Cataluña tiene las costuras rotas por muchos lados y, por tanto, nuestro traje como país está desgarrado y corre el riesgo de quedar deshilachado. De estos, hay algunos especialmente sensibles porque afectan a la dimensión social y, sobre todo, a los más necesitados, la teórica igualdad de oportunidades y el funcionamiento del ascensor social.
Los 4 grandes agujeros de la política social catalana
Primero
El primero de estos agujeros es causado por la crisis demográfica, bien conocida: pocos nacimientos, envejecimiento, crecimiento vegetativo negativo y fuerte inmigración. Estas palabras crean un conjunto de grandes necesidades absolutamente desatendidas: se refieren a las ayudas a la familia, a la natalidad, a la vivienda, a las condiciones de vida de las personas mayores, sobre todo las que viven solas, y a la proporción creciente de personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas, tanto del país como inmigrantes en una proporción cada vez mayor.
Segundo
El segundo gran agujero es el del fracaso de la educación general básica. La primaria y la secundaria tienen unos resultados desastrosos y están muy lejos de contribuir a la igualdad de oportunidades y de ser el ascensor social. Quien no proviene de una familia con un buen capital social lo tiene muy difícil porque la escuela es incapaz de complementar esta carencia. Por tanto, saldrán personas que difícilmente podrán vivir vidas mínimamente realizadas, al menos desde el punto de vista material.
Tercero
El tercero es el menosprecio a las personas mayores, cada vez más numerosas. No existen políticas integrales en este sentido. Cabe decir, y esto es un hecho muy positivo, que las pensiones sí cumplen un buen papel, excepto en el caso de la mayoría de las viudas, pero el resto de cuestiones son muy deficientes, en particular lo que es la asistencia social a las personas que viven solas y el estado de las residencias.
Cuarto
El cuarto agujero es de total actualidad porque, después de 3 años de espera, se ha producido el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del gobierno español a la Generalitat.
En Cataluña hay unas 700.000 personas que viven en condición de pobreza severa. Pues bien, solo el 34% de ellas reciben el IMV. Por otra parte, la prestación de la Generalitat solo llega a un 25%. Sumadas ambas y en la mejor de las hipótesis, con pocas coincidencias, de las 700.000 personas con pobreza severa, poco más de la mitad quedan asistidas por una aportación que, por otro lado, es bastante escasa si solo se recibe una de las dos, ya que la ayuda estatal es de 602 euros y la catalana de 756 euros. Es evidente que un objetivo elemental sería cubrir a la mayor parte de esta población. Pero se está lejos de lograrlo y, además, de cubrirla con una cantidad suficiente.
Ahora, con el traspaso, se dice que todo será mucho más funcional y se llegará a más gente. Habrá que verlo y la reserva es legítima, sobre todo por dos consideraciones.
Primera, se ha traspasado a la Generalitat la gestión de la ventanilla; la concesión final sigue dependiendo de Madrid, y, por tanto, el circuito no es ni mucho menos solo autonómico.
La segunda razón es que la administración de la Generalitat está lejos de ser mínimamente eficaz y tener capacidad de atender a los usuarios. Y la prestación y los servicios de esta no escapan a la regla.
Todavía habrá una última consideración, pero nos llevaría demasiado lejos: estas políticas de perdigonada no resuelven el problema. Hasta que no se disponga de una única ayuda centrada en las familias, sobre todo las de bajos ingresos, el problema de este agujero social no encontrará solución.
