La vivienda constituye una necesidad humana de primer orden. Forma parte del conjunto de bienes que resultan imprescindibles para que la vida de las personas pueda desarrollarse con la dignidad necesaria. En definitiva, se trata de disponer de algo tan básico como es un hogar. La Constitución así lo reconoce en su artículo 47, que establece “el derecho a la vivienda” en estos términos: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general”.
Todo esto es tan evidente no hay ningún discurso político que discrepe de las afirmaciones que acabamos de formular. A pesar de ello España es uno de los países de Europa que menos recursos públicos dedica a construir viviendas que estén al alcance del conjunto de la población, viviendas sociales, tanto si son de propiedad como de alquiler. Y no será por falta de agentes públicos: en primer lugar el Gobierno del Estado, los gobiernos autonómicos, los grandes ayuntamientos, incluso las diputaciones y otras instancias locales fruto de la mancomunidad. Pero todo esto ha servido de muy poco a la vista de los resultados.
Unidas Podemos y sus confluencias locales hicieron de esta cuestión una gran bandera. Es el caso, elevado a ejemplo paradigmático, de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ganó su notoriedad precisamente en la lucha contra los desahucios. Pero su resultado práctico nada tiene que ver con el imperativo que exhibió en otros tiempos. Después de 6 años en el Ayuntamiento, que no son precisamente 4 días, su rendimiento de cuentas es muy pobre y sigue basado en lo que llegará a hacer y no en lo que ha hecho. Todo ello a pesar de contar con recursos, dado que el Ayuntamiento de Barcelona poseía unas finanzas saneadas hasta su llegada, y instrumentos no solo de ámbito local, sino también metropolitano, para actuar.
Y qué decir de la Generalitat de Cataluña, su balance todavía es más pobre. Y esto se produce en una autonomía donde la izquierda es ampliamente hegemónica, tanto que electoralmente el centro y la derecha son residuales. Pero el problema de la vivienda no está entre sus prioridades. Esta situaciónno es una exclusiva de Cataluña, pero si es uno de lugares donde los ciudadanos pagan más cara la contrapartida: las okupaciones.
El papel del Gobierno progresista de España es en este ámbito lamentable. No ha hecho absolutamente nada en esta materia para incentivar el desarrollo de la vivienda en comunidades autónomas y municipios, y ello a pesar de disponer de la SAREB, La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el llamado” banco malo”, que concentra gran parte del patrimonio inmobiliario de las cajas de ahorros que quebraron, y que lo convierte en uno de los principales tenedores inmobiliarios de España. Pierde dinero público a espuertas, pero el Gobierno nunca lo ha tocado a fondo para contribuir a la respuesta de la falta de viviendas. Puestos a perder dinero que al menos tenga una rentabilidad social.
Este grave déficit social ha dado lugar a un conflicto y abuso social: la ocupación de viviendas como actividad sistemática, que tiene su causa principal en aquella carencia, pero en la que inciden más factores decisivos. Uno es la inepcia de los administraciones públicas, otro la deficiencia de la justicia en un doble plano, el de la legislación aplicable y el de la diligencia en tramitar los casos de ocupación que se producen. Pero es el tercero de todos ellos, en un determinado sentido, el más grave, porque constituye un abuso de los propios gobernantes hacia los gobernados. Se trata de la actitud de parte de las administraciones públicas, empezando por el propio gobierno Sánchez, y muy evidente en el caso de Cataluña, y todavía más en el de Barcelona, actuando como cómplices o colaboradores necesarios por acción u omisión de las okupaciones.
El resultado final es que se han generalizado organizaciones, entre la delincuencia y la ideología, que ocupan pisos habitados, con el consiguiente trauma para los afectados, a los que después chantajean solicitando dinero para abandonar aquel hogar. En otros casos, viviendas momentáneamente vacías los okupas profesionales las alquilan después a otras personas, ejerciendo unos derechos que no tienen. Este problema de la okupación en el área central de la ciudad Barcelona ha dado pie a un maligna combinación con el consumo y tráfico de drogas
Pero ¿por qué sucede esto? la respuesta es muy evidente: porque estas administraciones públicas, cuyos actuales responsables utilizaron la vivienda como bandera, lo que hacen ahora es resolver un problema público de falta de vivienda que ellos no saben abordar ni encauzar, a base de traspasar su coste a los ciudadanos, a la propiedad privada. Pero no la de los grandes grupos, que no parecen tener una especial queja, sino la de las personas que ven ocupada su residencia, su segunda vivienda o el piso vacío que tenían para alquilar; es decir, personas como la inmensa mayoría de nosotros. Este progresismo de cartón piedra descarga una vez más, sobre los ciudadanos y sus familias, su incapacidad para resolver problemas sociales reales.
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