una gran operación de país, ha terminado, de momento, en una arquitectura híbrida donde la Generalitat exhibe control político, pero la realidad operativa sigue dependiendo de Renfe, ADIF y el poder corporativo del sindicato de maquinistas. Tenemos una empresa mixta, sí, pero formada por un solo trabajador: su presidente. Una vez más, apariencia. Imagen, construcción de un relato con la eficaz colaboración de los medios de comunicación, sin mostrar la realidad.
El desastre se ha normalizado ante la indiferencia de las élites económicas. ¿Alguien cree que la productividad de personas y empresas puede mejorar con un sistema ferroviario como el que tenemos? Y, frente a la incapacidad para la mejora, se impone el silencio informativo. Después de unos primeros meses de optimismo y declaraciones a diestro y siniestro, se ha impuesto un fenómeno muy revelador: no hablar de Cercanías.
Ya no fluyen las notas, comparecencias ni anuncios. No porque el servicio haya mejorado, sino porque se ha asumido que la mejor forma de gestionar el fracaso es invisibilizarlo.
Mientras, más de 400.000 usuarios siguen sufriendo cada día un calvario para ir a trabajar, volver a casa o cumplir obligaciones básicas. La combinación con una Barcelona cada vez más hostil en el acceso rodado, tanto público como privado, dibuja una consecuencia de gran alcance: la pérdida de centralidad funcional de Barcelona dentro de su propio espacio metropolitano.
Este declive queda enmascarado por un creciente turismo que mantiene actividad, consumo y una sensación de euforia superficial. Pero la ciudad corre el riesgo de convertirse progresivamente en una fachada mediterránea de gran atractivo turístico y menor potencia productiva.
La paradoja es que las necesidades están perfectamente diagnosticadas. Las cámaras de comercio han cuantificado en 53.800 millones de euros hasta el 2043 el déficit de infraestructuras que arrastra a Cataluña: ferrocarriles, B-40, accesos portuarios, ampliación de El Prat, conexión con Girona, refuerzo logístico del territorio, entre otros. Es decir, los problemas no son invisibles; simplemente no son priorizados.
Por eso resulta especialmente chocante que, en este contexto, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales pueda aspirar a incrementos presupuestarios extraordinarios, con subidas que se han situado en torno al 37% en algunos escenarios proyectados.
El mensaje implícito es delicado: la maquinaria del relato recibe más energía que la maquinaria de servicio.
Y, mientras esto ocurre, dos cuestiones estructurales permanecen prácticamente expulsadas del debate oficial.
La primera es el impacto de la reciente inmigración sobre la vivienda, la escuela, los servicios sociales y la cohesión urbana. No abordarlo no elimina el problema; solo lo empeora.
La segunda es el crecimiento del narcotráfico y de las redes mafiosas vinculadas, sobre todo, a la marihuana. Los 87 narcoasaltos registrados en un año no son una anécdota policial, sino un síntoma de degradación de la seguridad ciudadana.
Aquí aparece una de las constantes del período Illa: sensibilidad selectiva. Gran velocidad para ciertas causas simbólicas; una lentitud exasperante para las urgencias materiales.
Al final, el balance del medio mandato es este: más control del relato, más estabilidad formal, más publicidad institucional, pero ningún giro profundo en los cuellos de botella que ahogan a Cataluña.
La prosperidad compartida sigue siendo una promesa comunicativa sin reflejo en los resultados de la acción de gobierno.
Medio mandato de Illa: mucha propaganda institucional, pero la vida cotidiana del ciudadano sigue atrapada entre Cercanías y las listas de espera. #Catalunya #Illa Compartir en X
