El gobierno de la Generalitat sigue estrechando y sometiendo a un círculo asfixiante a todo lo que tenga que ver con la escuela y el hecho religioso católico.
Comenzó con una medida de dudosa constitucionalidad, que fue negar el concierto a las escuelas que practican la educación diferenciada, que son básicamente católicas, aunque este método educativo sea aplicado en muchos otros países por centros que nada tienen que ver con esta opción confesional.
Ahora se ha producido una segunda medida consistente en reducir el horario de cultura religiosa confesional, lo que se llama en términos coloquiales “clase de religión”, que ya es escaso, en un 33%. De esta forma se avanza aún más en el proceso de hacer desaparecer esta asignatura de la escuela pública. Antes de esto, la inspección de la Generalitat ha tolerado que muchos centros introdujeran criterios discriminatorios poniendo dificultades o sencillamente haciendo desaparecer una asignatura que es de oferta obligatoria y de inscripción voluntaria.
Pero todavía se ha producido un tercer paso que es un juego de manos que consiste en que las personas pueden marcar, como es obligación, en las matriculaciones de sus hijos la opción para la religión «católica», «evangélica» , «islámica», «judía» o bien «no la solicita», pero cuando se ha hecho esta inscripción, en el resguardo de la matrícula, que es lo que acredita el hecho, desaparece del documento al que tienen acceso las familias. Por tanto, de esta manera no hay forma de acreditar, ante una escuela, que se ha pedido la clase de religión.
Si antes cuando el proceso se agasajaba sin trampas ya había escuelas que hacían juegos de manos para discriminar esta asignatura, ahora con este nuevo procedimiento adoptado por el departamento y del que debe dar explicaciones, esta actitud es aún más fácil, porque sencillamente el centro puede alegar que no le constaba esta petición y la familia no tendrá nada en sus manos para mostrar lo contrario.
El sindicato CSIF-PREC ha pedido la intervención del Síndic de Greuges, que sigue siendo Rafel Ribó y que, por tanto, ya se pueden olvidar de cualquier intervención y de la otra inspección educativa, que en último término depende del gobierno Sánchez y, por tanto, pocas garantías ofrece de que actúe para superar esta anomalía. En realidad sólo queda el recurso a la justicia, puesto que el procedimiento adoptado por la Generalitat vulnera las garantías al derecho a la educación y en consecuencia puede ser objeto de recurso contencioso administrativo, pero mientras éste se produce y se resuelve, pasará mucho tiempo y mientras tanto la clase de religión católica será empujada fuera de la escuela.
Pero como ERC es ERC, Aragonès es Aragonès y JxCat gobierna poco, simultáneamente, la Generalitat estimula las clases de religión islámica, aunque en este momento sólo incorpora a 337 alumnos, y amplía la oferta de ahora a 30 centros.
Existe, por tanto, una sensibilidad asimétrica por parte del gobierno de la Generalitat que ve con buenos ojos el Islam y adopta una perspectiva de cancelación de la cultura religiosa católica en la escuela.
Cargando ...
