El juicio a Pujol y la patria catalana

Hay procesos judiciales que delimitan responsabilidades. Y los hay, inevitablemente, sacuden una memoria colectiva. El juicio contra Jordi Pujol y sus siete hijos, iniciado el 24 de noviembre de 2025 en la Audiencia Nacional, pertenece a esta segunda categoría. No solo porque afecta a quien presidió la Generalitat durante veintitrés años, sino porque interroga a un legado político que ha marcado el siglo XX catalán.

Trece años después de la apertura formal de la causa, a raíz de una denuncia y de los informes de la UDEF, el proceso ha entrado finalmente en fase oral. El expresidente, de 95 años, sigue las sesiones por videoconferencia. La fiscalía pide hasta nueve años de cárcel para él y hasta veintinueve para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad y frustración de la ejecución. En la instrucción inicial, la familia fue considerada una organización criminal. Solo esta calificación sitúa ya el debate en una dimensión moral de enorme densidad.

Las primeras sesiones se centraron en la competencia del tribunal. Las defensas reclamaron el traslado a Barcelona; el tribunal, presidido por José Ricardo de Prada, confirmó la competencia de la Audiencia Nacional alegando la conexión internacional de los hechos, especialmente por las cuentas en Andorra. Desde entonces, el juicio avanza con un volumen extraordinario de prueba testifical: más de 250 testigos, entre empresarios, responsables bancarios, agentes de la UDEF y periodistas.

La cuestión de fondo es precisa: no se trata de probar si existía dinero en Andorra, sino si esos fondos provenían de una estructura criminal vinculada al ejercicio del poder político. Es decir, si el cargo fue un instrumento de lucro personal.

Hasta la fecha, la conexión directa entre decisión pública y enriquecimiento privado no ha sido acreditada con la contundencia que exige una acusación de esa gravedad. El proceso es largo, y el tribunal tendrá que valorar las pruebas con serenidad; pero el debate público a menudo ha confundido sospecha con demostración.

Sin embargo, el juicio no agota la figura. El problema -o la grandeza- es que Jordi Pujol no es solo un encausado. Es también un actor central en la reconstrucción institucional y moral de la Cataluña contemporánea.

Con Enric Prat de la Riba, es la figura más influyente en la configuración del catalanismo político del siglo XX. No solo por la obra de gobierno —la consolidación del autogobierno, la vertebración administrativa, el impulso cultural y económico—, sino por la articulación doctrinal de una idea de nación.

Aquí conviene detenerse. La palabra «nacionalismo» aplicada a Pujol ha generado equívocos persistentes. Por un lado, se ha identificado con la fórmula estatista «una nación, un estado». Por otro lado, se le ha asociado a los fantasmas del nacionalismo excluyente europeo. Ninguna de las dos lecturas es exacta.

El pensamiento pujoliano se inscribe más bien en el personalismo comunitario de Jacques Maritain y Emmanuel Mounier. La nación no es una entidad abstracta ni una maquinaria de poder, sino una comunidad moral históricamente configurada por una lengua, cultura y voluntad compartida de proyección. El objetivo no es la afirmación contra el otro, sino la mejora propia.

En este sentido, el concepto que mejor traduce esta visión es el patriotismo tal y como lo formula Alasdair MacIntyre en su ensayo. Is Patriotism a Virtue?  El patriotismo no es una adhesión ciega ni una exaltación identitaria. Es una virtud arraigada en la lealtad a una comunidad concreta, que solo es moralmente legítima si se orienta al bien común y se sostiene en la amistad civil.

Esta amistad civil —traducción contemporánea de la philia politiké aristotélica— es el fundamento de la convivencia. Sin ella, las instituciones se convierten en instrumentos de facción; con ella, la política puede aspirar a su propia finalidad: el bien común.

En la cultura política pujoliana, la patria es labor, no proclama. Es la exigencia colectiva de construir condiciones para que las familias florezcan, para que las empresas innoven, para que la educación forje carácter, para que las instituciones funcionen con excelencia. No es un grito contra nadie; es un llamamiento a ser mejores.

Esta concepción de Cataluña como comunidad moral se inscribe jurídicamente en el marco de la Constitución de 1978, del Estatuto de Autonomía y de la Unión Europea. No es una propuesta de ruptura constante, sino de autogobierno responsable. El patriotismo, en este esquema, no autoriza aventuras que fracturen la convivencia si el coste humano e institucional es superior al bien que se pretende alcanzar.

El patriotismo así entendido no se alza contra España ni contra Europa. Es una exigencia de perfeccionamiento interno. Amor a la tierra de los padres, sí, pero también humildad para actualizar su legado y proyectarlo hacia el futuro sin destruir la concordia.

Abandonar esa idea y reducirla a un simple nacionalismo de eslogan es empobrecerla. Confundirla con las patologías políticas del siglo XX es desconocer sus raíces filosóficas. Y negar la dimensión moral del proyecto es ignorar su núcleo.

Por eso el juicio es también un examen para la comunidad. La responsabilidad penal, si existe, deberá ser establecida por los tribunales. Sin embargo, la valoración del proyecto político no puede quedar reducida a la contingencia de un proceso judicial.

La historia suele ser más lenta y exigente que los titulares. Y quizá la pregunta decisiva no sea solo qué hizo un hombre con su dinero, sino qué quiso hacer un pueblo con su libertad.

Los jueces dictarán sentencia sobre lo sucedido, pero nuestra cuestión es otra. ¿Qué hacemos con el legado y la patria?

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