I. ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL
1. Todo Estado es fundamentalmente un sistema de poder reglado y limitado por el derecho; sin embargo, solo el Estado democrático de Derecho alcanza la plenitud de la institución cuando la Democracia garantiza la legitimidad de acceso al ejercicio del poder y el Derecho garantiza la legitimidad en el ejercicio del poder.
2. El actual Estado de Derecho se fundamenta en una Constitución, en general escrita, que actúa como ley máxima a la que deben someterse todas las instituciones del Estado y que todos los ciudadanos deben respetar.
3. Una Constitución, para ser eficaz, requiere un amplio consenso de los ciudadanos del Estado y debe garantizar sus derechos mediante la separación de poderes y un sistema de mecanismos de control y equilibrio entre los distintos poderes del Estado.
4. Además, el buen funcionamiento del Estado de Derecho exige un conjunto de reglas no escritas que deben seguir todas las instancias del poder y todos los operadores políticos y sociales. Ambas reglas fundamentales son el respeto y la tolerancia mutua y la contención en el ejercicio del poder y de toda la autoridad.
5. Sin respeto y tolerancia mutua, la vida política y social se polariza y prevalecen las relaciones de conflicto sobre las de cooperación o consenso.
Sin contención en el ejercicio del poder, el conflicto se radicaliza y la frontera entre Estado y Sociedad Civil se desdibuja frente al creciente intervencionismo de los poderes públicos.
6. La tercera regla no escrita a la que debemos hacer referencia es la rendición de cuentas que toda autoridad política debe ofrecer a la Sociedad Civil. La exigencia de esta rendición de cuentas efectiva es condición esencial para el buen funcionamiento del Estado de Derecho, lo que requiere disponer de los Presupuestos Generales del Estado como instrumento esencial.
II. UNA DEMOCRACIA HERIDA
7. En nuestro país, la Constitución de 1978 cumple sobradamente con las exigencias necesarias para regular un Estado Democrático de Derecho. La Constitución fue aprobada por un consenso muy amplio y ha permitido el establecimiento y consolidación de una democracia avanzada con una sociedad civil rica, libre y pujante, en la que las relaciones de consenso y cooperación primaron durante años sobre las de conflicto, permitiendo así nuestra integración en las democracias europeas.
8. Esta situación ha sufrido una erosión paulatina en los primeros años del siglo. En nuestra política, el respeto y la tolerancia mutua han sido sustituidos por el grito, el insulto y la descalificación. El fantasma de las dos Españas provocado por el revanchismo nos vuelve a acompañar en la medida en que los partidos centrales son incapaces de alcanzar el mínimo consenso, al que ética y políticamente vienen obligados.
9. Por su parte, los poderes públicos y, especialmente el Ejecutivo, han abandonado cualquier idea de contención y se han lanzado a una política en la que primero han invadido y parasitado la administración, y después los entes públicos, las empresas públicas e, incluso, alguna perteneciente al IBEX, que han pasado también a estar controlados desde el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial.
10. Todo esto ocurre en un contexto en el que la Sociedad Civil no parece tener la fuerza necesaria para contener y revertir estas tendencias que hieren nuestra democracia y lesionan gravemente el Estado de Derecho.
11. Hoy la democracia española es una democracia herida y esta situación nos interpela a todos, pero particularmente debe interpelar a las organizaciones que, desde la Sociedad Civil, se proponen reforzar la exigencia de una completa rendición de cuentas a través de la movilización de todos los recursos disponibles, tarea que ahora se ha convertido en inviable dado que el Gobierno no ha elaborado los presupuestos.
12. La Sociedad Civil vive hoy convulsionada por lo que se ha dado en llamar la judicialización de la vida política. Muchos casos acaparan día tras día la atención de los medios de comunicación públicos y privados, los fiscales y los jueces. Asimismo, el poder judicial ha prestado y presta un servicio insustituible en defensa de la Constitución.
Y, sin embargo, los asuntos que se debaten no nos parecen primordialmente judicializables. Son asuntos que apelan a la Ética, a los valores más sustanciales.
Se diría que la búsqueda de la verdad y el bien han dejado de ser valores de referencia en la vida pública española y eso atañe, antes que a nadie, a la Sociedad Civil.
III. ¿QUÉ HACER?
13. Ninguno de los problemas a los que hemos hecho referencia tiene una solución rápida, indiscutible o infalible. Sin embargo, ser conscientes de ello no nos puede llevar a la esterilidad del “no hay nada que hacer”. Tenemos el deber de reflexionar, de debatir y de proponer, y todo ello es lo que pretende esta Declaración.
14. Estamos convencidos de que la falta de contención es consustancial al actual Gobierno y de que la falta de una mayoría parlamentaria que le apoye acentúa aún más las inclinaciones iliberales y autoritarias.
En consecuencia, resulta fundamental la inmediata convocatoria de elecciones generales que den a la ciudadanía la oportunidad de construir una sólida mayoría alternativa.
15. Creemos que buena parte de los males que denunciamos son consecuencia de un régimen partitocrático en el que nuestros políticos, a todos los niveles, son prisioneros de la estructura y los núcleos dirigentes de los partidos a los que pertenecen.
Sostenemos que esta situación es una consecuencia directa de la ley electoral aplicada y de su sistema de circunscripciones electorales amplias con listas cerradas.
En consecuencia, proponemos reformar la ley electoral para que otorgue más poder de decisión y control a los ciudadanos.
16. Sostenemos que la Sociedad Civil debe incrementar el nivel de exigencia para una rendición de cuentas efectiva por parte de los poderes del Estado, para lo que los presupuestos son imprescindibles, y defendemos que esto solo será posible desde la autoorganización y el trabajo responsable de todos. El silencio y la inacción, en las horas graves por las que atraviesa nuestro Estado de Derecho, constituyen complicidad y asunción de culpa.
En consecuencia, llamamos a toda la Sociedad Civil para que intensifique las labores de autoorganización y participe en la reflexión, el debate y la propuesta de soluciones.
Barcelona, 14 de febrero de 2026
