Hay dos maneras de acabar con el estado de derecho, la violenta y la sutil. La primera es rompiendo de forma aparatosa con el régimen democrático. La segunda es la modificación progresiva de todo lo que significa un estado de derecho, al tiempo que se manifiesta la voluntad de mejorarlo. Es lo que ocurre en España.
- El gobierno se pasa por el forro las leyes que establecen garantías jurídicas. El caso más reciente es lo que está ocurriendo con TVE. Por un lado, han nombrado unilateralmente a una directora general de carácter provisional sin pasar por el Parlament. Lo argumentan que como es provisional no es necesario. Y acto seguido, mediante acuerdo, ni siquiera un decreto ley, que debería haber sido convalidado por el Congreso, otorga a este cargo provisional, que tiene por ley unas funciones limitadas, la misma capacidad que si fuera el director elegido por el amplio consenso de 2/3 que establece la legislación vigente. Por esta vía el gobierno hace suyo el control de RTVE dejando en papel mojado toda la legislación existente ampliamente debatida para conseguir unos cargos de consenso que garanticen la pluralidad.
- Un Tribunal Constitucional, que no es garantía de nada. La última autoridad mayor está absolutamente deteriorada. Lo está por la no renovación de sus cargos, pero también por el comportamiento de sus miembros. El 2 de julio el diario El País, nada sospechoso de ser crítico con el gobierno, titulaba: “El Constitucional aparca las grandes sentencias pendientes hasta su renovación. Los magistrados quieren evitar fracturas internas sobre el aborto o la eutanasia”; es decir, la justicia se adapta a la circunstancia, que es todo lo contrario a uno de sus principios fundamentales. El hecho es más escandaloso, por ejemplo, es que además el aborto está pendiente de un recurso desde hace 12 años. Para redondearlo, aparece la fiscalía que no ve ningún delito en el retraso del TC al dictaminar este recurso. Sin un TC garante de los derechos, la situación de éstos se vuelve peligrosamente débil.
- Sin control de la gestión. Aquí los casos se multiplican porque el gobierno es absolutamente cuidadoso al evitar su control. Por ejemplo. el Tribunal Supremo tiene pendientes 400 recursos sobre la cóvid, pero el ministerio de Justicia decide no reforzarlo porque no hay ningún interés en que se resuelvan, y el atasco sigue indefinidamente. El último gobierno Sánchez no ha convocado ni una sola vez a la comisión de control del CNI, convirtiendo esta instancia en un anexo de la Moncloa. O otro, la mayoría que le apoya en el Parlamento acordó la brutalidad de que el Congreso no investigara la pandemia, que ha matado a tanta gente y ha destruido tantas vidas y cuyos efectos estamos todavía pagando.
- La falta de transparencia. El estado de derecho se fundamenta en la información y la transparencia de los poderes públicos. Esto en España es evitado siempre que se puede. El gobierno Sánchez ha infringido más de 1.200 veces la ley de transparencia y aquí no pasa nada, y se niega a dar información sobre hechos que requieren aclaración, como el escandaloso caso del rescate de la compañía aérea Plus Ultra o el abuso del avión Falcon, o las estancias del presidente en Doñana. Aquí la lista es obviamente larguísima. La Moncloa no facilita el nombre, ni el currículo de sus 127 asesores, sí, 127, que tiene en las diversas delegaciones en las comunidades autónomas. Las que más, en Andalucía y Catalunya, con sueldos brutos al mes sin considerar los complementos que se sitúan en su inmensa mayoría por encima de los 2.000 euros.
- Sin rendimiento de cuentas. La democracia se basa en que el gobierno informe de lo que ha hecho y de los resultados logrados. Esta práctica no existe en España. Gracias a ERC y a Bildu, el gobierno ha logrado no rendir cuentas al Congreso en 37 ocasiones en que éstas han sido solicitadas. Por supuesto que no existe ningún intento de hacerlo por iniciativa propia. ¿Cómo pueden saber los ciudadanos qué se hace con su dinero, si ignoramos lo que hace el gobierno y los resultados que obtiene?
- Decisivo. La degradación del Congreso. El gobierno Sánchez suspendió las actividades del Congreso durante la pandemia, un precedente muy peligroso porque significa anular la representación del pueblo en períodos de crisis y emergencia. Es el gobierno que más ha abusado de la figura del decreto ley, pensada para casos muy especiales, y que utiliza sistemáticamente para rehuir la tramitación parlamentaria de una ley. También recurrir a otras artimañas, como son presentar determinadas leyes, como la de la eutanasia, no como proyecto, es decir a iniciativa de gobierno, sino como propuesta, que significa a iniciativa de un grupo parlamentario. Por esta vía también las comparecencias, consultas y trámites se ven reducidos. O bien como hace con la nueva ley del aborto y la de las personas trans que se presenta hoy, calificándolas de urgencia.
- Un gobierno que impone su ideología . Se presupone que el estado de derecho liberal se caracteriza por que el estado no es portador de ninguna ideología. No es el caso de España, donde toda su legislación está conducida por la ideología de la perspectiva de género, que irrumpe también en el proceso educativo, introduciendo un tipo de educación sexual en la escuela al margen del criterio que pueda tener cada familia. También manifiesta su ideología de estado con la nueva ley de la memoria histórica, que acaba de ratificar el Senado, que no es más que una lectura del pasado muy sesgada por la ideología de los actuales gobernantes.
- El alud de leyes y normas. El Boletín Oficial del Estado y boletines autonómicos publican millón de páginas al año. Leer todas invirtiendo 10 horas al día significaría 15 años de trabajo. En lugar de simplificar todo este proceso, el gobierno lo lía aún más y en el calendario presentado en enero de este año prevé dictar 368 normas adicionales. En esta selva legal el poder gubernamental tendrá siempre la razón porque nadie tiene el conocimiento necesario sobre todo este conjunto.
- Límites crecientes a la libertad de expresión a base de normas que criminalizan o limitan conductas que, en absoluto, son censurables o directamente limitan la libertad de expresión. Es el caso de la ley de secretos oficiales, tan criticada por la federación de periodistas o la modificación del Código Penal por intentar castigar con prisión a aquellas personas que se concentran en las inmediaciones de las clínicas abortistas.
- El ataque personal como norma. No es propio de un gobierno democrático que utilice la descalificación sistemática de la oposición como respuesta y aún lo es menos que, encabezado por el propio presidente del gobierno, se dedique a intentar destruir a la persona de Feijóo porque va por delante en las encuestas , llegándole a calificar de triste, insolvente, incapaz, adjetivos que poco tienen que ver con la crítica política.
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