ERC está adentrándose cada vez más en la confusión de las dos banderas que intenta simultanear. La del independentismo en Cataluña y la de formar parte, en palabras de Iglesias, del «bloque por la gobernación del estado» en Madrid.
Es en esta segunda vertiente donde hay que situar la iniciativa de pactar una comisión que tiene como finalidad evitar el pretendido «dumping» fiscal de Madrid. Es evidente que esto no existe, porque todas las autonomías tienen las mismas competencias fiscales, excepto el País Vasco y Navarra. Lo que hace Madrid es utilizar su capacidad de autogobierno y optar por reducir impuestos. Es, además, ésta una línea sostenida en el tiempo porque comenzó en 2004, un hecho, el de la continuidad, que desgraciadamente en Cataluña no abunda en la última década. El hecho de que la plaza Sant Jaume haya optado por la vía contraria a la de Madrid, la de una alta presión fiscal, no significa otra cosa que han creído que esta era la mejor vía. Ahora resulta que Madrid obtiene buenos resultados y Cataluña no, pero es una ingenuidad considerable pensar que la diferencia tiene como causa sólo las diferencias fiscales que caso por caso tampoco representan unos dividendos extraordinarios. Lo que sucede es que Madrid ha jugado a fondo las cartas de su capitalidad y Barcelona no. Cada vez se ha cerrado más en sí misma, como lo constata el actual gobierno de Ada Colau. Este hecho se ha acentuado en los últimos años al gobernar desde una vía independentista combinada con el gobierno de los Comunes en la capital. El resultado de todo ello ha sido muy negativo para la actividad económica, y lo sigue siendo en plena crisis. ERC al querer restringir la capacidad de autogobernarse actúa en sentido opuesto a la CDC de Pujol, que se esforzaba por un «que nos dejen hacer».
No se entiende que en lugar de querer profundizar en el autogobierno, ERC adopte una iniciativa que al estatismo gubernamental, y le va de perlas, quiso intervenir sobre otra comunidad autónoma. Es tirarse piedras en el propio tejado y establece el precedente que en cualquier momento y por cualquier tema se puede girar contra Cataluña. En lugar de debilitar al estado, del que dice que se quiere separar, lo fortalece. En lugar de fortalecer el autogobierno de camino a la independencia, lo debilita. El precedente está creado y sólo se explica porque cada vez de forma más evidente ERC se comporta como el partido republicano español que fue con Companys.
Si ERC lo que quiere es actuar contra un «dumping» fiscal real, que no mire a una autonomía que juega en el mismo marco competencial que Cataluña, sino que se fije en el País Vasco y en las condiciones impresentables de la cuota que lo convierten en una excepción fiscal extraordinaria. El famoso déficit fiscal que sufre Cataluña, pero aún más Madrid y Valencia, se transforma en un beneficio fiscal mayor en el caso del País Vasco, porque recibe mucho más de lo que paga. Pero este escándalo por razones políticas nunca ha sido objeto de atención por parte de Cataluña, pero si ERC proyecta en primer plano la cuestión de Madrid es evidente que el tema vasco como gran contradicción, emerge con fuerza. En realidad lo que se podía esperar de un partido no ya independentista, sino simplemente partidario del autogobierno, era forzar el acuerdo no para polemizar con Madrid, sino para conseguir que de una vez por todas se establezca el nuevo sistema de financiación que lleva 4 años de retraso. Ahora era el momento de aprovechar la necesidad de los votos catalanes del gobierno Sánchez para forzar plazos para resolver de una vez por todas esta cuestión, que sí perjudica y mucho en Cataluña. Pero esto habría sido ir al fondo de las cosas y cuestionar el poder del estado, y ERC que ya se considera miembro de este poder, prefiere dejarlo estar y dedicarse a la polémica superficial con la comunidad de Madrid que, además, cuenta con el aliciente de estar gobernada por el PP.
Mientras que en Cataluña una persona que ingrese como salario bruto 20.000 euros al año, pagará 2.510, en Madrid sólo pagará 2.200 . Pero, atención señoras y señores, en Vizcaya, Guipúzcoa o Álava, aún pagará menos, 2.186. Y si miramos el impuesto por el patrimonio en un supuesto de valor de 800.000 euros, en Cataluña pagarán 769 y en Madrid 0. Exactamente lo mismo que en Vizcaya y Álava. Y que no se diga, en Guipúzcoa pagarán 200. Volvemos a decirlo, si se quiere mirar el «dumping» fiscal real, hay que mirar hacia el norte.
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