España es una aparente paradoja, porque siendo gobernada la mayor parte del tiempo por el llamado socialismo democrático, y en los últimos años por un gobierno que se autocalifica de” progresista y feminista”, vive en una creciente injusticia social manifiesta.
Pero, las cifras españolas señalan que el país es uno de los más desiguales de Europa, donde el paro juvenil es mucho más alto que en el resto y la vivienda es un lujo asiático, donde los salarios apenas crecen y con una renta real que prácticamente la misma de 2008. Pero todo eso sucede para la gran mayoría, porque al mismo tiempo resulta que nuestro banqueros y los socios de la grandes consultoras perciben ingresos muy por encima del registro medio europeo. Las distancias entre un vértice social muy pequeño y el resto, incluida la clase media alta, crecen y crecen
Es espectacular el caso de las grandes consultoras, que ya fueron motivo de escándalo en Francia, abusan con unas condiciones laborales lamentables para la mayoría de sus empleados, sin que el Ministerio del Trabajo, cuya titular quiere transformar España con un cuento rosado, mueva ficha para ponerle remedio y, a pesar de que una gran parte de los ingresos de este tipo de empresas proceden de las propias administraciones públicas y en realidad le sería fácil fiscalizarlas y poner remedio.
Y qué decir de los bancos, récord en salarios para la cúpula y al mismo tiempo una digitalización que consiste en que nosotros los usuarios hagamos la tarea gratis que antes hacían ellos. Una situación que discrimina, como viene siendo evidente, a las personas menos capacitadas para la práctica digital. Un servicio cada mes más escaso y costoso por el tipo de comisiones de todo tipo, mientras que las remuneraciones en los depósitos son miserables.
Si en salarios de los directivos estamos a la cabeza de Europa, en retribuciones de los depósitos estamos a la cola. Mientras que la retribución de los depósitos a plazos entre los hogares en relación a las empresas es de 0,95 en la Eurozona, en España es de 0,42, lo que señala una desigualdad superior al doble y mucho peor si lo comparamos con Italia, cuya relación es de 1,29. Lo que significa que retribuyen mejor al cliente particular que a la empresa. Ahora, para la gran empresa, los bancos se han apresurado a multiplicar por 2 y por 3 sus retribuciones.
Todo esto perjudica gravemente a la mayoría en un tiempo donde la inflación erosiona los ingresos en una proporción mayor cuanto menor sea la renta, porque quienes la encabezan son los alimentos, que constituyen una proporción más grande de gasto sobre el ingreso. Más hubiera valido por parte del gobierno regular un trato justo del sistema bancario, que es de los más oligopolísticos de Europa, que aplicarles un impuesto que puede quedar en nada en los tribunales y que, en todo caso, solo engorda las arcas públicas, pero en nada beneficia al esquilmado bolsillo ciudadano.
Y qué decir de la vivienda, una necesidad humana, un bien constitucional, la base para que los jóvenes puedan emanciparse y formar una familia. Según una encuesta publicada este domingo pasado en el periódico gubernamental El País, el 53% de la población dedica mas del 30% de sus ingresos, que es considerado el límite máximo razonable, a pagar la hipoteca. Y, como lo que está mal puede empeorar, si el Euribor sube un 58% tendrán problemas para llegar a final de mes, mientras que si la persona está en alquiler, el porcentaje que dedica, más del 30% a cubrirlo, asciende al 71%.
Bajos salarios, alimentos y vivienda por las nubes, paro juvenil a mansalva. Todo esto castiga a la mayoría, y todo esto se llama injusticia social manifiesta, que no es coyuntural sino estructural como lo constata la Sareb, popularmente llamado “banco malo”. El instrumento financiero que cuando la crisis bancaria, concedió el gobierno Rajoy para sanear los pasivos de los bancos bajo una solución bien simple. Traspasaron todos los activos con problemas, sobre todo viviendas construidas, en construcción y solares -así como morosos- a esta nueva entidad, y fueron adquiridas por el banco malo por 50.781 millones de euros. Esto saneó, claro está, las cuentas de los bancos y creó un agujero en los presupuestos públicos. Se calcula que ha generado un déficit público de casi 10.000 millones y una deuda pública de 34.000 millones. Y cada año pierde dinero, 1506 millones en el 2022.
La trasparencia sobre todo esto es nula, pero eso es habitual en la administración española, gobiernen tirios o troyanos. Por lo visto, los que iban a asaltar el cielo, ahora con Belarra y Montero al frente, no están para estas menudencias, sino para “el sí es sí” y las campañas de publicidad sobre calzoncillos y sostenes.
Pero, todo este dinero público con el que hemos salvado la banca, la misma que abusa de nosotros y se reparte grandes ganancias, (y sí, esto es demagogia: la demagogia que produce el simple relato de los hechos), significa que pisos acabados a medio terminar y solares son públicos y deberían ser destinados a inyectarlos rápida y masivamente al mercado de la vivienda destinada a la venta y al alquiler social. Que no se haga forma parte de la injusticia social manifiesta.
Y qué decir del propio gobierno “progresista y de izquierdas”, que nos esquilma con los impuestos a causa de la inflación, cuando precisamente la Directora Gerente del FMI exhortaba a reducirlos para combatir la inflación el pasado 3 de abril. No es que los reduzcan, al contrario, el efecto inflación significa que el gobierno Sánchez a esquilmado 5000 millones de euros debido al paso mecánico de contribuyentes a una tarifa con una carga fiscal mayor a causa de la inflación. Incluso a los pensionistas, que se les incrementa la pensión con el IPC, se les recorta con la otra mano por esta vía.
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