Desde un punto de vista económico, Cataluña presenta una lenta y continuada decadencia. En cuanto a la magnitud de su economía, ya hace años que fue superada por Madrid. Cataluña tiene hoy el mismo peso que en 1995, 18,8% del PIB, mientras que Madrid sigue creciendo y ahora es ya del 19,6%. Sin embargo, en la magnitud más representativa de la situación de la gente, el PIB por persona ha perdido prácticamente 7 pp en esta última década; de 121,4 de la media española (100) a 114,5 actual. A ese ritmo pronto habríamos perdido toda la ventaja alcanzada entre los siglos XIX y XX.
Es evidente que el proceso no viene de ahora. Si queremos situar un primer antecedente, podemos buscarlo en la gran crisis, que provoca el choque del precio del petróleo a finales de la década del 70, que destruyó parte de la industria catalana, el textil por ejemplo, y sobre todo estropeó una buena parte de la clase económica dirigente de la sociedad catalana, que no se ha recuperado bajo la misma fisonomía.
Podemos decir que fue un golpe decisivo a la burguesía, que como clase social ha desaparecido en el orden cultural; los propietarios y directivos de las empresas importantes no parecen tener nada que proponer al país, y se ha visto reducida en el orden económico, por las ventas y adquisiciones en el capital foráneo.
No es algo menor en esta dinámica, el traspaso del capital local de la industria al turismo, que como toda estructura económica, genera nuevos intereses, otra mentalidad dirigente y una clase trabajadora de mucha menor capacidad en todos los órdenes, que el trabajador industrial. También el efecto «aspiradora» de Madrid ha jugado haciendo perder liderazgo a la economía catalana. A principios de los 80, por poner un ejemplo no industrial, la capital de la publicidad era Barcelona, hoy lo es Madrid y a mucha distancia.
Buena parte del crecimiento económico de Cataluña se debe a la incorporación masiva de inmigrantes, algo que no mejora la productividad, contribuyendo así a una modesta evolución de la renta per cápita.
Otros indicadores socioeconómicos a escala regional europea señalan que Cataluña se sitúa en un nivel mediocre con tendencia a empeorar. La enseñanza es el caso más evidente, pero en general, en todo lo que depende del sector público, el resultado a escala europea es de una región de segundo o tercer orden (educación).
Componentes básicos para el catalanismo político, como la lengua y la cultura, manifiestan en el primer caso un claro retroceso en su uso social, empeoramiento en su calidad, fracaso deseado de la televisión pública catalana en su capacidad de mejorar la lengua la cultura y una peores capacidades y referentes culturales que los del siglo pasado.
Factores básicos de nuestro capital social, la familia estable y transmisora de educación a los hijos en primer término, el mundo asociativo non provecho, que no depende vitalmente de la subvención pública, el tramado mutualista, la escuela concertada, cooperativista está terriblemente debilitado; el llamado “Tercer sector” es simplemente una dependencia económica, a veces no del todo suficientemente transparente de la administración pública. En definitiva, el capital social, característica esencial de la fortaleza de Cataluña, se ha deteriorado gravemente y, por su lógica, este hecho ha repercutido en nuestro capital humano.
En relación al marco competencial, se han producido muchas promesas y escasos avances. Es una de las paradojas del independentismo, que además ha ignorado el desarrollo del Estatut, mientras desperdicia en el Congreso de los diputados la mejor correlación de fuerzas por los partidos catalanes que nunca se ha producido. El hecho de que después de una serie de años de gozarla no haya alcanzado la preceptiva modificación del sistema de financiación, habla por sí solo.
En este contexto, el gobierno de Illa ha sido visto como una superación del conflicto con el independentismo. En realidad nos encontramos ante la dimisión de la conciencia cívica de la sociedad catalana, marcada por una actitud que oscila entre la pasividad y la frustración, como muestran las encuestas -una característica común en España- cuando señalan la política como uno de los principales problemas del país.
Hay un gran vacío político cuando se gobierna con una fuerza muy minoritaria: el PSC con 41 de 136 escaños, por debilidad de la oposición (¿quién la lidera?) y, por tanto, sin alternativa, a pesar de la fragilidad democrática del gobierno. Es algo insólito en Europa, que comparte con el Ayuntamiento de Barcelona y un pésimo escenario para un sistema democrático, que extrae su fuerza y eficacia del intento de servir a la mayoría que configura el gobierno.
Al mismo tiempo, Cataluña es el bastión fundamental del gobierno Sánchez en todos los sentidos; para el gobierno, en Generalitat, para los diputados que aporta Illa y también los que entrega ERC y Junts, sin que ni PP ni Vox logren ninguna expectativa de enmendar la situación.
Es difícil percibir que el actual gobierno de Illa en Catalunya tenga la capacidad para aportar las respuestas que Catalunya necesita, porque nunca planteará nada que le aparte de su carácter sufraganio del gobierno español. Por su parte, su migración parlamentaria le impide abordar los cambios que Catalunya necesita. Financiación, Cercanías, seguridad, aeropuerto, situación de la pequeña empresa y autónomos, inmigración, enseñanza, televisión publica, reforma de la administración, ley electoral, desequilibrio entre derechos y deberes y un largo etc. de cuestiones pendientes, que tienen exponentes muy graves como la tasa de fecundidad 1,1 hijos por mujer, cuando la cifra de equilibrio está en 2,1, la prioridad al aborto (40% de los nacimientos, máximo a escala española) y la falta absoluta de ayudas a la familia y a la maternidad.
El presupuesto, el acto parlamentario más importante de cada año, tiene todo el riesgo de volver a ser prorrogado, lo que significa trabajar con el de 2023. En una lógica parlamentaria europea, esto significaría convocar elecciones, como hizo Aragonès, para que la gente decida el camino. Illa, como Sánchez, no lo hará, porque la finalidad no es escuchar a la gente sino controlar el poder para el partido.
Asimismo, el gobierno Illa consolida una cultura y una ideología que está en la raíz de las crisis que sufrimos, y que de hecho sufre buena parte de Europa. Forma un conglomerado, el de la progresía de género, con la participación de ERC, Comuns, y en una magnitud no marginal, también Junts.
Illa lo fía todo a la presencia y una actitud de rigor aparente y compromiso, y a muchas promesas de futuro: “no le faltará de nada ”. No es censurable, lo que ocurre es que resulta muy insuficiente para lo que necesitamos.
Todo esto sería diferente:
- Si hubiera un proyecto de país. Lo han suplido por el discurso de la buena gestión, y parece que los grupos de liderazgo económico del país lo compran como antídoto de los años del Procés. Es una visión de vuelo gallináceo porque sin horizonte de futuro no puede haber buenas políticas públicas y porque además la gestión no abordará los grandes problemas pendientes que necesitan una fuerte voluntad política.
- Si dispusiéramos de una alternativa reconocible, más allá de aspiraciones, bien legitimas, de las banderas partidistas. No existe esa alternativa, que para ser real debe ser también alternativa cultural.
No es un diagnóstico que inspire confianza en el futuro, pero es lo que existe. Sólo una remota respuesta desde la sociedad civil que regenere, reforme y repare la situación política y cultural puede cambiar una perspectiva sombría.
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