Papeles de economía española es una acreditada publicación de muchos años de historia que destaca por rigor y capacidad en el análisis económico. El número 168, la actual, ha generado un impacto mediático importante por dos razones. La primera, porque hace un diagnóstico demoledor de las carencias y deficiencias de las instituciones españolas, que ponen en riesgo el buen uso de los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La otra cuestión es que el patronato de esta fundación está presidido por Isidre Fainé. Esto no significa obviamente que él tenga que estar de acuerdo en todo detalle con todo el texto publicado, pero sí es una alerta de que el gobierno Sánchez haría bien en escuchar.
El análisis constata que la experiencia acumulada de la administración española demuestra que le falta preparación para gestionar adecuadamente los fondos europeos. Es, concretamente, según dicho estudio, el 5º peor de la Unión Europea y el problema radica en que es el 2º país, después de Italia, que moverá un volumen más grande de dinero, 140.000 millones de euros, en unos plazos acotados en el tiempo.
Presenta importantes déficits institucionales en el sistema judicial, en la calidad regulatoria y en las inercias burocráticas. Hay un exceso de regulación que a la vez es defectuoso y prolija. Una fragmentación del mercado entre territorios, importantes cargas burocráticas y la ineficacia y falta de independencia del sistema judicial. Todo ello genera importantes costes de transacción y dilata en el tiempo las ejecuciones de los proyectos. Hay una referencia de paso a lo que ha sucedido en 2020, pero el informe no se está de decir que a lo largo de aquel año «las administraciones mostraron sus grandes limitaciones para trabajar bajo presión y en situaciones nuevas». Hay que alertar que el manejo de los nuevos fondos Next Generation por su magnitud, complejidad y plazos, junto con la necesidad de llevar a cabo grandes reformas en el ámbito de la Seguridad Social, la situación laboral y la educación, conllevará trabajar bajo presión y, en una situación absolutamente nueva, la de ejecutar un plan para el que no hay plan establecido.
También señala en el ámbito institucional que la estructura del poder territorial es confusa y que hay una inestabilidad permanente del marco competencial. Traducido en lenguaje de cada día, el ciudadano sufre y ha sufrido las consecuencias de este problema con la confusión imperante sobre las normas que regulan la lucha contra la Covid-19, con contradicciones continuas, cambios improvisados que no han hecho más que generar confusión. Es un ejemplo concreto de cómo el mal funcionamiento institucional se traduce en graves desventajas para el funcionamiento de la sociedad.
También señala la pobre articulación de las reglas fiscales y una mala concepción del sistema presupuestario y de financiación en el ámbito territorial. Así como, en otro orden, la excesiva judicialización para resolver controversias en los ámbitos competenciales.
La justicia es uno de los problemas crónicos, que tiene un elevado coste económico. Presenta problemas de lentitud y congestión y falta de eficacia. En 2019 por cada caso resuelto por el sistema judicial hubieron 2,4 que no fueron resueltos. Es el peor resultado desde 2008 cuando se alcanzaban los 2,2 casos no resueltos. En 2019 se necesitaban 285 días para resolver un proceso contencioso y 261 para la media de casos. También afecta este mal funcionamiento al mercado inmobiliario, impidiendo una mejor asignación de la disponibilidad de los recursos.
Uno de los mayores déficits institucionales de España, señala el estudio, es el insuficiente rendimiento de cuentas. La falta de mecanismos de transparencia por parte de la administración y de evaluaciones independientes. El caso más espectacular está en la falta de un diagnóstico de la actuación pública a lo largo del 2020 contra la Covid-19. La mesa del Congreso, con mayoría gubernamental, ha impedido que esta cuestión prospere y, por tanto, no se haya producido una exigencia de rendimiento de cuentas al gobierno. Es evidente que los partidos políticos cuando obtienen mayoría secuestran el funcionamiento de las instituciones en beneficio propio y este hecho, que ha sido habitual, ahora es clamoroso en el funcionamiento de la mesa del Congreso de diputados. Naturalmente, sin transparencia ni evaluaciones, ni rendimiento de cuentas la mejora es imposible.
El trabajo que estamos comentando constata que la mejora de la calidad institucional proporcionaría un aumento del PIB, que puede oscilar entre el 11 y el 30%, y que significaría en una perspectiva a largo plazo un incremento anual del PIB del 1,2%. Es decir, una mejora del 20% en 15 años. Esta cifra ya da una visión clara del daño que ocasiona la situación institucional española. Finalmente, el trabajo señala el exceso de cargas administrativas que constituyen un lastre para las empresas. De hecho ocupa el último lugar, sólo superado por Grecia.
Después de esta radiografía es evidente que la desconfianza que hay sobre el gobiernos y las administraciones públicas no puede hacer nada más que aumentar.
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