Esta campaña electoral ha acentuado el carácter de tómbola que cada vez más tienen las elecciones, en las que unos señores representantes de los partidos políticos tratan a los ciudadanos no como tales, sino como súbditos como la plebe romana. En Roma también había elecciones, limitadas, pero las había, y la más digamos democrática de todas era para escoger el tribuno de la plebe. Y los candidatos no estaban por tonterías, prometían el oro y el moro: trigo gratuito, más fiestas en los circos y lo necesario.
Pues bien, nuestros candidatos hacen algo similar. Ahora el vicio recurrente se ha transformado en perverso. No importa para nada que España se vea en la necesidad de reducir su déficit, lo que a pesar de los ingresos extraordinarios no hará este año, y que también debe reducir su endeudamiento público. Para los candidatos la casa es grande y todas las consumiciones están pagadas.
Yolanda Díaz empezó ofreciendo 20.000 euros a cada joven que cumpliera 18 años. Esto representaba distribuir 10.500 millones de euros cada año, lo que significa un 0,8% del PIB. Si recordamos que igualar las pensiones con el IPC representa 1 punto porcentual adicional, nos daremos cuenta de que si la promesa se hiciera realidad sólo con un gasto que ya conocemos y otro nuevo, la posibilidad de controlar el déficit sería ilusoria. Más cuando la administración pública, y ésta es otra, ha batido todos los récords de contratación, con la última oferta masiva que hace Sánchez antes de las elecciones, y que situará a la función pública española con la mayor cifra de funcionarios de toda su historia.
Ahora, la oferta que se hará de nuevo es de 30.000 plazas. El resultado es que habrá otros 406.100 funcionarios que cuando Sánchez llegó a la Moncloa.
Vox, por su parte, no quiere ser menos y modifica radicalmente el IRPF y lo reduce a dos tramos, los de las rentas inferiores que pagarían un 15% y el de las superiores que pagarían un 25%. Con esta solución no sólo desaparece la progresividad, sino que también se esfuma mucho dinero de ingresos.
Aquí nadie quiere faltar a la fiesta de las ofertas y naturalmente Sánchez el que menos, porque además de lo prometido en vivienda para decenas y decenas de miles de nuevas unidades, y de contratar para la administración a toda máquina, ofrece ahora y para siempre transporte público gratuito a todos los menores de 24 años. Dice que lo hace por reducir el impacto ambiental. Pero no está nada claro que los jóvenes de esta edad quemen demasiada gasolina con sus Maserati para ir al trabajo.
También asegura que va a dedicar el 7% del PIB a sanidad, 5% a enseñanza y el 2% a servicios sociales, y además, y eso no lo dice, fomentará el gasto militar para aproximarse al 2% del PIB. Igualmente ofrece estudios universitarios gratuitos a todo el mundo que apruebe curso. Este tipo perfil de oferta de Sánchez traducido significa que el PSOE flaquea mucho en la gente que vota por primera vez, es decir, los jóvenes.
Por si fuera poco, y dado que los servicios sanitarios funcionan fantásticamente, aún añadirá nuevas prestaciones: odontología, fisioterapia, oftalmología, psiquiatría y psicología clínica. Pondrá fin a las listas de espera que tendrán un tiempo máximo de 30 días.
Feijóo, por su parte, se apunta a la reducción de impuestos a todos aquellos que ingresan 40.000 euros al año, y sacará el IVA del resto de productos que todavía lo soportan, como la carne, el pescado y las conservas o temporalmente mientras la inflación presione.
No es un listado exhaustivo de las promesas, pero es suficiente para constatar la demagogia de los hechos.
Por la irresponsabilidad de los partidos políticos se impone necesariamente lo que otros estados mucho más eficaces tienen, caso de Holanda entre otros, una autoridad independiente que evalúa las promesas económicas de los partidos y les obliga a justificar cómo piensan cumplirlas con los datos presupuestarios en la mano. Ésta es la única manera de evitar que la campaña electoral, además de descalificaciones e insultos, se transforme en una operación masiva de repartir duros a 4 pesetas.
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