El recorte del bono social eléctrico a las familias numerosas

España afronta una de las mayores crisis demográficas de Europa. La tasa de fecundidad se sitúa persistentemente por debajo del nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer), y desde hace años se mantiene en torno a 1,2-1,3 disminuyendo a 1,12.

El acelerado envejecimiento de la población, combinado con una estructura laboral tensionada y un sistema de pensiones de reparto, dibuja un escenario estructural delicado: cada cohorte activa es más reducida en relación con la generación jubilada que debe sostener.

En este contexto, la decisión del Gobierno de modificar el acceso automático al bono social eléctrico para familias numerosas abre un debate que va mucho más allá de un descuento del 25-40% en la factura de la luz (hasta el 100% en casos de vulnerabilidad severa). La reforma —que exigirá modificar el Real Decreto 897/2017— establece que las familias con tres o más hijos dejarán de tener acceso automático al bono social si no cumplen determinados umbrales de renta, aún pendientes de definición final.

Las cifras del programa

A finales de 2025, 454.382 familias numerosas eran beneficiarias del bono social eléctrico. De estas, 284.935 lo recibían sin criterio de renta específico, por el simple hecho de ser familia numerosa. Con la reforma, una parte significativa podría perder su acceso si supera los futuros umbrales.

La cuestión central es conceptual: ¿debe ser esa ayuda una política asistencial o una política de incentivo estructural?

Asistencia versus fomento: dos lógicas diferentes

Las políticas públicas pueden responder a dos lógicas diferenciadas:

  1. Asistencial, orientada a paliar situaciones de necesidad o pobreza.
  2. De fomento, destinada a estimular conductas consideradas socialmente beneficiosas.

La universalidad de determinadas ayudas familiares no responde necesariamente a criterios redistributivos, sino a la lógica de incentivo. En muchos países europeos con políticas pronatalistas consolidadas, los beneficios fiscales o transferencias vinculadas a hijos tienen carácter universal o casi universal, precisamente porque su objetivo es compensar parcialmente el coste estructural de la crianza, como forma de animar a tener a los hijos deseados.

Cuando una ayuda universal pasa a estar condicionada exclusivamente por renta, se produce un cambio de naturaleza: deja de ser instrumento de fomento y se convierte en instrumento asistencial. Esta mutación conceptual no es neutra en un país con déficit estructural de natalidad.

El coste real de criar hijos

Un elemento a menudo ausente del debate es la magnitud económica de la crianza. Las estimaciones acumuladas por hijo entre 0 y 24 años sitúan el coste total en torno a los 309.250 euros , distribuidos aproximadamente así:

  • 0–2 años: 32.624 €
  • 3-5 años: 28.553 €
  • 6-11 años: 70.187 €
  • 12-18 años: 102.375 €
  • 19-24 años: 73.511 €

Estas cifras incluyen gasto directo en alimentación, vivienda, educación, transporte, ropa y otras necesidades básicas. No incorporan plenamente el coste de oportunidad —reducciones de jornada, penalización salarial, menor acumulación de capital— que afecta especialmente a las madres y que es muy elevado.

En un sistema de pensiones de reparto, cada hijo es, en términos macroeconómicos, un cotizante futuro. El retorno social de la inversión familiar supera ampliamente el coste de las ayudas públicas con un ROI superior a 1. Desde una perspectiva estrictamente actuarial, los hijos contribuyen a sostener el sistema del que también se benefician personas sin descendencia.

Esta externalidad positiva -aportación futura al sistema- es el argumento central para justificar políticas de fomento.

El efecto fiscal corrector

Otro aspecto técnico relevante es el efecto del sistema fiscal. Cuando una familia numerosa con renta media o media-alta recibe una ayuda monetaria o un descuento, este puede computar como renta o interactuar con tramos impositivos. En consecuencia, parte del beneficio se reabsorbe vía IRPF.

Esto implica que el coste neto para el Estado puede ser inferior al que aparentan las cifras en bruto. El análisis de coste-beneficio no puede limitarse al volumen nominal de la ayuda; debe incorporar el efecto retorno fiscal y el impacto dinámico en cotizaciones futuras.

Si, como se ha señalado, el 60% de familias numerosas beneficiarias se encuentran en franjas de renta media o media-alta, el debate no es simplemente redistributivo, sino estratégico: ¿se quiere incentivar la natalidad también en estos segmentos, o se considera que la política debe focalizarse exclusivamente en la vulnerabilidad?

Demografía e inmigración: ¿complemento o sustitución?

España ha compensado parcialmente su déficit de natalidad con inmigración. Sin embargo, la inmigración no es una variable homogénea: su impacto fiscal depende del nivel de calificación, trayectoria laboral e integración en el mercado de trabajo.

Los estudios económicos muestran que la contribución neta al sistema puede variar significativamente en función del perfil. Por eso, confiar exclusivamente en flujos migratorios para equilibrar la pirámide poblacional puede ser insuficiente si no va acompañado de una robusta política familiar. Y la inmigración que llega a España tiene mayoritariamente, al final de su vida activa, un saldo negativo, lo que significa que es ayudada por el resto de contribuyentes.

El dilema político

La reforma del bono social eléctrico no es, en términos presupuestarios, una determinante partida. Su significado es simbólico y conceptual: representa un desplazamiento de la familia numerosa desde un reconocimiento estructural hacia una categoría asistencial condicionada.

La pregunta de fondo es qué estrategia demográfica quiere adoptar España en las próximas décadas. Si la natalidad es considerada un bien público con retorno social positivo, la política deberá articular incentivos claros, estables y previsibles. Si se considera una decisión estrictamente privada, el Estado limitará su intervención a la vulnerabilidad.

Criar a un hijo hasta los 24 años cuesta más de 309.000 €. España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. ¿Es lógico reducir incentivos a quien tiene 3 o más hijos? Compartir en X

Creus que la reincorporació de Salvador Illa després d'un mes d'absència millorarà substancialment la gestió de la Generalitat?

Mira els resultats

Cargando ... Cargando ...

Entrades relacionades

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Rellena este campo
Rellena este campo
Por favor, introduce una dirección de correo electrónico válida.

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.