No es necesario especular sobre las consecuencias de la supermanzana del Eixample, porque realidades de mucha menor entidad ya ponen de manifiesto cuáles son sus efectos y daños sobre nuestro tejido urbano. Las discrepancias sobre el plan de usos de la supermanzana de Sant Antoni y su entorno entre los Comuns y el PSC es mucho más que un rifirrafe entre partidos.
En realidad es la emergencia del problema de fondo que conlleva una supermanzana: la desvirtuación y disfunción de la actividad económica de la base económica del territorio directamente afectado y su área de influencia. Porque como se ve en Sant Antoni, la supermanzana promueve un determinado tipo de actividad (bares, restaurantes, espacios de ocio, tiendas dedicadas a aspectos muy selectivos, veganas, fashion, etc.) y desplaza el comercio y la actividad de barrio.
No es algo nuevo, es el problema que se registra desde hace años la calle Enric Granados, a pesar de ser sólo una vía peatonal sin adornos de verde. La colonización y transformación de la calle ha sido extraordinaria y hoy es un continuo de bares y restaurantes.
El Ayuntamiento pretende corregir estas distorsiones con el plan de usos, es decir, con restricciones por la apertura de determinados comercios y actividades económicas. Precisamente las discrepancias entre los dos partidos del gobierno en el caso de Sant Antoni vienen por la intensidad de estas prohibiciones. Si se extienden mucho por el territorio y son muy amplias, limitan su actividad económica. Pero si ocupan un espacio reducido y abordan pocos aspectos, no tienen capacidad para corregir totalmente el impacto de la supermanzana.
En definitiva, está claro que la solución de los Comuns de Colau por las transformaciones negativas que ocasiona su modelo urbanístico, es el plan de usos restrictivo, que significa la liquidación del libre mercado y pasar a una economía urbana planificada y centralizada.
Si se lleva a cabo la supermanzana del Eixample, esta operación de planificación central será necesaria llevarla a cabo en todo lo que hoy en día es el gran espacio central del pla Cerdà con las consecuencias y graves distorsiones económicas, porque es evidente que sustituir al mercado por una rígida regulación, unido a la profunda alteración de la movilidad ahogará el dinamismo económico que hoy tiene el Eixample.
Será la ruina para unos y la destrucción de la base económica de lo que ha sido Barcelona para el conjunto.
Pero no será suficiente con regular la actividad económica, sino que también habrá que intervenir sobre el régimen de las viviendas. Porque por la misma razón, en los ejes verdes se produce una gentrificación, una expulsión de los vecinos de alquiler y su sustitución sobre todo por los residentes, temporales o más permanentes, fruto del atractivo turístico de la ciudad.
Tendríamos así graves problemas fruto de la transformación, no sólo a nivel a pie de calle, sino en altura, en todos los pisos que no sean de propiedad. Es una evidencia de que el Ayuntamiento está improvisando en esta importante transformación.
Hay que detenerla y conocer cuáles son las previsiones sobre la actividad y los hogares a consecuencia de lo que se quiere hacer. Mientras esto no se dé, las supermanzanas deben detenerse y los ejes verdes no pueden seguir saliendo adelante, y lo que se está haciendo en la calle Consell de Cent debe detener sus obras y restituir su normalidad como calle del Eixample.
Cuando sepamos el pan que se da en la transformación, podremos volver a hablar de ello. Hablar de las consecuencias y también del coste de esa transformación.
Ada Colau debe decirnos si es cierto o no que el coste global de la supermanzana del Eixample se sitúa por encima de los 700 millones de euros, como también debe explicarnos antes de las elecciones cuál es el coste de unión del tranvía por la Diagonal, quien se hará cargo de esta gestión, si la actual empresa pública o Transportes de Barcelona, y en este segundo caso, qué deberemos pagar a la empresa por el rescate de la concesión del tranvía.
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