Un conjunto de escándalos conmueven a las más altas instituciones catalanas y ponen de relieve nuestra debilidad institucional. La coalición que nos gobierna, más que construir una Cataluña fuerte, está degradando la Generalitat; Parlamento, gobierno y las entidades que de éstas dependen.
En pocos días se han producido una serie de escándalos que apuntan todos en la misma dirección: la de utilizar las instituciones en beneficio de varios. Es lo que ha pasado con el escándalo de los sueldos y primas a personal prejubilado, que cobraban por encima de su nivel salarial precisamente por no trabajar y al mismo tiempo mantenían la titularidad de su plaza, lo que obligaba a crear otras nuevas o a hacer contrataciones temporales. Se diga lo que se diga, ninguna de las mesas del Parlamento desde que este hecho se inició en el período de la presidencia de Ernest Benach, está afectado por este asunto. Por acción o por omisión, pero ambas causas señalan responsabilidades. Por tanto, están afectados la institución más importante de Cataluña y la mayoría de partidos políticos que, en el transcurso de estos años han tenido representación en la mesa.
La ignorancia, al igual que no justifica cometer un delito, tampoco justifica contribuir a irresponsabilidades de este tipo. El hecho todavía resulta más grave cuando los tres miembros de la comisión del Parlamento para que se cumpla la ley de transparencia de la cámara, han dimitido. Bayona, uno de los tres dimisionarios y letrado, lo ha hecho porque considera «que no ha podido hacerlo como hubiera querido», porque ha habido un proceso sistemático de ocultación de datos por parte del propio Parlamento que, en ningún caso la mesa que el gobierna ha querido no ha sabido resolver.
Existe un segundo hecho personal pero sintomático. Todo lo que ha sido mirar hacia otro lado con el tema de los privilegios económicos fue cacería de brujas contra el diputado Eduard Pujol, que fue obligado a dimitir porque hubo denuncias nunca formuladas ante justicia de dos mujeres que dijeron que las había acosado. Su declaración de inocencia, y, por tanto, la presunción, no sirvieron de nada. Como tampoco sirvió que estas mujeres nunca sustanciaran ante la justicia su acusación.
El resultado es muy peligroso para una democracia, no es una anécdota. Porque se trata de un diputado electo que en teoría sólo responde ante sus electores y en su caso ante una sentencia que invalide su representación. Si esto no se produce, esta persona es intocable, no tanto por sí misma, sino porque representa la expresión de la voluntad de los ciudadanos. Pero todas estas consideraciones formales y de principio no sirvieron de nada y sus propios compañeros le defenestraron. Posteriormente, todo ha ido quedando en nada. Se ha visto que no hubo tal acoso, y no sólo eso, sino que ahora una de las dos mujeres está inculpada por el juez por haber sido ella quien presionó y persiguió a Pujol, porque veía en su condición de diputado un punto débil cuando realmente debería haber sido todo lo contrario.
¿Qué sociedad sana, qué instituciones democráticas fuertes queremos construir si es que los diputados son tan poco? Sin embargo, hay que reparar en el motivo de manga ancha ante las corruptelas administrativas, actitudes de venganza injustificables cuando se trata de una cuestión vinculada a las políticas de género.
Hay un tercer capítulo que señala esta preocupante debilidad institucional y hace referencia a los acuerdos alcanzados por primera vez en mucho tiempo para cubrir una serie de cargos importantes como la Sindicatura de Cuentas o la presidencia del Consejo del Audiovisual de Cataluña entre otros, que exigen para su cumplimiento mayorías calificadas. El acuerdo del gobierno con los socialistas ha permitido cubrirlas. Los acuerdos han sido celebrados como buen paso adelante en el sentido de recuperar la normalidad de las instituciones, porque es necesario advertir que estos, en buena parte, están viciados por la partitocracia.
Lo que ha habido no es un acuerdo para acoger a personas con consensos amplios, sino pura y simplemente una distribución de cargos entre partidos. Tú te quedas éste y yo ese otro, y todos contentos. Formalmente es un progreso, realmente es una profundización más de la partitocrática, de la política de cuotas que corrompe nuestro sistema político. Parece que sea imposible que nuestros partidos políticos se pongan de acuerdo para encontrar a personas de gran calidad, con independencia de criterio, que puedan obtener una amplia mayoría política. Aquí si la gente no va con el carnet en boca, si no disfruta de la protección de algún partido, las personas de calidad poco tienen que hacer, porque el sistema es incapaz de reconocer estos valores, que son precisamente los que fortalecen los países.
Y por si fuera poco todo esto, el Parlament ha vuelto a resbalar por enésima vez, y no salimos de la miseria moral, con las dietas por desplazamientos. A pesar de que este escándalo ha estallado en varias ocasiones, el hecho de que los diputados perciban dietas por desplazamiento que no deben justificar ni pagar impuestos, sigue sin resolverse. Y ahora, pocos días después del escándalo de los prejubilados de oro, ha aflorado que, a pesar de que la mayoría de tareas parlamentarias se realizan a distancia debido a la covid, todo el mundo sigue cobrando dietas de desplazamiento, y no son pequeñas. Las más modestas son para quienes viven en el Área Metropolitana de Barcelona. Una persona que tenga su domicilio en Sant Cugat, recibirá como dieta libre de impuestos más de 17.000 euros, que es lo que se presupone que le cuesta ir de su casa al Parlament y volver. Como si las extraordinarias retribuciones que perciben los diputados no fueran suficientes para asumir ese gasto.
¿A cuántos trabajadores de nuestro país, la empresa les subvenciona con dietas el hecho de tener que ir todos los días a trabajar? Muy pocos. En el debate político se plantea siempre la cuestión entre una élite que gana mucho dinero y la mayoría que gana poco, dejando de lado un mayor escándalo que crece día a día, que son los privilegios de los políticos y también de muchos funcionarios que tienen ingresos desmesuradamente altos en relación con las retribuciones de la sociedad civil y ventajas extraordinarias como las que acabamos de apuntar.
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