En grandes titulares en plena portada, La Vanguardia del 28 de octubre titulaba «El Defensor del Pueblo cifra en más de 400.000 las víctimas de abusos en la iglesia» y para que no quedaran dudas del origen de la información, añadía » El informe, de más de 700 páginas, pide la creación de un fondo estatal para indemnizar a los perjudicados”.
Pues bien, si se lee el informe se constatará que la cifra de La Vanguardia no aparece, ni nada que se le parezca. En realidad, y en contra de lo que dice el diario, las 440.000 víctimas es un invento de El País, como el propio diario explicaba en su edición del domingo. Lo había hecho de la siguiente forma. El País considera que, si como la encuesta señala hay un 0,6% de respuestas que dicen ser abusados por sacerdotes y otro 0,53% que fueron por personas laicas vinculadas al mundo eclesial, y resulta que en España en el 2022 hay 38,9 millones de personas entre 18 y 90 años, la conclusión está clara: hay 440.000 personas abusadas. Naturalmente, es un despropósito científico.
No hace falta ser un experto para entenderlo. La encuesta que figura en el informe del Defensor del Pueblo y que da aquellas magnitudes de quien declara haber sido abusado por personas vinculadas a la Iglesia, son 11 de un total de 8.000 entrevistados. Y estas 11 personas le sirven al diario de Madrid para decir que hay 440.000 personas en esta situación en España. Y La Vanguardia, que sabe perfectamente de dónde procede la cifra, porque si no no pudo darla, hace, al igual que TV3, el engaño de asignarlo al informe del Defensor del Pueblo.
Lo que no dicen El País ni La Vanguardia es que aplicando esa misma lógica resultaría que en España hay 4,5 millones de adultos que fueron abusados de menores, de los que 4,1 millones fueron fuera del ámbito católico. Sin embargo, esta escandalosa cifra no llama la atención, no es digna de escandalizar a nadie. Como no lo es que con los mismos datos de la encuesta, el número de abusados en las escuelas no religiosas, básicamente estatales, resultan casi el doble que las de escuelas religiosas. Pero este dato tampoco alerta a nadie. El foco sólo está en la Iglesia.
Naturalmente este tipo de cálculos son radicalmente incorrectos. Una encuesta sirve para medir opiniones, pero no es un buen instrumento para definir hechos. Las razones son numerosas: no existe posibilidad de verificar la veracidad de las respuestas, los errores del muestreo, los sesgos en la muestra, el margen de error en los resultados, la complejidad de los factores mostrados.
En el caso de la encuesta estos hechos se acentúan porque el resultado que obtiene de personas vinculadas a la iglesia, 0,6% de sacerdotes y 0,53% de personal seglar, son magnitudes menores que el margen de error, que es del 1%. Esta medida señala en qué grado cabe esperar que los resultados de la encuesta reflejen las opiniones de la población en general. Por ejemplo, si se dice que una encuesta tiene un error del 5% y obtenemos respuestas sobre un determinado tema de una magnitud del 60%, la realidad puede oscilar entre el 55% y el 65%. Es evidente que con un margen de error del 1% y con respuestas situadas en el 0,65% y el 0,53% y, por tanto, con resultados negativos por la parte baja, la conclusión sobre la no significación de la cifra es evidente.
Extraña además que habiendo fondos con estadísticas concretas, el informe del Defensor del Pueblo no las haya utilizado en lugar de la encuesta. Por ejemplo, existe una fuente precisa que son las denuncias por abusos infantiles a menores, o los resultados de juicios, que permiten identificar claramente quién es el agresor. O el estudio de la Fundación ANAR especializada en protección a la infancia, que comprende toda una década, de 2010-2018. ¿Por qué no ha utilizado el Defensor del Pueblo estas fuentes directas que permitían construir una sólida estadística? ¿O por qué no han utilizado los informes que obran en poder de la Fiscalía General del Estado, que pidió un recuento sobre los casos que afectaban a personas vinculadas a la Iglesia católica?
Pues el informe apadrinado por Ángel Gabilondo no utiliza estas fuentes por la misma razón que el informe de fiscalía ha quedado en el fondo de un cajón: porque el número de posibles delincuentes vinculados a la Iglesia católica es muy pequeño. De hecho, después de un año de trabajo y muchos recursos empleados, y facilidades para declarar, el Informe sólo ha conseguido reunir a 360 víctimas efectivas que hacen referencia a un período de 92 años! La mayoría de ellas pertenecientes a las décadas de 1960 a 1980. Sólo 19 de la década de 2000, 8 de la de 2010, y ningún caso en el actual.
Tampoco contrastó los resultados de la encuesta con las fuentes estadísticas de denuncias y juicios, ni estableció preguntas de control para establecer el grado de sesgo de la muestra. Ni siquiera sabemos cómo han sido formuladas las preguntas porque el extenso informe se olvida de proporcionar el cuestionario.
Hay una voluntad decidida de inflar el globo porque los resultados numéricos no coinciden con las expectativas creadas, y El País, después de cinco años de campaña, incluido teléfono para denuncias anónimas, ha querido inflarlo tanto que lo ha hecho reventar .
Lo lamentable del caso es que La Vanguardia se ha hecho eco de este intento y además lo ha manipulado para presentarlo con un origen oficial que no tiene. Es evidente que por ética periodística este diario tiene la obligación de rectificar, de informar que su portada tenía como origen la fuente de El País y hacerlo en la misma extensión y lugar en el que se ha producido el hecho.
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