El estado de alerta está produciendo un efecto perverso y alarmante, un recorte fáctico de nuestros derechos civiles, sociales, económicos, políticos y religiosos, contemplados por la Constitución.
Hay abusos, excesos y déficits que no se pueden aceptar porque, como advertía el filósofo e historiador Israeli Yuval Noah Harari, las medidas de urgencia que ahora se aplican con motivo de la pandemia determinarán el futuro, y hay que tener cuidado sobre el peligro de las derivas autoritarias.
En nuestro caso, la presencia en el gobierno de Unidas Podemos, que tienen como autores de cabecera a inspiradores de la «democracia bolivariana» no inspira ningún tipo de tranquilidad.
El último escándalo, el apuntamiento en rueda de prensa del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil señalando el control que hacían de los mensajes críticos con el gobierno, es un ejemplo del problema. Los superficiales desmentidos no sacan la literalidad de las palabras que además estaban escritas, no eran una improvisación, y difícilmente podía ser un lapsus, como torpemente ha intentado justificar Grande Marlaska, Ministro de Interior, porque los lapsus no se llevan redactados.
En realidad hay un marco que genera la confusión y facilita el abuso, y que sólo el miedo a la pandemia no ha movido a más escándalo. Pero, con independencia de la psicología de masas, el hecho existe. Se trata de que el estado de alarma declarado no permite suspender temporalmente los derechos constitucionales, sino tan sólo regularlos. Sólo el estado de excepción lo hace posible. El confinamiento total y tan radical sería en este sentido de dudosa constitucionalidad.
A partir de aquí, los hechos se multiplican. Abundancia en el uso de los decretos ley para legislar, aprovechando la congelación del Congreso (después veremos que está congelado sólo para lo que les interesa), semanas sin control parlamentario, normas dictadas de dudosa constitucionalidad como la que afecta al despido y a los alquileres, preguntas censuradas en las ruedas de prensa, contratación masiva de servicios de empresas especializados en aplaudir al gobierno en las redes, excesos policiales impidiendo el culto en las iglesias, a pesar de que cumplían las condiciones de distanciamiento entre personas (y estar específicamente permitido por decreto del estado de alerta), una escandalosa encuesta del CIS, en la que se pregunta y celebra si se debe restringir toda información que no sea la oficial (y que vendría a enlazar con el lapsus de la Guardia Civil)… El listado es largo y alarmante.
A esta relación de hurtos de los derechos hay que añadir otro en su nivel máximo: la acción parlamentaria, lo que nos representa a todos.
Por tercera vez se inició en el Congreso el intento de legislar una ley orgánica, la de la eutanasia. En las dos anteriores la desdicha política lo impidió; parecía una ley maldita por las circunstancias. Ahora, con el nuevo gobierno lo han reiterado, pero de una manera original. No es el gobierno quien, como es habitual, presenta un proyecto de ley, sino que son sus partidos los que lo hacen en forma de propuesta. Esta es la vía habitual de la oposición, pero no la de los gobiernos.
¿Por qué, pues, ir por esta puerta trasera? Pues porque la tramitación obvia pasos muy importantes, y más tratándose de una ley que regula un hecho tan excepcional en Europa y en el mundo como es regular en qué condiciones el médico puede matar legalmente a su paciente, que es lo que en último término es la eutanasia. Tiene más dimensiones, pero la decisiva es esta, porque sin él no es posible.
La vía elegida obvia el importante informe del Consejo General del Poder Judicial y de la fiscalía. También obvia o reduce la información pública, la consulta de expertos, en definitiva, la participación y el debate amplio con luces y taquígrafos.
Podía hacer pensar que la suspensión de las actividades parlamentarias llevaría a detener la tramitación de la ley, como ha sucedido en otras cuestiones. Pues no, la mesa y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha continuado el impulso. Incluso hay prisa por parte del PSOE y sobre todo del partido de Pablo Iglesias para aprobarla. Tanto es así que, si la petición de varias entidades organizadas en torno a la plataforma Los 7000 no es atendida, se producirá un hecho al menos morboso. La única ley que se llevará a un pleno del Congreso será la que legisla cómo producir la muerte legalmente, a partir de la voluntad de la persona.
Cuando esto suceda ya habrán muerto 25 o 30 mil personas en España, el 87% de ellas mayores de 70 años, cifra que el 31 de diciembre será de un mínimo de 80 mil. Lo que el Congreso dirá a los ciudadanos es que la prioridad legislativa en este momento no es cómo proteger más y mejor a las personas y en especial a los más mayores, sino cómo ayudarles a morir. ¿Qué país, qué sociedad es aquella que obra así?
Si sin eutanasia se han producido miles de muertes debido a la selección por edad -El Mundo considera que unas 6000-, ¿qué no pasaría si hay una cierta cobertura legal y cuando te dan como alternativa un sufrimiento insoportable, o la muerte a manos del médico? Porque este es otro tema. España, de acuerdo con el atlas de cuidados paliativos de Europa, tiene un nivel subdesarrollado muy por detrás de países como Polonia, y más cerca de Georgia o Moldavia. Ofrecer una alternativa entre sufrimiento y muerte provocada no es una opción humana, civilizada. De aquí que la lógica demanda es la de suspender la tramitación hasta que esté aprobado un plan de cuidados paliativos y cese la mortalidad de la pandemia.
Si la ley se aprueba, después de lo que ha sucedido estas semanas pasadas, ¿qué persona de más de 70 años permanecerá tranquila en caso de una situación grave? Yo no, ciertamente. Al final nos convertirán en excedentes que estorbamos.
Hay un abuso legal con todo esto, una dictadura de la mayoría en temas tan decisivos como la vida.
No se trata de si una u otra medida nos parece bien. Se trata de que todas deben ajustarse a la ley y al espíritu del estado de derecho -lo que se reclama con razón al independentismo- y no es así.
La pandemia no puede abrir la puerta al autoritarismo en un sistema, además enfermo de partitocracia, ineficacia e ineficiencia de los liderazgos políticos y de los partidos.
Es necesaria la crítica respetuosa informada y firme. Pero no es suficiente si la sociedad civil no reacciona. El Covid-19 no desaparecerá de un día para otro y lo peor de la caída económica está por llegar. Sin exigencia y participación de la sociedad civil organizada no saldremos bien, muchas empresas salvables no sobrevivirán, porque el abuso de poder nunca conduce a la eficiencia. Nosotros tenemos la última palabra.
Si la ley se aprueba, después de lo que ha sucedido estas semanas pasadas, ¿qué persona de más de 70 años permanecerá tranquila en caso de una situación grave? Share on X
Josep Miró y Ardèvol: Lo más importante que he hecho en mi vida es casarme con Muntsa, tener hijos, Marc y Josep y, pero eso ya es una feliz derivada, una nieta, Anna. Lo más grande que me ha sucedido es haber dispuesto del don de la fe. A partir de ahí, todo lo demás son consecuencias o complementos.