Ya conoce el dicho: “eran pocos y parió la burra” que se puede aplicar al caso de la iniciativa del gobierno Aragonés por medio del famoso “Departamento de Igualdad y Feminismos (¡ojo al plural!) y de hacer también una ley trans. La pregunta del millón es: ¿por qué necesitamos una si ya existe la del estado que otorga el oro y el moro a esta situación que atraviesan un reducido número de personas, y que en muchos casos determinan situaciones de privilegio por la excepcionalidad de lo que ofrecen y que dan pie a conflictos extraordinarios?
En el caso de la ley trans ya se ven las consecuencias que comporta que se dé por válida la definición subjetiva frente al registro civil sin necesidad de acreditar nada más. Los casos de hombres que mantienen su condición varonil visible, pero que se inscriben como mujeres, ya no son una anécdota, como no lo es el conflicto de las deportistas trans en relación con las practicantes femeninas.
También es muy grave todo lo que la ley permite en los adolescentes, aunque ya hay experiencia de otros países que hacen recomendable detener todo tratamiento medicalizado hasta que son personas adultas y asumen de lleno su condición de cambio de sexo a través del proceso de maduración, que el paso de la adolescencia a la edad adulta confiere. No hay ningún derecho que los trans ya no tengan. Y lo que hace la ley catalana es acentuar los graves peligros de la española.
Por ejemplo, en los menores, niños y adolescentes, de 12 a 16 años la ley establece que la decisión final será aquella que respete la opinión del menor y que sea compartida por sus representantes legales. Se refiere al acceso a tratamientos que modificarán su condición natural. La formulación arrincona a los padres, porque además establece que si ellos rechazan los tratamientos, algo lógico en un menor de esa edad, entonces el gobierno impondrá un mediador , que es un caso claro, por desgracia un caso más, de cómo la patria potestad va desapareciendo gracias a las leyes españolas y catalanas, reduciendo a los padres a unos simples proveedores de vivienda, alimentación y vestido para desproveernos de toda autoridad. Luego nos extrañamos de que el fracaso educativo de Catalunya sea rotundo y nos sitúe en el nivel de Ceuta y Melilla.
Además, establece que cumplidos los 16 años la decisión corresponde estrictamente al menor. Es una brutal distorsión. No puede conducir coches, no puede votar, nada puede hacer que esté reservado a la mayoría de edad, pero algo tan peligroso y de efectos tan terribles, como son los tratamientos farmacológicos para alterar su constitución y que pueden causar daños irreversibles, esto sí puede decidirlo solo con 16 años. Es un caso más de cómo Cataluña se convierte en un caso extremo de mal gobierno y de sociedad que es incapaz de reaccionar. Porque, además, de hecho, ya estamos de vuelta de estas situaciones, porque hace años que se han hecho leyes que regulan la transición del cambio de sexo en Suecia y Reino Unido. Y recogieron la experiencia de los terribles daños que ocasionó este hecho en los menores.
El gobierno catalán tiene la obligación de presentar al Parlamento y de acompañar un texto que está en la actual información pública, un informe hecho por especialistas que detalle las consecuencias de la hormonación prematura y de las experiencias registradas en otros países. Y aquí cabe apuntar que la información pública, reducida a 15 días y sin una campaña previa de información que permita enterarse a la ciudadanía, es una estafa legislativa y no sirve para nada.
Es necesario reclamar, ante todo, un gran debate y después una información pública acompañada de la documentación necesaria, como la ya apuntada, para ver la importancia de la ley.
Ésta también establece una serie de ventajas económicas y profesionales para aquellos que sean trans, y se avanza aún más al estimular situaciones de este tipo. Bajo la excusa de la diferencia, lo que se promueve, sobre todo entre los jóvenes y en la escuela pública, es la homosexualidad, la transexualidad y el feminismo de la guerra de géneros, a la vez que se criminaliza a los chicos por ser todavía hombres.
Por si fuera poco, la ley quiere obligar a las federaciones catalanas a que los trans compitan en aquellos ámbitos donde les corresponde su autodeterminación. Por tanto, para las competiciones masculinas no hay problema, las mujeres que han transitado a hombre no tienen ninguna ventaja, más bien al contrario. Pero los hombres que se autodeterminan como mujeres, y recordemos que no es ni siquiera necesario operar ninguna transformación, ni siquiera de nombre, sino acreditarlo ante el registro civil, sí tendrán unas ventajas extraordinarias compitiendo con mujeres. Profesionales mediocres del deporte que sea pueden obtener importantes ganancias si se autodeclaran mujeres y pasan a competir en este terreno.
La reacción contraria del mundo feminista a este hecho está perfectamente justificada, pero la Generalitat, que es más progre que nadie, se la pasa por el forro y tras predicar la igualdad condena a la inferioridad de condiciones a las mujeres deportistas en relación con las trans.
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