La Constitución define a España como un “Estado social y democrático de derecho”. No es una proclama retórica: es una obligación jurídica que exige neutralidad institucional, igualdad frente a la ley y respeto escrupuloso a las reglas del juego democrático.
Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, determinadas prácticas del poder ejecutivo proyectan una sombra inquietante sobre estas garantías. Los recientes casos de la Fiscalía, de la televisión pública y del abuso de los decretos ley ómnibus no son episodios aislados, sino síntomas de un mismo problema: el deterioro del funcionamiento institucional.
Una Fiscalía con la credibilidad comprometida
Uno de los pilares del Estado de derecho es la confianza en la imparcialidad de la Fiscalía. Esta confianza queda gravemente tocada cuando se permite que un fiscal condenado por el Tribunal Supremo siga desarrollando su carrera con normalidad, hasta el punto de ejercer en el mismo órgano que le ha condenado.
La decisión de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de permitir que García Ortiz -condenado por el Supremo- continúe en activo y sea destinado, a petición propia, a la sección social de la Fiscalía del Supremo, plantea un problema político e institucional de primer orden. En otro caso, un fiscal con una condena habría sido automáticamente apartado de la carrera. Aquí, no solo no ha sido excluido, sino que ha recibido un destino de alto nivel.
Formalmente, la operación no es ilegal: el status del fiscal general permite un tratamiento diferenciado. Pero la legalidad estricta no agota la cuestión. Lo que queda profundamente erosionado es el principio de igualdad frente a la ley y la percepción de imparcialidad del Ministerio Fiscal. Cuando las normas se aplican de forma selectiva, la democracia se vacía de contenido.
La televisión pública bajo sospecha
El segundo gran síntoma afecta a otra pieza clave de la democracia: la información pública. La televisión pública no es un medio cualquiera; es una institución democrática destinada a garantizar una información veraz, plural y rigurosa.
Los informes del Consejo de Informativos de Televisión Española sobre varios programas conducidos por Jesús Cintora y Javier Ruiz constituyen un toque de alarma de gran intensidad. Más de un centenar de quejas han motivado una descalificación rotunda de estos espacios, señalando que no se rigen por criterios periodísticos y que incluso entran en contradicción con los propios servicios informativos de RTVE.
Que estos programas sean producciones externas agrava el problema: dificulta la transparencia editorial e impide conocer con claridad quién decide los contenidos. El Consejo de Informativos -órgano profesional integrado por periodistas de la casa, elegidos por sufragio- advierte de una responsabilidad editorial opaca y de una clara parcialidad de los presentadores, que actúan más como partes interesadas que como moderadores.
El resultado es un uso de la televisión pública como instrumento de confrontación política, con lenguaje agresivo, descalificaciones frecuentes y una contribución directa a la polarización social. Cuando el gobierno denuncia las fake news, debería empezar mirando qué pasa con el principal medio de información pública del país.
Los decretos ley ómnibus: legislación por chantaje
El tercer elemento del deterioro institucional es la práctica legislativa. El decreto ley es un instrumento excepcional, pensado para situaciones de urgencia. Sin embargo, ante la fragilidad parlamentaria, el gobierno ha convertido a los decretos ley ómnibus en una herramienta habitual: textos que acumulan materias heterogéneas sin conexión real entre ellas.
Esta técnica fuerza a los grupos parlamentarios a votar en bloque medidas muy diversas. El resultado es un mecanismo de chantaje político: quien se opone a una parte del decreto puede ser acusado de votar contra otras medidas socialmente sensibles que, en condiciones normales, habrían sido aprobadas sin dificultad.
El Tribunal Constitucional ha sido claro en diversas sentencias –entre otras, la STC 199/2015, la STC 102/2012 y, más recientemente, la STC 144/2023–: el decreto ley es una potestad excepcional sometida a requisitos estrictos de urgencia y de homogeneidad mínima. Sin embargo, el gobierno prepara nuevos textos de este tipo, intentando hacer pasar por la vía de urgencia lo que debería seguir el trámite legislativo ordinario.
Un patrón preocupante
Fiscalía, televisión pública y práctica legislativa apuntan en la misma dirección: concentración de poder, debilitamiento de contrapoderes y uso instrumental de las instituciones. A esto se le añade otro hecho insólito en una democracia occidental: la prórroga reiterada de los presupuestos durante la anterior legislatura.
Ninguno de estos episodios, tomado aisladamente, sería suficiente para hablar de crisis democrática. Pero todos dibujan un patrón inquietante. Un Estado de derecho no se desmorona de un día para otro; se va erosionando cuando las excepciones se normalizan y las garantías se relativizan.
La pregunta ya no es si estas prácticas son legales, sino hasta qué punto son compatibles con una democracia madura.
Un fiscal condenado que sigue en el Supremo, una televisión pública cuestionada y decretos ómnibus: ¿casualidad o patrón? #Democracia Compartir en X
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