Hay una realidad que debería mover a un intenso debate cívico y que no es otra que el escandaloso hecho de que los catalanes somos los que pagamos más con diferencia a nuestro gobierno autonómico, a la Generalitat. Quienes todo lo justifican, afirman que esto se debe a la mala financiación catalana, pero el problema empieza cuando se constata que no hay relación entre comunidad autónoma mal financiada e impuestos propios mayores o menores.
Por ejemplo, Cantabria tiene una muy buena financiación, pero con varios tipos impositivos como el IRPF se sitúa por encima de la media española. Por otra parte, autonomías peor financiadas que la catalana, como Baleares, la Comunidad Valenciana y no digamos ya Madrid, tienen presiones fiscales autonómicas mucho más bajas que la catalana. Por ejemplo, el IRPF de la Comunidad Valenciana está en la décima posición considerando la hipótesis de que se paga sobre los 45.000 euros, mientras que Cataluña se sitúa en el segundo lugar. Otra justificación sería que disponemos de prestaciones mucho mejores que las demás comunidades autónomas, pero exactamente ocurre lo contrario. En todos los epígrafes que se consideren estamos a la cola, incluso en las listas de espera sean las que sean, resultados en educación, precios de las matrículas universitarias, ayudas a la dependencia, vivienda social y todo lo que se quiera añadir a esta lista.
Pero antes de ir más allá, consideremos cuál es el ranking de las comunidades que más pagan
Continuando con el eje del IRPF sobre 45.000 euros, Navarra, que recordémoslo tiene un sistema foral, está en primer lugar con 9.708 euros y Cataluña aparece segunda con 9.691 euros. Las dos que siguen en nuestro país, Extremadura y Cantabria, perderán posiciones claramente el próximo año porque con el cambio de gobierno autonómico se producirá una anunciada subida de impuestos. Cabe añadir que la media española está en 9.337,5 euros.
Por tanto, los catalanes pagamos a nuestro gobierno bastante más de lo que cada habitante de autonomía paga a la suya. Si descontamos las 3 últimas que corresponden a País Vasco, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, que son las que pagan menos de España, y aquí sí se nota el concierto, la siguiente es Madrid, con sólo 8.974.5 euros. Una diferencia de 800 euros casi con Catalunya.
Si consideramos el patrimonio, también utilizando un valor de comparación medio, de 800.000 euros, Cataluña está en el tercer lugar y paga 769,5 euros, Precedidos de la Comunidad Valenciana con 909, y Aragón con 1.164. La media española está muy lejos de esa cifra con 271,5. Hay 6 comunidades autónomas en las que no existe este impuesto: Madrid, Andalucía, Murcia, Extremadura, Vizcaya y Álava. En Guipúzcoa, que lo mantiene, es pequeño, de 200 euros. Y todavía es inferior el de Galicia con 100.
Para el impuesto de sucesiones sobre 800.000 euros, el primer puesto lo ocupa Asturias con 103.000 de importe a liquidar, seguido de Aragón con 55.467, y tercera Cataluña con 32.342, que es prácticamente el doble de la media española, que está en 15.828 euros, pero que es un valor que no expresa bien la distribución porque las comunidades autónomas de inmediato por debajo, provincias en el caso del País Vasco, sólo alcanzan los 3.150. Madrid se sitúa en 1.586 y 4 autonomías carecen de este impuesto: Galicia, Cantabria, Baleares y Andalucía. Además Aragón, que ya hemos dicho que ocupa la 2ª posición, lo reducirá el próximo año cuando se aplique la medida establecida por el nuevo gobierno del PP.
Por último, en relación con el impuesto por transmisiones patrimoniales considerado sobre 150.000 euros, Cataluña y Cantabria ocupan el primer puesto con 15.000 de impuesto, es decir un 10%. Pero considérese que, como hemos visto con el de sucesiones, en Cantabria no existía ningún tipo de imposición fiscal, por tanto, una vez más Cataluña emerge con fuerza. Y los puestos más bajos corresponden a Madrid, Comunidad Valenciana y Navarra con 9.000. Y cierra la lista Baleares con 6.000.
Hay claramente un abuso fiscal en Cataluña o una deficiente gestión de la administración de la Generalitat, o ambas cosas a la vez. Y ésta es una evidencia a abordar. La realidad es que como el Parlamento sigue siendo estéril, sólo una reacción cívica puede enmendar esta injusticia.
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