De una manera cada vez más descarada tanto el gobierno Sánchez y sus portavoces, Illa, Simón, como el gobierno sin ninguna duda de la Generalitat, van decantando el peso de la lucha contra la Covid-19 en la espalda de los ciudadanos. Lo hacen con continuas apelaciones verbales a su actuación, lo que no es criticable en principio, y lo hacen también adoptando medidas que crean dificultades económicas cuando no llevan a la pobreza a mucha gente. Estas medidas a veces resultan incomprensibles porque responden a patrones muy diferentes en función de la autonomía y no hay una explicación por parte de los poderes públicos que razonen las diferencias.
Hay que decir que esta pesada carga es en primer lugar consecuencia de la incapacidad de las administraciones para hacer bien su trabajo. Que no nos engañen con pretextos.
No basta con hacer test si los resultados de los mismos no son conocidos rápidamente, y no hay las medidas subsiguientes para hacer efectivo el control de los resultados. En este momento en Cataluña donde los PCR daban resultados al cabo de 48 horas, que no es un óptimo, se han alargado a 5, 8 o más días por colapso, sobre todo del laboratorio de la Vall d’Hebron. También en algunos CAPS han carecido de reactivos y no han podido hacer las pruebas (también en otro orden de cosas como el Eixample han faltado inexplicablemente vacunas contra la gripe). El plazo máximo anterior de 2 días ya era inadecuado, pero es que ahora es perfectamente inútil. El retraso significa que durante ese tiempo la persona presuntamente portadora continuará haciendo su vida habitual y si realmente está afectada irá contagiando a todo su entorno. Por lo tanto, hay aquí una quiebra muy grave y es a partir de esta incapacidad, que ahora pagamos las consecuencias.
Pero es que además deben existir los controles eficaces subsiguientes para que las personas realicen realmente la cuarentena. Y esto tampoco se ha conseguido. Ni existe la vigilancia necesaria ni las ayudas económicas para que las personas se vean con necesidad de saltarse su confinamiento personal, porque si lo llevan a cabo él y su familia, sencillamente no comen. También hay confusión en la comunicación a pesar de que el problema comenzó en marzo, no hay todavía una campaña ordenada, sistemática, regular que reitere una y otra qué hacer en cada caso, y que las medidas no salten de un aspecto a otro dando la impresión de una continua improvisación (el caso de las salas de fiesta y discotecas que primero se dijo que se abrían, después que no y finalmente se cerraron bares y restaurantes, es un ejemplo de desorden). Es el caso en el que se encuentran las personas que han estado en contacto con un infectado pero que han dado negativo en la prueba. Muchas de ellas ignoran que a pesar de este hecho, igualmente deben mantener su confinamiento personal durante 10 días, sencillamente porque el plazo con que se hace evidente el coronavirus puede producirse con posterioridad a la fecha de la prueba.
También hay una gran confusión con los protocolos y su comunicación. Esto es fruto de los continuos cambios y la falta de sistemática en la exposición. El resultado es que cada vez se cumplen peor las cuarentenas. Es decir, vamos atrás en lugar de adelante. Las organizaciones médicas se quejan de que el ministerio no recibe a los médicos y que no existe un marco jurídico común que deje claro qué hacer en cada caso. Es lo que reclama la Organización Médica Colegial que representa el conjunto de colegios de médicos. Es raro que a estas alturas ni el Ministerio ni el Departamento de Salud de la Generalitat hayan establecido una interlocución permanente con las organizaciones médicas, que tienen información de lo que está sucediendo realmente en la primera línea de batalla. La razón de este extraño proceder responde a una lógica bien negativa. De esta manera se evitan la recepción de demandas concretas de cómo abordar el problema.
Tampoco se adoptan las medidas necesarias para evitar el contagio en los transportes públicos, un vector subvalorado por la forma en que se hacen los rastreos, que sólo buscan personas. No se impulsan medidas técnicas que actúen de preventivo, aplicaciones de rayos ultravioleta, depuradores víricos de la atmósfera, estandarización de la aireación, homologación de mascarillas, etc. El listado es largo.
Y todavía queda un tercer factor que está contribuyendo a la destrucción de todo. Se trata de los grupos de irresponsables en el sector de los jóvenes y no tan jóvenes que movidos por un impulso irrefrenable de la fiesta son incapaces de cumplir con las prescripciones y se han convertido en transmisores activos de la pandemia. Hay en este caso un déficit de capital social grave que nos hace mucho daño y que explica en buena parte porque países como Corea, Taiwán y Japón, donde la población tiene mucho más asumida su responsabilidad social, tienen éxito en el control de la Covid-19.
Cabe añadir que también aquí las administraciones públicas tendrían mucho más camino a hacer si su acción contra estos contagiadores fuera mucho más enérgica y dura. Sancionar con 600 euros a una persona porque se salta el toque de queda por una razón no justificada y con la misma cifra a un grupo de gente que ha organizado y participa en una fiesta multitudinaria, resulta incomprensible que estos segundos están actuando de manera deliberada contra la salud pública y tienen por tanto una responsabilidad y son sujetos de una penalización mayor.
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