Nuevos y continuados errores van conociéndose sobre la actuación del Gobierno Sánchez, lo que redunda en su descrédito.
Uno de ellos y espectacularmente grave es que España exportó test de coronavirus hasta el 15 de marzo, a pesar de la evolución de la enfermedad, el precedente de cómo iban las cosas en Italia, y la importancia de la detección que había mostrado el buen comportamiento del Véneto a diferencia de la Lombardía, al usarlos de buen principio, siguiendo los pasos de la exitosa Corea y como después hizo Alemania.
El gobierno español cometió la irresponsabilidad de no hacer acopio y continuar la exportación, hasta el extremo que ni los hospitales disponían de test suficientes. Después ha pasado a depender del mercado internacional a causas de las urgencias y necesidades masivas, a pesar de que España cuenta con empresas que fabrican kit de PCR para detectar el coronavirus desde finales del mes de enero. Se trata de una prueba mucho más fiable que los test rápidos que ahora se están adquiriendo.
¿Por qué el gobierno no almacenó, ni impulsó la producción propia durante todo el mes de febrero y parte de marzo? es un interrogante que el Congreso debería despejar, porque se trata de un error de graves consecuencias para la salud de los españoles.
¿Por qué el gobierno no almacenó, ni impulsó la producción propia durante todo el mes de febrero y parte de marzo? Clic para tuitearLa segunda gran cuestión que es necesario que el gobierno aclare, es por qué los primeros días de marzo, ministerios y demás departamentos públicos empezaron a recibir una circular con pautas para que sus trabajadores evitaran contagios, pero al mismo tiempo no existía esta recomendación para todos los ciudadanos. Tanto es así que el 8 de marzo el Gobierno aún no creyó conveniente desaconsejar la asistencia a manifestaciones feministas, o el multitudinario miting de Vox.
Las recomendaciones internas, pero no para la población, incluían:
- evitar el contacto directo con personas que pueden sufrir una infección aguda, intentando mantener una separación de 1-2 metros entre estas personas.
- evitar el desplazamiento a zonas de riesgo, salvo que sea ineludible, especialmente en los casos de trabajadores con patologías (cardíaca, pulmonar, inmunocomprometido, etc.), así como de embarazadas y cualquier otra que pudiera agravar su estado.
- Se recomienda evitar saludos con contacto físico.
- El Gobierno también adelantó en sus instrucciones a empleados para realizar en lo posible teletrabajo y reuniones telemáticas.
La cuestión es ¿por qué si se emiten estas instrucciones internas a principio de marzo, no se generalizaron entre la población para reducir los riesgos de contagio?
La tercera afecta a la policía y hace referencia a una alerta todavía más temprana: se refiere al informe del 24 de enero firmado por el cesado jefe del servicio de prevención de riesgos laborales del cuerpo, José Antonio Nieto González, en el que pedía a los agentes extremar las medidas de protección ante el hallazgo de una nueva enfermedad llamada «nuevo coronavirus». Ni la dirección de la Policía, ni el Gobierno hicieron nada. Ahora el país se encuentra en estado de alarma y casi 2.000 funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se están infectando.
Ante esta situación el sindicato Jupol ha decidido que va a acudir a los tribunales presentando una querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una vez finalice el confinamiento, al entender que el departamento que dirige uno de los altos cargos incluidos en el comité de gestión del coronavirus en la Moncloa actuó con «negligencia» en las semanas previas a que la enfermedad se extendiera por todo el país. El sindicato no descarta incluir a Pedro Sánchez.
Estos tres hechos muestran que el gobierno tenía conocimiento temprano de lo que podía suceder y no adoptó medidas necesarias, excepto en el caso de una parte restringida de sus propios funcionarios, los más cercanos a los ministros.
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