Hay cosas que, por honestidad y por respeto a los ciudadanos, no pueden hacerse en política, aunque, por desgracia, son cada día más frecuentes. Una de las más decisivas es la de presentar grandes planes que, en realidad, no existen, como los reiterados anuncios en el pasado sobre vivienda de Pedro Sánchez.
Ahora, Salvador Illa, que quiere cultivar una imagen electoral de gobernante riguroso, ha presentado el Plan «Illa» para que, en cinco años, el PIB de Cataluña sea igual al de Madrid y se reduzca la diferencia actual entre ambos, que ha ido creciendo desde que, en el 2017, por primera vez en la historia, Madrid superó a Catalunya en esa magnitud. Y todo ello con el objetivo de generar prosperidad para todos.
El plan Illa, que tiene el nombre excesivo de «Catalunya Lidera» y que fue anunciado por el presidente el 31 de enero de 2025, tiene como objetivo principal que Cataluña recupere el liderazgo económico en España y se consolide como un actor destacado en la economía europea, según sus propias palabras, y cree 78.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años, lo que es una cifra, al menos expresada en estos términos, desciende porque significa sólo 15.600 puestos al año. En 2024 se crearon 55.200 nuevos puestos de trabajo en Cataluña, alcanzando un récord de 3,85 millones de empleados. Así que, por esa parte, el Plan lidera poco.
Por otra parte, esa cifra de empleo no cuadra con las previsiones de crecimiento del PIB que serían necesarias para alcanzar a Madrid.
Pero vayamos por partes.
Las principales características del Plan Illa son:
• Inversión total: 18.500 millones de euros.
• Horizonte temporal: hasta 2030 (5 años).
• Financiación: 13.700 millones de la Generalitat y 4.800 millones en créditos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
El plan se divide en cinco bloques estratégicos:
- Infraestructuras.
- Modernización productiva.
- Conocimiento e innovación.
- Igualdad de oportunidades.
- Buen gobierno.
Cuenta con una serie de proyectos destacados: transformación del Aeropuerto de Barcelona-el Prat, finalización del Corredor Mediterráneo, creación de un corredor Tarragona-Lleida-Zaragoza, inversión de 2.000 millones para mejorar la autonomía hídrica, ampliación de la red de fibra óptica pública a 8.000 kilómetros en 2025, implementación de 12.000 megavatios de nueva potencia en energías limpias y construcción de 50.000 viviendas de protección oficial para 2030.
Para su implementación, está prevista la aprobación en el próximo Consejo Ejecutivo y la creación de un foro de expertos «para la productividad y el liderazgo económico». Incluye 200 medidas en total, con 20 destacadas, además de la construcción de 50.000 viviendas de protección oficial para 2030, que ya disponían de un plan propio.
Lo primero que hay que advertir es que no existe ningún texto conocido que defina la existencia de un plan. Lo que hay es un listado de actuaciones y algunas valoraciones económicas, pero nada que se parezca a un plan, y menos aún que, con las actuaciones descritas y la inversión prevista, se cumpla el objetivo de igualar el PIB de Madrid en cinco años.
Los medios de comunicación hacen un flaco favor al servicio público al hablar de un “plan” cuya existencia ellos mismos desconocen. Lo mínimo era reclamarlo, como se debe reclamar que el “Pla Illa”, una vez aprobado, sea llevado al Parlamento para su examen y debate, única manera de que realmente sepamos a qué atenernos. Esta vía de marginar el principal poder político, el representativo, utilizada por Sánchez hasta la saciedad, de presentar planes y programar propuestas directamente a los medios, sin conocimiento del Congreso, para evitar su análisis y contraste con la realidad, es contraria a la democracia representativa, que en teoría es la nuestra, aunque cada vez esté más devaluada. Que todo esto desemboque en frustración y pérdida de credibilidad de la política no tiene nada de extraño.
La primera conclusión es obvia: Illa debe presentar el plan en el Parlament y hacerlo público para que realmente sepamos si es tal cosa o es puramente “castillos en el aire”.
Porque hay razón para pensar esto último. El plan anuncia una inversión anualizada de 2.740 millones a lo largo de cinco años , pero la inversión real ejecutada para el conjunto del sector público de la Generalitat en el ejercicio 2022 alcanzó los 1.555,2 millones de euros , un 17,9% más que en 2021, de acuerdo con los datos provisionales de cierre del ejercicio. Esta cantidad representa el 85,6% del presupuesto inicial de inversiones anualizadas, 1.816,9 millones de euros . La diferencia de esta última cifra en relación con los 2.740 millones previstos en el Plan es muy grande y, por tanto, Illa debe explicar de dónde salen los recursos adicionales, sin un nuevo sistema de financiación, más aún cuando en 2025 no hay presupuesto y, por tanto, continuará con el prorrogado.
Por otra parte, las cifras del plan con el objetivo definido de igualar el PIB de Madrid deben ser necesariamente de ejecución, porque no se llevarán a cabo al 100%, por tanto, es conveniente que la cifra presupuestada sea superior la del Plan. Saber de dónde sale el dinero es necesario, porque en los años anteriores, 2021 con 1.318 millones y 2020 con 1.229 millones, acreditan lo lejos que se está de la cifra prevista por Illa. Pero nada se ha dicho al respecto, y nada se ha preguntado, ni por los medios de comunicación ni por los sujetos económicos: PIMEC, Fomento, Cámara de Comercio, Sindicatos.
Pero veamos las cifras del objetivo:
• PIB Madrid (2023): ~293.069 millones de euros
• PIB Cataluña (2023): ~271.835 millones de euros
• Diferencia: ~21.234 millones de euros
Para que Cataluña alcance el PIB de Madrid en cinco años, debe tener un diferencial superior de crecimiento anual de aproximadamente 1,55 puntos porcentuales sobre la tasa base. Esto equivale a 4.213,44 millones de euros anuales, en el supuesto de que ambas comunidades crecieran al mismo ritmo, algo que habitualmente no sucede porque Madrid lo hace en términos superiores a Cataluña .
Pero esa cifra de más de 4.000 millones necesarios para crecer más que Madrid e igualarlo, cada año a lo largo de los 5 años del Plan, está lejos de los 2.740 millones anuales del Plan Illa, nada menos que 1.260 millones, un 30% menos que la cifra necesaria.
En otros términos, no solo se ignora de dónde saldrá la financiación del Plan Illa, sino que ésta es sustancialmente inferior a la necesaria para el objetivo de alcanzar Madrid, porque sería necesario al menos un plan de 21.000 millones y un factor multiplicador, algo en absoluto claro vistas algunas de las inversiones descritas, que no fuera inferior a 1.
La conclusión es evidente: el Plan de Illa no es tal plan, sino un refrito de obras previstas. No se sabe de dónde saldrán los recursos adicionales necesarios y, aunque aparezcan, son claramente inferiores a los necesarios para el objetivo propuesto. Todo esto el Parlamento y los medios de comunicación deben explicarlo. Es su deber y responsabilidad.
Pero es que, además, la igualación no significaría que se produjera la otra condición señalada por Illa de la “prosperidad compartida”, porque ésta no se basa en el PIB, sino en el PIB por persona y, mejor aún, en la renta per cápita. A igualdad de PIB entre ambas comunidades, la renta per cápita de Catalunya seguiría siendo inferior, porque aquí viven muchas más personas y la porción de tarta que toca a cada una es menor.
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al 2023, la renta per cápita en la Comunidad de Madrid fue de 42.198 euros, mientras que en Cataluña se situó en 35.325 euros. Esto indica que la renta per cápita en Madrid fue aproximadamente 6.873 euros superior a la de Cataluña ese año, lo que significa un 16% menos, una diferencia de más del doble de la que existe si comparamos el PIB, que es del 7,26%. Por tanto, deberíamos crecer 3 puntos porcentuales más que Madrid cada año para igualarnos en prosperidad. Imposible. Más aún cuando el crecimiento de Cataluña se basa mucho en el turismo de baja productividad: gran crecimiento de la inmigración y escasa mejora de la renta.
El Plan de Illa tampoco corrige este grave problema estructural de Catalunya.
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