Muy pronto el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) puede ser el único lugar de toda España donde los vehículos con etiqueta amarilla tengan prohibido circular. Este hecho afectaría a todos los coches de gasolina matriculados entre 2001 y 2005, y lo que aún es más grave, a todos los diésel de 2005 hasta 2014 es decir, coches que en una proporción notable están en buen estado para circular.
La razón es la lucha contra la contaminación. Esta prohibición afectaría al menos a un tercio de los vehículos que actualmente hay en el AMB. El problema es que, además, la restricción llega en un contexto de crisis económica de elevada inflación y de dificultades de las empresas automovilísticas para producir suficientes vehículos, debido a que todavía no están bien resueltas las dificultades de determinados abastecimientos, como es el caso de los chips, entre otros. El castigo económico que supondrá esta medida para una mayoría muy importante de la población es extraordinario, y éste es el único interrogante que puede hacer bailar una decisión que, en el ámbito metropolitano de Barcelona, ya está tomada.
Por otra parte, la confusión que se generaría sería extraordinaria, porque la prohibición de circular a los vehículos con etiqueta amarilla afectaría no sólo a los coches residentes en la zona, sino a la imposibilidad de acceder desde otros puntos de Cataluña y España al territorio metropolitano, que concentra la mayor parte de población y actividad económica del país. No sólo eso, sino que ¿qué pasaría con los desplazamientos que atraviesan el AMB? Un vehículo que se desplazara de Barcelona a Tarragona con etiqueta amarilla, ¿sería sancionado si atravesara el territorio del AMB? Todo ello es un desbarajuste que da una idea bastante exacta de la desvinculación de la realidad de la gente que nos gobierna.
Para liarlo más todavía, en esta ocasión Colau, que es la abanderada de la liquidación del vehículo privado, no quiere seguir el ritmo metropolitano. La razón no es que se haya olvidado de su manía contra los coches, sino que sencillamente la medida coincidiría con el periodo electoral y podría destruir toda expectativa por su parte de revalidar el cargo, que ya lo tiene bastante difícil. Colau no quiere asumir que un tercio de los vehículos de Barcelona vean prohibido acceder a la vía pública. En cualquier caso, esta es una pieza que quisiera calzar pasada la fecha electoral.
Pero, ¿qué pasaría entonces? ¿Los coches con el distintivo amarillo podrían circular por la capital, pero serían sancionados si se trasladaran a L’Hospitalet, a Santa Coloma o a Sant Cugat?
Son los disparates de nuestra política.
