El foco de atención esta semana estará centrado en el Congreso y el “caso Pegasus” porque se multiplicarán las intervenciones en el Congreso forzadas por toda la oposición y a las que no es ajena UP que forma parte del gobierno. Detengámonos un momento en esta anomalía, que es insólita en Europa. Una coalición gubernamental en la que uno de los dos socios actúa a la vez también como partido de la oposición. Por mucho que se diga que se ganan las votaciones en el Congreso, es evidente que un gobierno de este tipo no funciona bien, entre otras cosas porque atenta contra su característica esencial: que sus decisiones son colegiadas y, por tanto, todos son corresponsables de ellas. En la práctica, España tiene dos gobiernos, uno mayor y otro pequeñito, pero dos unidos únicamente por la silla, la moqueta y el presupuesto. Es lógico que los resultados sean perfectamente descriptibles.
Lo que empezó siendo una denuncia muy bien estudiada por parte del independentismo ha acabado convirtiéndose en un monumental lío para España con un coste extraordinario. Coste en primer término en un ámbito tan delicado como el de los servicios de información que tiene una proyección táctica e internacional terriblemente negativa. Pero coste también para la credibilidad de España y su gobierno, dado que resulta insólito que desde sus instancias se reconozca que ha sido espiado y haga un año de estos hechos, dé a entender que no se ha enterado hasta ahora y que los responsables de la Inteligencia, el CNI, han sido incapaces de alertarle. Para un país que albergará la conferencia de la OTAN en junio, el prólogo no puede ser más nefasto.
Sánchez debería aprovechar la comparecencia parlamentaria para esclarecer unos puntos muy oscuros de toda esta cuestión. Uno de ellos es desde cuándo conocía que había sido espiado y, relacionado con éste, por qué la secretaría general de Presidencia, que antes desarrollaba el actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no envió periódicamente al Centro Criptológico Nacional ( CCN), adscrito al CNI, su móvil para las revisiones periódicas.
Es un interrogante que hay que aclarar: ¿por qué Sánchez se ha negado a que le revisaran el teléfono de forma regular? No responder a esta cuestión da lugar a que siga creciendo la bola de nieve sobre lo que guardaba en su móvil que ahora está en manos desconocidas, lo que tiene una derivada importante que es la de abrir otro espacio de duda que relaciona este robo y los contenidos obtenidos con el radical cambio de política de Sánchez hacia Marruecos, que le hizo pasar por encima de toda la opinión del Congreso de los Diputados, incluidos evidentemente sus socios de gobierno y legislatura.
También hay que aclarar el por qué no se ha renovado la Directiva de Inteligencia del CNI que todavía depende de la aprobada en 2019. En contra de lo que algunas voces interesadas desde el PSOE y filtraciones de la Moncloa quiere hacer creer, el CNI no investiga lo que quiere y cuando quiere, sino que está sujeto no sólo a una autorización judicial para determinadas cuestiones, como las escuchas telefónicas, sino que debe limitarse a indagar lo que señala la Directiva de Inteligencia. Y la del 2019 explicitaba claramente que debía seguirse la actividad de los grupos independentistas, entre otras cosas para intentar aclarar una de las preocupaciones de ese momento que era un buen conocimiento del Tsunami Democrático.
Pero es que además junto con la Directiva de Inteligencia, existe la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que es el órgano que vela por definir la concreción de la Directiva de Inteligencia y realizar un seguimiento de lo que se está llevando a cabo. El gobierno debe explicar por qué la Comisión no funciona, porque de este modo lo que ha hecho en la práctica es dejar de supervisar la actividad del CNI. Por otra parte, los trabajos que realiza este centro tienen como destinatario al gobierno, concretado a la ministra de Defensa y al presidente del gobierno. Éste recibe información regular que es fruto de las investigaciones del CNI y si bien estos reportes no señalan cómo se obtiene la información, Sánchez sabía por la información que le transmitían que se estaban indagando de manera continuada todos estos años el ámbito independentista, incluyendo obviamente a Puigdemont y Aragonés, entre otras muchas personas.
Ahora se trata de salir del paso y tal y como avanzó Converses, cortando la cabeza a Paz Esteban, la directora. Pero es evidente que este hecho tendrá un coste político muy alto para la defensa enconada que ha hecho Margarita Robles de ella y también porque los miembros del CNI se sienten injustamente tratados y utilizados como chivo expiatorio de los errores y omisiones de Sánchez.
Por otra parte, cuando se produzca su cese, que todo el mundo da por supuesto, es necesario pensar quién puede ser el sustituto. Y es muy improbable que haya acuerdo porque Margarita Robles querrá situar, como es lógico, a una persona de su confianza y UP hará lo imposible para bloquear esta cuestión. El resultado será que, como ya ocurrió con Paz Esteban cuando dimitió su antecesor, el general Sanz Roldán, acceda al cargo provisionalmente el número dos que es un militar, el coronel de infantería Arturo Relanzón Sánchez-Gabriel, que forma parte de los servicios de inteligencia desde 1989. Por tanto, de rebote en rebote, lo que habrá conseguido Sánchez es descabalgar a un civil y además la primera mujer con esta responsabilidad y volver a poner delante del CNI, como en sus mejores tiempos, a un oficial del ejército.
