En plena crisis de estado, que ahora puede verse agravada en el mismo flanco sensible por la necesidad de excarcelar a numerosos presos de ETA por imperativo de la justicia europea, Sánchez, como antes Rodríguez Zapatero, acude al tipo de ley que más polariza, en esta ocasión un nuevo texto sobre el aborto.
De la misma manera que Ada Colau levanta la bandera contra los hombres para cerrar sus filas y sacarlas del desencanto, el PSOE ha considerado siempre que el aborto es un gran instrumento para compactar a sus votantes, aunque en esta ocasión la iniciativa corresponda a la ministra Montero de UP. Hacía tiempo que esta ley quería ser impulsada, pero todo se ha precipitado y ahora ya está sobre la mesa del Consejo de Ministros, aunque todavía hay numerosos puntos de discrepancia entre los dos partidos de la coalición.
La crisis del CNI, que como problema electoral está lejos de haberse cerrado, multiplica la imagen bien asentada de Sánchez como un oportunista del poder, que hace y dice lo que haga falta para mantenerse.
La nueva ley, de la que no se sabe si sustituirá totalmente a la actual o sólo algunos artículos, presenta algunas características singulares sobre la situación actual que ya es muy favorable al aborto. No es del todo una novedad que las menores puedan abortar a partir de los 16 años sin permiso de sus padres, pero la nueva norma lo hará aún más fácil. ¿Qué calificación debe merecer el hecho de que una persona que no tiene edad para votar, sí que tenga la madurez suficiente para decidir sobre la vida del recién nacido?
Otra característica, que la convierte en una norma insólita en el contexto occidental, es que suprime totalmente el período de reflexión que en todos los países oscila en unos plazos de entre los tres días y la semana. Parece lógico que ante tan extrema decisión, la persona reciba información y madure una decisión que la marcará de por vida. Este hecho es aún más importante si se añade al aborto de menores. Lo que se hace es deliberadamente abrir la puerta al impulso del momento. No es un buen camino.
Tal y como había anunciado la ministra de Igualdad, la ley intentará evitar la objeción de conciencia mediante el recurso del registro de objetores, como ya han hecho con la eutanasia. De este modo, la sanidad pública obliga a los médicos que trabajan en ella para identificar su posición. Es perfectamente discutible porque el reparo no tiene por qué ser general, puede producirse ante un supuesto y no ante otro y porque es lógico que en todo caso el registro fuera de médicos que voluntariamente están dispuestos a esta práctica.
Otro elemento nuevo de la ley es que se quiere que los abortos se produzcan en los hospitales públicos, que ahora sólo llevan a cabo el 15% de los casos, mientras que el resto se realizan en clínicas privadas, que se han convertido en todo uno sector de negocio, porque 100.000 abortos al año dan para mucho.
Parece muy improbable que este hecho se produzca, entre otras razones porque las clínicas abortistas constituyen desde hace años un lobby de poder estrechamente vinculado al PSOE y si la ley triunfara en este punto, estarían la inmensa mayoría de ellas abocadas al cierre. Naturalmente, esto determina un aumento de la gestión hospitalaria y de los costes subsiguientes que siempre son superiores a los de la clínica privada, que opera por la línea del menor coste y máximo beneficio, norma que no rige en la sanidad pública. Para garantizar que todos los hospitales ofrecen este servicio, se reforzará la Alta Inspección.
Lo que tampoco queda claro es en qué plazos el sistema sanitario público va a llevar a cabo los abortos. En todo caso es prácticamente seguro que la ley incorporará una cláusula que facilite que el negocio de las clínicas privadas no se altere sustancialmente, y lo hará permitiendo que se deriven los casos desde los hospitales a estas instancias privadas. La nueva ley tiene como una de las finalidades derogar aquellos artículos de la actual norma vigente que están recurridos en el Constitucional para desactivar el recurso que les amenaza. Sería una forma de volver a empezar el proceso: nueva ley, nuevo recurso en el TC, nuevo tiempo de espera para que se resuelva, etc. No hay más que recordar que la actual impugnación lleva 12 años de retraso y ha sido denunciado por este motivo el asunto a la justicia europea.
Se acerca mucho a un suicidio colectivo el hecho de que el país de Europa que presenta unos más bajos niveles de natalidad, que ve así comprometido su futuro, que no tiene ninguna política familiar ni de ayuda a la natalidad digna de este nombre, se afanase por facilitar más y más el aborto que se sabe como mínimo desde los años 90 y los estudios de Margarita Delgado del CSIC que tiene una estrecha vinculación con el bajón de nacimientos.
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