Que la primera Comunidad Autónoma de España receptora de turismo sea a la vez la más destacada por la gran afectación de la pandemia en pleno mes de julio, ya lo dice todo: tarde y mal, porque con 850 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, es decir 8,5 personas contagiadas por cada 1.000, una cifra que se aproxima al 1%, es realmente una magnitud de catástrofe sólo paliada porque sus consecuencias críticas sobre la salud quedan muy atenuadas por la vacuna. Pero esto no significa que sanitaria y económicamente el impacto no sea grande.
Ahora, tarde, el gobierno ha decidido que se cierren los locales a las 12:30 horas y lo hace 48 horas después de haber celebrado el gran acontecimiento del Cruïlla, un festival musical que ha reunido a 25.000 personas con la complacencia de las autoridades. Cerrar a las 00:30 sirve de muy poco porque el problema número uno son los masivos botellones que se han puesto de moda en Cataluña y que naturalmente no quedan afectados por esta medida.
La otra que se adopta, es también de un efecto muy limitado: no se podrán reunir más de 10 personas fuera o dentro de casa. Y ¿quien controla las reuniones familiares? Es absurdo.
Mientras el País Valenciano ya practica de nuevo el toque de queda entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana, Aragonès anuncia que encarga un estudio para ver si tiene que volver el confinamiento nocturno. Le tiemblan las piernas porque no hay ningún estudio, sino sencillamente que el gabinete jurídico central fundamente la medida, la envíe al juzgado e intentar que éste lo apruebe.
El nuevo gobierno de Cataluña ha chocado de entrada con la pared de la Covid y demuestra que no tiene decisión ante los poderes fácticos para velar por la salud de sus ciudadanos. Seguramente lo argumenta en nombre de la economía, pero es que el impacto económico negativo es grande y se multiplica con esta inacción política. Por un lado habiendo liquidado el mes de julio de la temporada turística y quedando en suspenso el mes de agosto, que ya está muy tocado. Esto significa cierres de empresas cuando pase la temporada y el descenso de un par de peldaños más en la crisis en la ciudad de Barcelona.
Por otra parte, existe un coste real y que no se contabiliza nunca, a pesar de que ahora ya conocemos su dimensión. Se trata del absentismo laboral causado por las secuelas de la pandemia y sus efectos colaterales. En 2020 según ADECCO Instituto, se perdieron 36.900 millones de euros, un impacto brutal sobre la productividad de las empresas. Pues bien, la agudización de la Covid en Cataluña tiene este tipo de consecuencias: personas que con síntomas más o menos leves no van a trabajar durante unos días o bien otros que se ven obligados a confinarse porque han entrado en contacto con un portador del SARS-CoV-2.
Josep Maria Argimon, que realmente está fracasando en su gestión, envía mensajes de responsabilización a la ciudadanía, pero el mejor mensaje para hacer responsable son medidas claras y contundentes para reducir la propagación. Y la verdad es que la dinámica funciona en sentido totalmente contrario. Con los CAPs desbordados ha prescindido del control de casos, de su seguimiento y por tanto de la efectividad de las cuarentenas, y esto lo perciben miles y miles de hogares cada día y genera una sensación entre el «sálvese quien pueda» y aquí no nos hacen caso. Todo lo contrario de la cultura social que las autoridades sanitarias deberían generar. Hay un claro déficit de concepción política de cómo afrontar esta nueva ola, repitiendo así de una manera incomprensible los errores de todas las anteriores.
A ello se le suma un elemento inquietante: ¿qué significa que los sanitarios que ya hace meses que fueron vacunados estén enfermando debido a los contagios o simplemente sean portadores aunque ellos no perciben ningún síntoma? Todos ellos fueron vacunados en enero, por lo tanto el recorrido en el tiempo es breve. Se dice también que la causa principal es que son contagiados por los hijos en su casa. De acuerdo, pero ¿la conclusión de todo ello cuál es? ¿Significa que los vacunados son transmisores de la enfermedad? Hay que dar información clara y concreta a la población, porque, si no, es imposible que ésta se comporte de manera responsable.
También es preocupante, lo dice sanidad, el número de personas que ingresan en el sistema hospitalario con pauta completa de vacunación: de los 115 últimos ingresados, 15 habían sido vacunados con dos dosis. Esto es bastante más del 10% y apunta otro potencial, que no seguro, factor crítico. Si el 10% de los vacunados tienen necesidad, si contraen la enfermedad, de ingresar en el hospital, quiere decir que estamos lejos de haber superado los problemas. Si a este hecho se le añade que ahora necesitamos llegar al 100% de la población vacunada con pauta completa para alcanzar la inmunidad de grupo, dada la mayor capacidad de transmisión de la variante delta, tenemos ante nosotros un panorama complejo y que no se resolverá, tal como nos dijo Sánchez, a finales de agosto cuando el 70% estuviera vacunado.
Y es que en la base del problema hay una vez más la irresponsabilidad del gobierno español y el vicio irrefrenable de Sánchez de querer salir a dar buenas noticias cuando no hay base suficiente para hacerlo. Ya pagamos las consecuencias con la segunda ola cuando el presidente del gobierno salió diciendo que habíamos superado el problema y que entrábamos en la «nueva normalidad» y que había que disfrutar de la vida. Loables propósitos que nos llevaron al desastre. Y ahora ha vuelto a suceder presentando la no obligatoriedad de las mascarillas en la calle con un tono y forma triunfalista, como si la Covid ya fuera un problema superado.
Por otra parte, no haber legislado una ley sanitaria para luchar contra la Covid crea el caos en las comunidades autónomas, que dependen de los criterios de la justicia para aplicar determinadas medidas. No existe un planteamiento homogéneo para afrontar los niveles equivalentes de contagios y, en definitiva, no hay ningún tipo de gobernanza sobre una enfermedad tan grave. Por qué el Gobierno no ha querido hacer una ley de este tipo, cuando él mismo reconocía la necesidad en octubre del año pasado, es uno de esos hechos incomprensibles, que en último término señalan que España y Cataluña tropiezan una y otra vez con la misma piedra sin que se produzca ningún tipo de aprendizaje.
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