El miedo que silencia: ¿cómo Vic se rindió ante la coacción política?

El 5 de julio de 2025 debía ser un día de celebración espiritual y memoria histórica para la ciudad de Vic. Con motivo del 400º aniversario de Sant Miquel dels Sants, el Obispado invitó a monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, a presidir la misa mayor. Sin embargo, lo que debía ser  un acto litúrgico y conmemorativo terminó convertido en un episodio de censura, amenazas y presión política. Y, lo más preocupante, con una normalización pasmosa por parte de quienes, en nombre de la diversidad y la inclusión, acabaron ejerciendo una forma clara de exclusión.

Partidos como ERC, la CUP y Vic en Comú Podem, junto a colectivos como los CDR y comparsas festivas, expresaron su rechazo a la presencia del obispo. No se limitaron a manifestar su desacuerdo: anunciaron públicamente protestas, boicots ruidosos y amenazaron la celebración del acto, con el fin explícito de impedir que la misa pudiera celebrarse en condiciones de respeto y recogimiento.

Los Mossos d’Esquadra advirtieron del riesgo que suponían estas acciones tanto para la integridad de los asistentes como para el patrimonio artístico del templo, con lo que metieron más miedo en el cuerpo, en lugar de proteger los derechos constitucionales, que para eso están. Fueron mensajeros del miedo Ante esa situación, el Obispado optó por suspender la misa en la catedral.

El Ayuntamiento, por su parte, mantuvo el resto del programa de la fiesta mayor como si nada ocurriera. No buscó mediación, ni ofreció garantías jurídicas, ni condenó las amenazas. Prefirió mirar hacia otro lado. Colaboro pasivamente. ¿Que hubiera hecho el consistorio ante las amenazas a un acto LGTBIQ? Es evidente que los católicos son ciudadanos de segunda en Cataluña. Mientras el presidente de la Generalitat, que se ha declarado reiteradamente católico, guarda silencio.

Libertades que no son negociables

Este episodio no puede entenderse simplemente como una discrepancia política o una expresión de rechazo legítimo. Lo sucedido vulnera principios fundamentales protegidos por la Constitución Española:

• La libertad religiosa y de expresión (Art. 16 CE): La misa prevista no era una manifestación pública, sino un acto privado de culto en un recinto religioso. Amenazarlo con impedirlo por la fuerza es un acto de censura, contrario a las garantías más elementales del Estado de derecho.
• La igualdad ante la ley (Art. 14 CE): La libertad de expresión no puede condicionarse al contenido ideológico del mensaje. En una democracia auténtica, los derechos no se otorgan ni se retiran en función de simpatías políticas. Permitir amenazas contra ciertos discursos y no contra otros es, de facto, una discriminación.
• El principio de orden público y proporcionalidad (Art. 20.4 CE): Ceder ante el chantaje de grupos organizados sienta un precedente gravísimo: quien grite más o intimide mejor podrá callar a su adversario. Se institucionaliza así la violencia como forma de veto.

¿Exageración o realidad? La sombra del totalitarismo

Algunos tacharán de alarmista —o incluso de provocación— la comparación con prácticas nazi-fascistas. Pero no se trata de palabras vacías: la historia demuestra que el silencio impuesto a través del miedo es la antesala de los autoritarismos. No es solo que se impidiera una misa. Es que se impidió desde una lógica de coacción, señalamiento y amenaza, no desde el debate o la crítica. Se trató de eliminar al “otro” —en este caso una voz religiosa— no con argumentos, sino con amenazas y presiones, con miedo.

“El mal que hay en el mundo viene casi siempre de la ignorancia, y las buenas intenciones, si no están iluminadas, pueden hacer tanto daño como la maldad.”
— Albert Camus, «La peste»

Esta advertencia de Camus cobra vida en situaciones como la de Vic. Porque muchos de los que impulsan estas campañas creen estar del lado correcto de la historia. Pero cuando las buenas intenciones se imponen mediante intimidación, acaban destruyendo el mismo tejido moral que dicen proteger.

Consecuencias que no deben banalizarse

Este acto de censura institucionalizada no es un caso aislado, ni una anécdota local. Tiene implicaciones graves:

• Se normaliza la intimidación como método político.
• Se legitima el silenciamiento de minorías o disidentes.
• Se abre la puerta a futuros vetos: hoy a una misa, mañana a una conferencia, una emisora de radio o un autor incómodo.

Aceptar este precedente equivale a permitir que los derechos individuales se sometan al juicio fluctuante de la mayoría local. Es la democracia reducida a populismo: el derecho no emana de la ley, sino del griterío.

¿Qué se puede —y debe— hacer?

Frente a estos hechos, no basta con la resignación. Se necesitan respuestas firmes y proporcionales:

1. Acción legal: Aplicar el Código Penal donde se ha coaccionado, organizado boicots o puesto en riesgo a personas en un recinto cerrado (Art. 172 CP).
2. Responsabilidad institucional: El Ayuntamiento no puede ser cómplice pasivo. Debió garantizar el ejercicio de derechos fundamentales. Su silencio equivale a un aval. El parlamento debe hablar. El gobierno de la Generalitat debe advertir. Si no lo hacen son cómplices de un método que se inspira en el fascismo.
3. Reafirmación de principios democráticos: La libertad de expresión no se reserva para lo que agrada. Lo que molesta también tiene derecho a existir, porque eso es, precisamente, el alma de una democracia: tolerar incluso lo que uno preferiría no oír.

Una advertencia final

Llamar nazi-fascista a esta práctica no es retórica. Es reconocer un patrón inquietante: usar la coacción para anular lo distinto. Hoy ha sido una misa. Mañana podría ser un autor, un periodista, un científico o un ciudadano cualquiera. Si el miedo se convierte en árbitro del discurso, la democracia se habrá rendido.

No es momento de equidistancias ni de silencios cómodos. La libertad no se defiende solo cuando nos favorece, sino sobre todo cuando nos incomoda. Y esa es, quizá, la batalla más difícil de todas. Y hay que darla

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