Vaya por delante una consideración de técnica jurídica sin el menor asomo de partidismo político. El decreto ley ómnibus, que pretende aprobar Sánchez con más de 80 medidas distintas, es una monstruosidad parlamentaria y, por extensión, democrática.
Un decreto ley, un instrumento muy específico que la Constitución otorga al gobierno bajo condiciones precisas, tiene unas características de tramitación tan distintas a las de una ley ordinaria que se aprueba en bloque o se rechaza en bloque. Este no puede emitir una heterogénea unidad en sus contenidos, porque, de ser así, podrían incluirse medidas aceptables para todos y otras susceptibles de ser rechazadas. En tal caso, el procedimiento de urgencia que encarna el decreto ley queda bloqueado, como sucede actualmente.
Un decreto ley ha de ser, por tanto, homogéneo en su contenido. Si se trata de pensiones y su aumento, debe abordar solo esa cuestión. Si versa sobre otro tema, como la vivienda, debe tramitarse mediante un decreto ley específico, y así sucesivamente.
No actuar de esta manera vulnera la naturaleza del decreto ley. Pedro Sánchez parece empeñado en este camino, lo que tiene un límite político, ya que no puede soportar el aplazamiento indefinido de la aprobación de los incrementos de las pensiones para este año ni de las bonificaciones para el transporte público.
La solución más fácil y evidente ya ha sido planteada: se trata de presentar decretos ley distintos, empezando por las temáticas más urgentes y aquellas que, con toda probabilidad, se aprobarían, como es el caso de las pensiones, el transporte público, las ayudas a la Dana, etcétera. Si Sánchez se niega a esta vía sencilla y responsabiliza al PP de que no se aprueben estas medidas, en una dialéctica insólita entre gobierno y oposición en una democracia, no lo hace por una cuestión de orgullo, como algunos han interpretado, sino por algo mucho más concreto: mantener su posición en el poder.
El gobierno ha llegado a la conclusión de que es muy improbable que pueda aprobar los presupuestos. Este hecho le llevaría a gobernar en 2025 con las mismas cuentas públicas de dos años atrás, correspondientes al último presupuesto que logró aprobar. Para evitar las dificultades prácticas que ello comporta, han diseñado una estrategia alternativa: el contenido del decreto ley ómnibus. En enero, incluirán todas las partidas de gasto más importantes que deberían formar parte del nuevo presupuesto. Si se aprueba, quedará resuelta la gestión económico-financiera de este año en todo aquello que tiene incidencia política.
Si a este hecho se le suma la disponibilidad de recursos abundantes debido a la elevada cuña fiscal española y al «plan Marshall» que representan los fondos europeos, se constata con facilidad que el gobierno no tendrá problemas de ingresos. Además, los ajustes presupuestarios que permite una interpretación más o menos forzada de la ley serán suficientes para desarrollar una gestión de los recursos públicos relativamente normal, a pesar de no disponer de un nuevo presupuesto.
Sin embargo, si el enorme bloque de medidas del decreto ley ómnibus no consigue superar su aprobación en el Congreso —no de manera global, sino particularizada en cada una de sus temáticas homogéneas—, entonces toda su estrategia se verá frustrada. Esto obligaría a una negociación exhaustiva y continuada con los partidos que apoyan al gobierno, con el agravante de que, en el caso de Junts, lo más probable es que los rechazos se multipliquen hasta que se obtengan resultados en temas tan complejos como la cesión de competencias en inmigración o la resolución de la amnistía.
El decreto ley ómnibus es un paliativo decisivo frente a la no aprobación de los presupuestos para 2025. De ahí el empecinamiento de Sánchez en mantenerlo, buscando una última negociación con Junts y, al mismo tiempo, intentando hacer pagar un coste político a quienes rechacen esta vía.
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