Existe una organización independiente internacional que promueve el estado de derecho en el mundo. El World Justice Project (WJP) publica cada año el índice del estado de derecho, que mide cómo éste se despliega en los países, a partir de 8 factores que determinan las condiciones de ese estado de derecho.
Se trata del poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento regulador, la justicia civil y la justicia penal.
España ocupaba el puesto 19 entre 139 países del mundo. Cabe decir que tratándose del estado de derecho, como ya advierte la misma información, todo un grosor muy importante y numeroso de países tienen situaciones muy deficientes y, por tanto, nuestra atención debe situarse en la región que determina la UE, la asociación europea de libre comercio y Norteamérica, que son sólo 31 países.
La posición española desde ese año 2020 hasta 2023 ha evolucionado negativamente, por lo que ahora ocupa el puesto 24. Ha perdido, por tanto, 4 puestos en sólo 3 años, y el puesto 18 en la clasificación regional de los 31 países donde el estado de derecho presenta un nivel aceptable, es decir, ahora ya se sitúa claramente por debajo de la media. En consecuencia, estos registros, que por su carácter general son siempre incompletos, pero también casi siempre son orientadores, señala un empeoramiento del estado de derecho en el período de mandato de Sánchez, y esto se pone de manifiesto también en el día a día. Y ahora, como señalan la mayoría de portadas de los diarios, con excepción de La Vanguardia y El Periódico, se han producido dos nuevos hechos que deben mover necesariamente a preocupación.
Uno lo ha vuelto a propinar el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del estado con Zapatero. En poco más de 24 horas volvió a actuar como instancia de casación, que no es su papel, y mencionó la página en el Tribunal Supremo. Como es sabido, el Tribunal Constitucional no es jurisdiccional; es decir, no pertenece al ámbito del poder judicial que condona su estructura con el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional es otra cosa, y de ahí que no esté formado sólo por jueces, ni mucho menos. Su única misión es velar por que las decisiones que se tomen, especialmente por parte de los poderes y de las administraciones públicas, que se sitúen dentro del marco constitucional. Esto es muy importante, pero limitado.
Está claro que hay una vía por la que aspectos del ámbito judicial pueden acabar trasladándose al Tribunal Constitucional. Son los recursos de amparo. Éstos en su inmensa totalidad son rechazados de entrada sin entrar a considerarlos porque de no ser así se estaría actuando como una suerte de tribunal por encima del Tribunal Supremo, que es lo que ha pasado ahora aceptando el recurso de amparo de Otegui, que le libera de repetir un juicio por su pertenencia a ETA. De esta forma el Tribunal Constitucional le enmienda la plana a los 16 magistrados del Tribunal Supremo, que acordaron con la quiescencia del fiscal volver a juzgarle por el intento de refundar Batasuna. De hecho, el día anterior también actuó por igual, en este caso con un recurso presentado por el exdiputado de UP, Alberto Rodríguez, y corrigió la sentencia y la condena que le había impuesto el Tribunal Supremo.
En este segundo caso la sobreactuación fue aún más escandalosa, porque se atrevió a redactar de nuevo la sentencia y a dictar la pena que le correspondía.
Todo esto son absolutas extralimitaciones que, además, se mezclan con la jurisprudencia creativa, y tienen como consecuencia la censura de las decisiones judiciales y la reescritura del texto constitucional a base de sus interpretaciones creativas. Nadie debería sorprenderse. Ya lo hizo de manera escandalosa con la sentencia sobre el aborto , con el agravamiento de que 4 de los miembros del tribunal que intervinieron no querían hacerlo porque ya antes en función de sus cargos se habían pronunciado sobre el aborto. Y eso como es obvio invalida a cualquier juez a dictar sentencia. Por tanto, estamos ante un controlador de la constitucionalidad que no ofrece ningún tipo de garantía de objetividad. Esto nunca había ocurrido y es un riesgo demoledor porque invalida de forma radical la confianza en las instituciones.
Por si fuera poco, el mismo día los letrados del Congreso de la comisión de justicia donde se trata la polémica ley de la amnistía, presentaron un informe de 13 páginas donde declaraban que esta ley exigiría la reforma de la Constitución para poder llevarse a cabo. Además, consideran que invade funciones de los tribunales de justicia y lesiona la seguridad e igualdad jurídica.
Además, el dictamen subraya que amnistiar delitos de terrorismo y malversación puede ser contrario al derecho europeo. Estos informes no son vinculantes pero normalmente son considerados totalmente o en alguna medida, dado su sólido fundamento jurídico. Más en ese caso donde la polémica es extraordinaria. El gobierno ya ha anunciado que no los tomará en consideración, pero es que además hay un informe de quien es el nuevo secretario general, Fernando Galindo, que fue propuesto para el cargo por la actual presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, en el que señalaba que la ley era perfectamente constitucional. Existe así un segundo factor de deterioro de la instancia parlamentaria, en la medida en que el secretario general, convertido en cargo político, choca frontalmente con los profesionales encargados de velar por la reconstitucionalidad y la calidad de las leyes.
Vivimos bajo una bola de nieve que acumula distorsiones, abusos, desmanes de todo lo que configura los derechos de los ciudadanos, que cada vez más son interpretados en función de los intereses del poder ejecutivo; es decir, de Pedro Sánchez.
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