Si no hay cambios, los médicos de Catalunya irán a la huelga el 25 y 26 de enero. Razones no les faltan, dada la saturación y degradación que viene experimentando la sanidad catalana. Ahora mismo, muchos hospitales presentan una situación de colapso, con personas que permanecen en los pasillos sin poder ingresar en planta durante 2 o 3 días. Una situación terrible para quien tenga que vivirla. Por si fuera poco, en 5 años se jubilarán 9.000 médicos. Lloverá sobre mojado.
Pero, para una parte importante de la profesión, los agravios de la política no son solo éstos. Lo puso de relieve la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Luisa González, en su intervención en un acto contra la aprobación de la ley del aborto que se celebró en Madrid el pasado día 10 con la participación de más 100 entidades contrarias a este tipo de legislación. La médica decía en su parlamento: «en los últimos 2 años los médicos nos hemos visto colonizados por un alud de leyes que contravienen nuestros principios profesionales más auténticos». Hay -añadió- «una quiebra inaudita de la necesaria colaboración entre la sociedad civil y los legisladores».
Y es que en el transcurso de estos dos años se han aprobado, sin consultar para nada los ámbitos académicos y profesionales de la medicina, las leyes que legalizan la eutanasia y el suicidio asistido, la denegación de incrementar los recursos para los cuidados paliativos, la llamada ley trans, que liquida toda consideración médica y científica de la disforia de género, y ahora una ley de aborto que llega al extremo de prohibir la información a la mujer embarazada sobre posibles alternativas y que también suprime el período previo de reflexión antes de tomar esta delicada decisión.
Los médicos se ven sometidos a una fuerte presión por la contradicción entre su código deontológico, que les pide salvar y proteger la vida, y muchas de estas normativas. Y además ven vulnerado su derecho a la libertad de conciencia porque establecen en los servicios públicos registros de los objetores, en los que además de señalar a la persona impide que el médico pueda ejercer su reserva o no en función de cada caso concreto y se ve obligado a tomar una decisión que les transforma a una categoría.
En este conjunto de problemas, que van de la ineficacia en los servicios de la sanidad pública a la ideología que impera en el ámbito de la vida y de la salud, Cataluña ocupa un lugar destacado, desgraciadamente. Aquí somos más que nadie. Celebramos hacer más eutanasias que nadie, dedicar menos dinero a los cuidados paliativos, encabezar el ranking de abortos en España, a pesar de que nuestra natalidad está por los suelos, lo que se convierte en una especie de suicidio colectivo.
Como decía una ranger africana responsable de la vigilancia de las reservas de gorilas, que por primera vez visitaba Europa, y concretamente Barcelona, le sorprendía que en nuestras calles se vieran muchos perros con abrigo y muy pocos niños. La frase se hizo famosa y con razón. No hay más que recordar que mientras las prestaciones habituales arrastran un penoso camino de retrasos y largas colas, todo lo relacionado con el aborto y la eutanasia pasa a un primer plano y tiene una asistencia privilegiada.
Por ejemplo, Cataluña es la comunidad autónoma que permite utilizar el aborto farmacológico durante un período más largo de tiempo, hasta la semana 14, cuando en el resto de España como mucho se llega a la semana 9 o incluso menos. Si a este hecho añadimos, pero esto no es una singularidad catalana, que el aborto es gratuito y que ni el estado ni la Generalitat no da ni la menor ayuda a la mujer embarazada que quiere tener el hijo, tenemos el panorama completo de cuáles son las prioridades para el gobierno de Cataluña.
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