Mientras Pedro Sánchez gozaba de las mieles del capitalismo en la reunión anual de Davos, uno de los grandes fracasos de su legislatura se consumaba en el Congreso. De los tres decretos leyes presentados, esenciales para la estrategia del Gobierno y su credibilidad, sólo se logró aprobar uno, gracias al voto favorable del Partido Popular. Una vez más, la mayoría que apoyó la investidura falló, con Junts votando en contra de los tres decretos.
Diferencias entre decretos ley y proyectos de ley
Para entender la magnitud del problema, es importante recordar las diferencias entre un decreto ley y un proyecto de ley. Éste último sigue un procedimiento parlamentario detallado: tras la aprobación inicial en el pleno, pasa a comisión para debate y ajustes antes de su votación definitiva. Durante este proceso, pueden incorporarse modificaciones, logrando un mayor consenso y mejorando la calidad legislativa. Además, los proyectos de ley suelen ser informados por organismos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado y pueden incluir opinión de expertos o partes afectadas.
Por el contrario, los decretos ley son instrumentos monolíticos que no admiten cambios. Se aprueban o rechazan en una sola sesión plenaria. Sólo pueden utilizarse en casos de extraordinaria y urgente necesidad, una condición que debe estar explícitamente justificada en su contenido. Aunque el Gobierno los aprueba de forma inmediata, deben ser sometidos al Congreso en un plazo de 30 días para su convalidación, derogación o posible tramitación como proyecto de ley.
El abuso de los decretos ley en la era Sánchez
Pedro Sánchez ostenta el récord de decretos ley aprobados en la democracia española. En sólo seis años y siete meses, su Gobierno ha promulgado 138 decretos, superando a sus predecesores que gobernaron durante períodos más largos:
- Felipe González: 129 decretos en 13 años y 5 meses.
- José María Aznar: 130 decretos en 7 años y 11 meses.
- José Luis Rodríguez Zapatero: 108 decretos en 7 años y 8 meses.
- Mariano Rajoy: 127 decretos en 7 años y 6 meses.
El abuso de esta herramienta limita la función parlamentaria, consolidando la supremacía del Ejecutivo sobre el Legislativo, lo que debilita la calidad democrática.
El decreto “ómnibus” y su rechazo
Entre los tres decretos presentados, el más controvertido fue el denominado decreto “ómnibus”, que agrupaba cuestiones heterogéneas como la revalorización de las pensiones, la cesión de un edificio en París al PNV, la autorización para que la Comunitat Valenciana aumentara su endeudamiento ante la DANA, ayudas al coche eléctrico, medidas contra desahucios, subvenciones por la erupción del volcán de La Palma, bonificaciones en el transporte, rebajas fiscales y el impuesto controvertido a las eléctricas.
Este enfoque, que obliga a votar en bloque temas de naturaleza diversa, fue criticado por partidos como Junts, que ya habían mostrado su oposición en intentos legislativos anteriores. Además, muchas de estas medidas tenían entidad suficiente para ser debatidas y aprobadas de forma específica, como la revalorización de las pensiones.
El rechazo del decreto supone un golpe político al Gobierno y evidencia que su mayoría parlamentaria es más que relativa. Este fracaso podría abrir la puerta a una tramitación más ordenada y democrática de sus contenidos con decretos ley más homogéneos, como el caso de las pensiones, utilizando para otros aspectos la vía parlamentaria reglada. Que el gobierno espere hasta el último minuto para aprobar una nueva norma no es excusa para presentarla como decreto ley si ya sabe con antelación cuándo ésta expira y puede, por tanto, utilizar la tramitación ordinaria.
Los problemas de fondo
El abuso de los decretos ley no sólo refleja la carencia de consenso del Ejecutivo, sino también dos problemas estructurales:
- Gobernar sin mayoría absoluta: Sánchez actúa como si contara con un apoyo mayoritario, cuando su situación parlamentaria es débil. Esto quedó patente con la dificultad para aprobar los presupuestos del año pasado.
- Descontento del debate parlamentario: La falta de diálogo y el uso de procedimientos urgentes deterioran la calidad de las leyes y su eficacia. Además, prácticas como la transmutación de proyectos de ley en proposiciones legislativas para evitar controles o la prórroga de normas sin su tramitación agravan esta situación.
Conclusión
El reciente fracaso parlamentario expone las deficiencias de un Gobierno que ha hecho del decreto ley su principal herramienta. Esto profundiza los problemas de calidad democrática en España y alimenta el descontento ciudadano, que ve la política como uno de los grandes problemas del país, cuando debería ser la solución. Sólo una rectificación en las prácticas legislativas y un compromiso real con el diálogo y el consenso podrán devolver la confianza en las instituciones.
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